ARTÍCULO GLOBAL DE OPINIÓN
25 de marzo de 2014
Hace dos años, Abdullah al-Qahtani apareció en la televisión iraquí y “confesó” haber robado en una orfebrería de Bagdad y haber matado al propietario con el fin de recaudar fondos para Al Qaeda. Aunque luego se retractó de esa declaración, asegurando que la había realizado bajo tortura, lo declararon igualmente culpable y lo condenaron a muerte en un juicio cuyo parecido con un verdadero proceso judicial fue pura coincidencia. Hoy, encarcelado y con problemas de salud, espera que lo lleven a la horca en un centro a las afueras de Bagdad, donde cuatro de sus supuestos cómplices ya han sido ejecutados.
El caso de Abdullah es un síntoma de la inquietante tendencia que se vive en Irak, donde las autoridades siguen recurriendo a la pena de muerte en un intento por hacer frente a los crecientes niveles de violencia que padece todo el país. Se condena a centenares de personas aplicándoles una legislación contra el terrorismo muy imprecisa, y con frecuencia tras denunciarse torturas y juicios manifiestamente injustos. Como en el caso de Abdullah al-Qahtani, a los presuntos autores de delitos se los exhibe en televisión y se los obliga a “confesar” antes de comparecer ante una autoridad judicial, quedando en bufonada el derecho a un juicio con las debidas garantías.
Amnistía Internacional publica hoy su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo. Irak y su vecino Irán destacan por los motivos más desafortunados. El año pasado esos dos países se entregaron oficialmente a sendos festines de muerte: las ejecuciones en Irak se dispararon hasta 169, casi un tercio más que el año anterior. En Irán, las autoridades reconocieron oficialmente al menos 369, pero si a esas se suman los centenares más de ejecuciones de las que se han recibido informes fidedignos, algunas de ellas consumadas en secreto, la cifra total bien puede superar las 700… en un solo año.
Amnistía Internacional documentó durante 2013 en todo el mundo casi 100 ejecuciones más que en el año anterior, a causa principalmente de Irán e Irak. Estas cifras no incluyen a China, donde la organización cree que cada año se ejecuta a miles de personas, más que en el resto del mundo en su conjunto. En ese país, las autoridades tratan la pena capital como secreto de Estado, por lo que no es posible determinar cifras fidedignas.
Llevamos cuatro decenios trabajando para acabar con la pena de muerte, la forma de castigo más extrema, cruel e inhumana y la violación esencial del derecho humano a la vida. Con el paso de los años es cada vez mayor el número de Estados de todo el mundo que aceptan este hecho y, en la actualidad, solo uno de cada diez usa la pena de muerte.
En 2013 hay que lamentar la reanudación de las ejecuciones en cuatro países: Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam. Frente a ese dato, constatamos que otros tres países que en 2012 habían llevado a cabo ejecuciones, en 2013 no llevaron a cabo ninguna. En 2013 fueron en total 22 los países que ejecutaron a personas, uno más que en 2012.
¿Significa esto que se ha quebrado la tendencia en la reducción del uso de la pena de muerte? Categóricamente, no.
En 1945, cuando se creó la ONU, sólo ocho países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos; en la actualidad, 140 naciones son abolicionistas en la ley o en la práctica. Hace 20 años aplicaban activamente la pena de muerte 37 países. Desde entonces, esta cifra se ha reducido prácticamente a la mitad. La tendencia es clara: la pena de muerte está quedando relegada al pasado.
Resulta llamativo observar el grado de aislamiento en que se encuentran los países que todavía se aferran a la pena de muerte.
Al margen de China, casi cuatro quintos de las ejecuciones en el mundo se llevaron a cabo exclusivamente en tres países: Irán, Irak y Arabia Saudí. En el África subsahariana, Nigeria, Somalia y Sudán fueron los países donde se documentaron más del 90 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo en la región. En América, Estados Unidos sigue encontrándose en la infame situación de ser el único país del continente que usa el sistema judicial para matar personas. En 2013, solo el estado de Texas fue responsable del 41 por ciento de todas las ejecuciones del país.
En los últimos cinco años, sólo nueve países han seguido ejecutando de forma continuada.
Son variados los motivos por los que muchos países están dando la espalda a una práctica que equivale a un asesinato autorizado por el Estado: algunos han terminado por aceptar que la pena de muerte es, simple y llanamente, una violación de los derechos humanos; otros consideran que los argumentos con los que se quiere defender la pena capital son, simplemente, insostenibles.
Irak no es el único país que intenta usar la pena de muerte como solución rápida contra la delincuencia violenta; el año pasado, ya usaron ese argumento algunos países del Caribe y de Asia meridional. Sin embargo, no hay pruebas convincentes de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial en la delincuencia, tal como han confirmado múltiples estudios realizados en distintas regiones y países del mundo.
Otros gobiernos usan la pena capital como instrumento populista para demostrar que aplican “mano dura” a la delincuencia. En resumen: los políticos juegan con la vida de las personas para cosechar votos, sabiendo perfectamente que no están apelando a la racionalidad de las personas sino a sus instintos básicos, especialmente después de producirse crímenes horribles.
Pero tampoco es cierto que las personas ejecutadas sean únicamente culpables de los peores crímenes. El año pasado, entre los ejecutados hubo desde adúlteros hasta miembros de grupos de oposición política.
Nuestro mensaje a los gobiernos que siguen ejecutando personas es claro: van ustedes a contracorriente de la historia. Sea cual sea su argumento, la pena de muerte no es la respuesta. Instamos a las autoridades de Irán, Irak, Arabia Saudí, China, Estados Unidos y del resto del mundo a que se tomen en serio este mensaje y a que el año que viene nos ofrezcan mejores noticias sobre las que poder informar.
