DOCUMENTO DE CASOS
11 de marzo de 2014
Julio Llanos
Julio Llanos era trabajador minero de la Empresa Colquiri COMIBOL cuando, en noviembre de 1964, tras el golpe del general Barrientos, él y otros dirigentes del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri fueron despedidos y tuvieron que salir huyendo, por miedo a represalias.
“El general Barrientos invadió militarmente las minas, hubieron muchas muertes de mujeres, niños y en especial de trabajadores mineros y también dirigentes. Nosotros tuvimos que huir, saliendo a pie de la mina hacia la ciudad y nuestras familias quedaron a la merced del ejército en las minas”.
Llanos permaneció oculto hasta agosto de 1965, año que salió clandestinamente a China. Retornó al país en 1966 y siguió viviendo en clandestinidad hasta 1969. Julio ha denunciado que durante los meses que estuvo detenido sufrió torturas, producto de las cuales perdió un dedo de la mano izquierda. Tras una huelga de hambre y movilizaciones de familiares y organizaciones religiosas, salió liberado provisionalmente. Fue nuevamente detenido en marzo de 1972. Desde ese momento y hasta la llegada de la democracia en 1982, pasó diversos periodos detenido.
Julio Llanos no ha sido reconocido como víctima por no haber probado legitimidad ni los hechos resarcibles.
Juan Carlos Flores
El 17 de julio de 1980 Juan Carlos Flores, dirigente del Partido Obrero Revolucionario, fue desaparecido forzadamente durante el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) llevado a cabo por los militares que apoyaban el golpe de estado del general Luis García Meza. Según testigos, a Carlos Flores le dispararon en su intento de asistir a su compañero, el líder socialista Marcelo Quiroga, que acababa de ser abatido por un disparo. Juan Carlos Flores fue visto por última vez en las instalaciones del Estado Mayor del Ejército. A día de hoy, sus restos mortales no han sido localizados.
“¿Dónde estás enterrado si es que estás enterrado? Ante la total falta de voluntad política de esclarecer este hecho y de devolvernos tus restos para darte cristiana sepultura, recurro a mi intuición para descubrirlo jugando a detective. Alentaba la esperanza que los procesos judiciales nos llevarían al esclarecimiento, sin embargo, éstos son una nebulosa”, dijo su hermana Olga Flores.
En el 2000 los familiares se adhirieron al proceso abierto para juzgar a los presuntos responsables del asalto a la COB y la desaparición de Marcelo Quiroga. Tras 11 años, el proceso judicial no derivó en una sentencia específica sobre la desaparición de Carlos Flores y la familia sigue exigiendo justicia. Tras una huelga de hambre de 30 días de Olga Flores, en mayo de 2009 el Ministerio de Defensa emitió una resolución autorizando al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado facilitar el acceso a familiares y víctimas a archivos, registros públicos y documentos oficiales. A pesar de esta resolución, la familia de Carlos Flores no ha tenido acceso a los documentos, aunque sigue luchando por la apertura de los archivos militares de la época. .
Julio César Sevilla Mancilla
Julio César Sevilla Mancilla, quien hoy tiene 81 años de edad, era militante del partido socialista en los años 80 cuando fue víctima de detención arbitraria y tortura durante el régimen de García Meza. En aquellos años Julio tenía un negocio de botas, que fue desmantelado mientras estaba detenido. Aunque su expediente fue calificado por como beneficiario, el resarcimiento que él ha recibido no responde a todo el daño que sufrió ni tuvo en consideración la pérdida de su fuente de trabajo.
“Quería recobrar mi trabajo, tenía una pequeña fábrica frente a la universidad Mayor de San Andrés, ahí dentro vivía yo. Tenía alrededor de 30 obreros que trabajaban conmigo; pero he perdido todo eso cuando obtuve mi libertad. [Además,] hemos esperado alrededor de 6 años, al cabo de este tiempo recién, con el cambio de gobierno, prometieron pagar. Pero cuando pagaron, sólo resultó ser el 20 por ciento”.
