Comunicados de prensa
24 junio 2014
La decisión del Tribunal Supremo Popular de China de anular la condena de muerte impuesta a una mujer que fue declarada culpable de matar a su esposo tras soportar abusos intrafamiliares durante meses pone de relieve la acuciante necesidad de que las autoridades hagan más para prevenir la violencia contra las mujeres, ha dicho Amnistía Internacional.
Li Yan, de 43 años y originaria de la provincia de Sichuan (suroeste de China), fue condenada a muerte en agosto de 2011 por el asesinato de su esposo maltratador, Tan Yong, a finales de 2010. El hermano de Li Yan tuvo conocimiento de que el Tribunal Supremo había remitido su causa de nuevo al Tribunal Superior Popular de la Provincia de Sichuan para un nuevo juicio en mayo.
“Nunca se habría hecho justicia ejecutando a Li Yan. La decisión del Tribunal Supremo de anular su condena de muerte es significativa, y era lo correcto”, ha dicho William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China.
“El caso de Li ha puesto el foco en la necesidad de que las autoridades chinas hagan más para prevenir la violencia contra las mujeres. Tienen la obligación de investigar debidamente todas las denuncias de abusos semejantes y de procesar a los responsables. Si las autoridades hubieran protegido a Li, como es su obligación con arreglo al derecho internacional, esta trágica consecuencia podría haberse evitado.”
La violencia prolongada que Li sufrió a manos de su esposo comenzó al poco tiempo de que la pareja se casara a principios de 2009. Tan sometía a su esposa a frecuentes palizas y trato brutal. Le amputó un dedo, le apagó cigarrillos en la cara y, durante el gélido invierno de Sichuan la dejaba a la intemperie en el balcón de su apartamento durante horas y sin apenas ropa.
Está previsto que un grupo de expertos de la ONU examine más adelante en el año el historial de China en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. En el examen anterior, realizado en 2006, China fue criticada por la ausencia de una legislación integral de ámbito nacional que abordara la violencia contra las mujeres.
Li acudió en varias ocasiones a la policía y otras autoridades para solicitar protección, y necesitó tratamiento hospitalario tras sufrir una de las agresiones. La policía hizo fotografías de las lesiones de Li después de una de las palizas, pero no se tomaron medidas.
“En el nuevo juicio deberían tenerse plenamente en cuenta las pruebas de los abusos continuados que sufrió Li, que en el primer juicio se pasaron por alto. Esta vez el Tribunal no debe imponer la pena de muerte”, ha dicho William Nee.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del autor o el método de ejecución utilizado por el Estado.
