Comunicados de prensa
19 marzo 2014
La detención y reclusión arbitrarias de conocidos defensores de derechos humanos es un intento de silenciar las críticas y desviar la atención de los abusos que se están cometiendo, han afirmado hoy varias destacadas organizaciones de derechos humanos internacionales y asiáticas en una declaración conjunta.
La declaración está firmada por Amnistía Internacional, Forum-Asia, Human Rights Watch, International Crisis Group y la Comisión Internacional de Juristas.
Ruki Fernando, de la organización de Colombo INFORM, y Praveen Mahesan, sacerdote católico, fueron detenidos en Kilinochchi el 16 de marzo y se cree que están recluidos sin que se hayan formulado cargos contra ellos en aplicación de la notoriamente draconiana Ley de Prevención del Terrorismo de Sri Lanka.
“Las autoridades de Sri Lanka deben poner en libertad a Fernando y al padre Praveen, y acabar con el continuo hostigamiento estatal al que someten a los defensores de derechos humanos”, declaró David Griffiths, director adjunto del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“¿Cómo va a tomarse en serio la comunidad internacional las afirmaciones de Sri Lanka de que respeta los derechos humanos cuando los defensores de estos derechos siguen siendo objeto de intimidación y acusados de cargos penales por exigir la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos?”
La División de Investigación del Terrorismo (TID) de la policía detuvo e interrogó a Ruki Fernando y al padre Praveen después de que éstos trataran de asegurarse del bienestar de Balendran Vithushaini, de 13 años, que quedó en libertad condicional tras la detención de su madre, Balendran Jeyakumari, el 13 de marzo. Madre e hija se oponen activamente a las desapariciones forzadas en Sri Lanka y han tenido una presencia destacada en noticias de medios de comunicación internacionales sobre manifestaciones de familias de desaparecidos. La ocasión más reciente fue en Jaffna, en noviembre de 2013, durante una visita del primer ministro británico David Cameron.
Fernando y el padre Praveen fueron interrogados por separado en dos edificios diferentes durante más de tres horas por varios agentes de la TID. Sus abogados recibieron información contradictoria sobre las detenciones y los motivos de su reclusión. La información más reciente es que Fernando y el padre Praveen han sido trasladados a la sede de la División de Investigación del Terrorismo en Colombo y sus abogados siguen intentando acceder a ellos.
Fernando y el padre Praveen no han sido acusados formalmente aún, pero según el portavoz de la policía de Sri Lanka, el superintendente superior Ajith Rohana, serán acusados de “intentar crear inestabilidad entre comunidades” y de “promover presuntamente el separatismo”, en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo.
Esta ley ha recibido críticas generalizadas de la sociedad civil de Sri Lanka, organizaciones internacionales de control y órganos de la ONU. En su informe titulado Authority without Accountability: The Crisis of Impunity in Sri Lanka, la Comisión Internacional de Juristas documenta cómo las disposiciones de dicha ley han desembocado en detenciones arbitrarias, han violado el derecho de los detenidos a un juicio justo y al debido proceso, y han facilitado la tortura y otros malos tratos, así como las desapariciones forzadas.
Los grupos de derechos humanos que suscriben la declaración pública afirmaron que estas detenciones son especialmente preocupantes porque se está debatiendo una resolución sobre la ausencia de rendición de cuentas en Sri Lanka que se votará en breve en las sesiones en curso del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La comunidad internacional lleva tiempo reclamando a Sri Lanka que adopte medidas significativas para acabar con su cultura de impunidad.
“Esta campaña de represalias que se está desarrollando contra quienes denuncian las violaciones de derechos humanos muestra el alcance de la impunidad del gobierno”, dijo Sam Zarifi, director de Asia de la Comisión Internacional de Juristas.
“La comunidad internacional, mediante su votación en el Consejo de Derechos Humanos, debe juzgar a Sri Lanka no por sus promesas, sino por sus acciones.”
A pesar de dos resoluciones anteriores del Consejo de Derechos Humanos, en 2012 y 2013, Sri Lanka no ha adoptado ninguna medida cuantificable para garantizar la justicia para las víctimas de su guerra civil, y por el contrario, ha lanzado una agresiva campaña contra quienes defienden la rendición de cuentas. Defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil que critican al gobierno son periódicamente objeto de amenazas y hostigamiento. Quienes tienen presencia internacional, como Ruki Fernando, sufren especialmente la hostilidad del gobierno.
“Las autoridades de Sri Lanka reprimen sistemáticamente a quienes tratan de llegar a la comunidad internacional, especialmente en torno a eventos significativos como las sesiones del Consejo de Derechos Humanos o la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth”, afirmó Evelyn Balais-Serrano, directora ejecutiva de Forum-Asia.
“En lugar de proteger a los defensores de derechos humanos, las últimas detenciones muestran que el gobierno de Sri Lanka intensifica su postura agresiva hacia quienes buscan justicia y respuestas.”
Las detenciones también ponen en tela de juicio el compromiso declarado del gobierno de Sri Lanka de mejorar el respeto a los derechos humanos desde que finalizó el conflicto armado con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en 2009, han declarado las organizaciones firmantes.
“Detener a activistas pacíficos conocidos por su labor con las víctimas de violaciones de derechos de todas las comunidades étnicas no es una forma de crear confianza y restablecer las relaciones dañadas por la guerra”, afirmó Jonathan Prentice, director de política de International Crisis Group.
“Para que la paz sostenible sea algo más que un espejismo, deben protegerse los derechos de las víctimas y de los defensores de derechos humanos de Sri Lanka a hablar con libertad y sin riesgos.”
Las organizaciones firmantes subrayaron que Ruki Fernando y el padre Praveen deben gozar de todos sus derechos mientras estén detenidos. En virtud del derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Sri Lanka es Estado Parte, las personas privadas de libertad deben ser informadas sin dilación de los motivos de su detención, tener acceso inmediato y regular a un abogado, y comparecer sin demora ante un juez u otra autoridad judicial.
Las organizaciones de derechos humanos señalaron que las fuerzas de seguridad de Sri Lanka tienen un historial bien documentado de torturas a detenidos. El informe de 2013 de Human Rights Watch titulado ‘We Will Teach You a Lesson’: Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forcesdocumentaba actos de violencia sexual y otras torturas a manos del TID y de otras fuerzas de seguridad.
“Los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben exigir la libertad inmediata de Ruki Fernando y Praveen Mahesan y dejar claro que esto no les impedirá adoptar una resolución necesaria sobre Sri Lanka”, concluyó Brad Adams, director de Asia de Human Rights Watch.
“La detención de estos defensores de derechos humanos muestra precisamente la importancia de que la comunidad internacional se alce por los derechos humanos en Sri Lanka.”
