Presidente de la Magistratura
Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union,
Avenue Franklin Roosevelt No. 15,
1050 Bruxelles, Bélgica
Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:
Me preocupa profundamente que las miles de personas —entre ellas niños y niñas— detenidas en relación con las protestas nacionales que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 corran un grave riesgo de sufrir desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, muerte bajo custodia y encarcelamiento prolongado o ejecución arbitraria tras juicios manifiestamente injustos, por ejemplo ante los tribunales revolucionarios. Amnistía Internacional ha reunido pruebas de que, durante el arresto y la custodia, se ha sometido a personas detenidas a desaparición forzada, así como a tortura y otros malos tratos tales como palizas, violencia sexual, amenazas de ejecución sumaria y negación deliberada de comida, agua y atención médica adecuados. La constante bien documentada de tales crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos en oleadas de protestas nacionales anteriores suscita motivos de preocupación con respecto a que en esta ocasión pudieran estar cometiéndose de manera generalizada y sistemática.
Entre las personas sometidas a detención arbitraria en todo el país figuran manifestantes, personal sanitario que asistía a manifestantes con lesiones, profesionales de la abogacía, miembros de minorías étnicas y religiosas, periodistas y estudiantes de universidad. Corren el riesgo de ser declaradas culpables y condenadas a largas penas de prisión y a muerte sobre la base de “confesiones” forzadas obtenidas bajo tortura y otros malos tratos. Los medios de comunicación estatales han difundido vídeos de propaganda en los que se ve a manifestantes detenidos, incluidos niños y niñas, “confesando” forzosamente haber cometido diversos delitos durante las protestas, algunos de ellos punibles con la muerte, lo que suscita la grave preocupación de que las autoridades iraníes continúen la oleada de ejecuciones que iniciaron durante el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad de 2022. Las declaraciones públicas de las autoridades son alarmantes, tildando de “agitadores” y “terroristas” a los manifestantes e insistiendo en que se los “enjuicie y castigue con la mayor celeridad posible” y sin “clemencia”. Desde el 10 de enero, el fiscal general de Irán y los fiscales provinciales han calificado repetidamente a quienes protestan de mohareb (“persona acusada de hacer la guerra a Dios”), un delito punible con la muerte.
Lo insto a dejar en libertad de inmediato a todas las personas que permanecen detenidas por el solo hecho de ejercer sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica; a protegerlas frente a la tortura y otros malos tratos; a revelar el destino y el paradero de todas las personas sometidas a desaparición forzada, y a garantizarles el acceso a representación letrada, a familiares y a la atención médica que precisen. Además, le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.
Atentamente,
