La Cámara de Senadores tratará mañana a partir de las 09 horas, el proyecto de ley de expropiación de las tierras ancestrales a favor de la Comunidad Sawhoyamaxa. Estas horas son cruciales para esta comunidad que viene luchando por recuperar sus tierras ancestrales desde hace 23 años.
Activistas de Amnistía Internacional Paraguay, junto a integrantes de la comunidad, harán una vigilia frente al Congreso Nacional esperando la decisión.
La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay, Rosalía Vega, manifestó que “para la comunidad Sawhoyamaxa el derecho a sus tierras ancestrales es un elemento vital para su sentido de la identidad, de su sustento y de su forma de vida. Mañana es un día histórico ya que el Senado de la Nación, tiene la oportunidad para cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”.
Información adicional:
Sawhoyamaxa significa “del lugar donde se acabaron los cocos”. Los indígenas Sawhoyamaxa pertenecen al Pueblo Enxet Sur.
En 1991, la comunidad Sawhoyamaxa inició los trámites para lograr el reconocimiento legal de sus derechos a las 14.404 hectáreas que les corresponde como parte de sus tierras ancestrales que se encuentran en los lugares conocidos como Retiro Santa Elisa y Estancia Michi, en una zona del límite oriental de la región del Chaco.
Una vez agotados los recursos internos, la comunidad indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet acudió al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
En 2006, 15 años después de haber presentado la reclamación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras; a la vida; a la personalidad jurídica; a las garantías judiciales y a la protección judicial.
La sentencia notificada al Paraguay en mayo de 2006, establecía una reparación integral a los derechos violados de la comunidad y sus miembros. El principal punto resolutivo, el de la restitución territorial, contaba con un plazo de 3 años para ser ejecutado, momento en el que la comunidad indígena debía contar con tierras tituladas a su nombre y debía implementarse proyectos de desarrollo. Sin embargo, mayo de 2009, plazo límite, encontró a la comunidad en la misma situación de vulnerabilidad conocida por la Corte IDH años atrás.
