Comunicados de prensa
13 marzo 2014
Las autoridades malasias deben detener de inmediato la ejecución de un ciudadano nigeriano que sufre problemas de salud mental y que fue condenado por un asesinato cometido hace unos 18 años. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Está previsto que Osariakhi Ernest Obayangbon sea ejecutado el viernes 14 de marzo a las seis de la mañana, hora local (jueves 13 de marzo a las diez de la noche, hora GMT). Antes de su apelación en 2007 le diagnosticaron esquizofrenia, y desde entonces ha estado recibiendo tratamiento para su enfermedad mental. En la actualidad permanece recluido en la prisión de Kajang, estado de Selangor.
“Las autoridades malasias deben detener de inmediato la ejecución de Osariakhi Ernest Obayangbon. Según las normas internacionales, no debe imponerse la pena de muerte a personas con discapacidad mental”, ha manifestado Hazel Galang-Folli, investigadora de Amnistía Internacional sobre Malasia.
“Resulta sencillamente vergonzoso desobedecer las normas internacionales para ejecutar a una persona que sufre problemas de salud mental. Y lo que hace este caso aún más escandaloso es el hecho de que, en Malasia, en los últimos años se han realizado algunos progresos respecto a la pena de muerte, con medidas para revisar la imposición preceptiva de la pena capital.”
“No hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio eficaz contra la delincuencia. Es absurdo pensar que puede tener un impacto de ese tipo en un caso en el que el condenado es un enfermo mental.”
Amnistía Internacional siente asimismo honda preocupación por si Osariakhi Ernest Obyangbon –conocido también en los tribunales malasios como el ciudadano británico Philip Michael, por un pasaporte que tenía en su poder cuando fue detenido– recibió un juicio justo. La sentencia condenatoria dictada contra otro hombre que fue juzgado junto con él se anuló en apelación. El propio Osariakhi Ernest Obyangbon no pidió el indulto, al parecer a consecuencia de su enfermedad mental.
Más del 50 por ciento de los condenados a muerte en Malasia en 2013 eran extranjeros. Muchos habían sido condenados por delitos que no alcanzan el umbral de “los delitos más graves” establecido por el derecho internacional.
Malasia lleva a cabo las ejecuciones en un secreto casi absoluto. La transparencia en el uso de la pena de muerte es una salvaguardia fundamental que permite que se respeten las apelaciones y el proceso debido.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La organización pide a Malasia que ponga fin a todas las ejecuciones, que conmute las condenas de muerte existentes y que dicte una moratoria sobre el uso de la pena capital, como primer paso hacia su abolición.
La semana que viene, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicará su informe sobre el historial de derechos humanos de Malasia. El gobierno malasio ha rechazado hasta el momento todas las recomendaciones de la comunidad internacional respecto a la abolición de la pena de muerte, a una moratoria de las ejecuciones y a la conmutación de todas las condenas de muerte por penas de prisión.
Esta es la segunda ejecución que se fija en Malasia en los últimos meses. El pasado mes de febrero, Chandran Paskaran se enfrentó a la horca por matar a otro hombre durante una pelea. Su ejecución se ha pospuesto temporalmente a causa de la indignación pública que ha suscitado el caso.
