El sistema de justicia penal de Egipto ha vuelto a ser noticia tras acordar un tribunal la imposición del mayor número de condenas a muerte que se recuerda en la época moderna. Pero esto no ha sido obra de un juez “irresponsable”, como han apuntado algunos. Al contrario, estas sentencias sólo han sido el último de una serie de incidentes que señalan un sistema judicial que está cada día más fuera de control.
En el lapso de sólo unos meses, los tribunales se han aprestado a condenar a muerte a cientos de personas, han encarcelado a destacados activistas y a manifestantes, incluidas algunas jóvenes por protestar pacíficamente, y han enjuiciado a periodistas por el mero hecho de hacer su trabajo.
Los tribunales también han golpeado a la sociedad civil independiente. La semana pasada, una sentencia judicial prohibió de hecho el Movimiento Juvenil 6 de Abril, el grupo de activistas que encabezó las multitudinarias protestas que derrocaron el gobierno de Hosni Mubarak en enero de 2011. Y los grupos de derechos humanos de Egipto pueden ser los siguientes en la línea de fuego, cuando el recuerdo del juicio contra las ONG el año pasado está todavía fresco en la mente de muchos activistas.
Mientras tanto, los fiscales egipcios parecen haber abandonado toda apariencia de establecer responsabilidades penales individuales por abusos contra los derechos humanos. En cambio, castigan con dureza a toda persona remotamente sospechosa de apoyar al depuesto presidente Mohamed Morsi.
Miles de personas están ya en las cárceles, en su mayoría recluidas por una serie de acusaciones calcadas unas de otras, desde asesinato hasta “participar en una protesta no autorizada”, obstruir el tráfico y pertenecer al ahora prohibido movimiento de la Hermandad Musulmana.
El mensaje de los jueces es claro: No cuestionen a las autoridades.
Sin embargo, durante años, el poder judicial de Egipto ha sido una de las contadas instituciones dispuestas a hacer frente a las autoridades. Muchos hablan todavía de los jueces que se resistieron a los reiterados intentos del gobierno de Mubarak de menoscabar su independencia, y que cerraron los tribunales en diciembre de 2012 tras concederse Morsi por decreto poderes prácticamente ilimitados.
Es cierto que las autoridades sostienen que los tribunales siguen siendo independientes. Pero la dura realidad es que una sucesión de sentencias arbitrarias y una constante de justicia selectiva han enturbiado la reputación que tanto les costó conquistar.
Mientras tanto, incluso cuando estaban ocupados encerrando a opositores del gobierno, los jueces parecen haber hecho la vista gorda ante las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y han pasado por alto los ataques contra cristianos coptos y las agresiones sexuales sufridas por mujeres manifestantes. De hecho, los tribunales sólo han encarcelado a un reducido número de agentes de policía por cometer abusos, a pesar de que cientos de personas han muerto en las protestas, de la violencia política que no cesa y de los malos tratos que se infligen a las personas bajo custodia.
Al conceder carta blanca a las fuerzas de seguridad, el poder judicial ha allanado el camino para violaciones de derechos humanos en una escala sin precedentes. Cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron brutalmente el campamento de protesta de Rabaa al Adawiya el pasado mes de agosto, lo hicieron a sabiendas de que no tendrían que responder ante nadie.
La operación se desarrolló a plena luz del día, con cientos de muertos y sangre y fuego en las calles. Sin embargo, ocho meses después, ni un solo miembro de ls fuerzas de seguridad ha rendido cuentas como es debido por estos homicidios. Por el contrario, los jueces parecen decididos a terminar en los tribunales el trabajo que la policía comenzó en las calles: eliminar toda forma de disidencia, desde la Hermandad Musulmana y sus partidarios hasta los activistas laicos, de una vez por todas, sin importar cuál sea el costo para el debido proceso, los derechos humanos o su propia reputación. Una y otra vez, las familias de las personas que han perdido la vida en las protestas y en la violencia política nos han dicho que han perdido la esperanza de que llegue a hacerse para sus seres queridos.
Las personas que se enfrentan a juicios manifiestamente injustos son igualmente pesimistas.
“No hay ya justicia en este país -dijo un familiar a Amnistía Internacional en el exterior del tribunal-. No confiamos en nadie salvo en Dios.”
Estados Unidos y la Unión Europea se han apresurado a condenar los últimos acontecimientos, como tantas veces han hecho antes. Pero estas declaraciones se parecen cada vez más a lágrimas de cocodrilo. Las autoridades estadounidenses no pueden condenar los medios letales que se utilizan contra los manifestantes por un lado, al tiempo que se disponen a reanudar encantadas la ayuda militar parcial a las autoridades egipcias, según informes,
aprobando la entrega de helicópteros Apache.
Ha llegado el momento de poner fin a las señales ambiguas y a los dobles raseros. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han respaldado abiertamente la represión de la disidencia que llevan a cabo las autoridades. Y también ha llegado el momento de que el órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas tome la iniciativa. Si las autoridades de Egipto no son capaces de hacer valer la verdad y la justicia, el Consejo de Derechos Humanos debe explorar otros mecanismos para llevar a cabo la rendición de cuentas.
Pero, en última instancia, si Estados Unidos y Europa quieren seguir siendo relevantes, deben proponer una estrategia coherente para abordar la crisis de derechos humanos de Egipto y abandonar las propuestas fragmentarias e ineficaces que hemos conocido hasta ahora.
Más información:
Egipto: Juicios injustos y condenas de muerte que suponen una burla a la justicia (comunicado de prensa, 28 de abril de 2014)