Lourdes Kolla
Lourdes Kolla fue detenida en marzo de 1972 durante el régimen militar de Hugo Banzer. Tenía 23 años y estudiaba arquitectura. Los militares la buscaban por sus presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tras permanecer tres meses incomunicada, Lourdes fue posteriormente trasladada a Achocalla, una cárcel de mujeres. Lourdes salió en libertad en marzo de 1973 gracias —dice— a la perseverancia de su madre y se exilió en Argentina donde terminó los estudios.
“Derribaron puertas, buscaban armas, mi familia estaba asombrada porque no sabían a quién buscaban o porque me buscaban. No sólo me detuvieron a mí, sino también a mi hermana menor Marcela. Días mas tarde detuvieron a mi padre, a mi hermana mayor Rosario y a mi hermano Franklin de 16 años, como forma de amedrentarme. En el Ministerio del Interior me interrogaron a fuerza de golpes y como no lograron que confesara lo que a ellos les interesaba me llevaron a una casa que utilizaba el Ministerio como cárcel. Generalmente los viernes llegaban agentes del ministerio del interior de civiles y era para golpearte, desnudarte […] eso era su rutina”.
No pudo regresar a Bolivia hasta 1982, con la vuelta a la democracia. «Cuando retorné era como si yo no existiera, se me cerraron todas las puertas, era exiliada en mi propio país».
Gladys Pérez
Gladys Pérez tenía cuatro años cuando su padre fue detenido y desaparecido durante el golpe de Estado del General René Barrientos en 1964. Ella junto a su familia por años han buscado los restos de su padre, que hasta la fecha siguen sin ser encontrados.
“Tengo ya más de cincuenta años […] es triste. Llegan a casa, entran a casa y destruyen todo lo que pueden. No podemos hacer nada, todos asustados, éramos chicos. El trauma ha sido tan grande que crecimos en silencio. Mamá tuvo que alguna vez decir que mi padre la abandonó, que no sabíamos nada, tener que inventar historias. Entonces ese temor en colegios y en todo lado. Tener que decir mi papá se ha separado de mi mamá cuando era algo […] falso”.
Myra Castrillo
La maestra, dirigente sindical y defensora de derechos humanos Myra Castrillo fue detenida en varias ocasiones por los distintos regímenes militares y autoritarios debido a su activismo y apoyo a la clase obrera. En 1965, durante el gobierno de René Barrientos fue detenida en dos ocasiones. En 1971, durante el régimen militar de Hugo Banzer irrumpieron con violencia en su domicilio de la ciudad de El Alto.
«A ella la encontraron repartiendo boletines en contra del gobierno, entonces la tomaron, la llevaron a la cárcel, a ella y a su esposo y quemaron todos los libros que encontraron. […] Estuvo detenida tres años, de una cárcel a la otra […] en casas de seguridad. Y ellos [los militares] nos hacían sufrir a nosotros, nos torturaban porque cuando íbamos nos decían que estaba en tal parte, íbamos a buscarla, y estaba en otra parte», contó Nilda Castrillo, hermana de Myra Castrillo, a Amnistía Internacional.
Myra Castrillo compartió su infortunio con otras mujeres presas en la cárcel de Achocalla, cerca de La Paz, donde según cuenta su familia sufrió los peores vejámenes físicos y psíquicos. Debido a los golpes y torturas enfrentó problemas de salud el resto de su vida. En 1974 logró escapar y pidió asilo a la Embajada de Venezuela. Con posterioridad viajó a Francia, donde permaneció ocho años en calidad de exiliada. Regresó a Bolivia, pero con el golpe militar del general García Meza tuvo que permanecer en la clandestinidad. Murió el 26 de noviembre de 1999. Al conocer de la existencia de la Ley 2640 de resarcimiento, Nilda Castrillo, presentó la solicitud para que su hermana fuese reconocida como víctima, sin éxito.
María Victoria Fernández
María Victoria Fernández fue detenida junto con su hermano en abril de 1972 cuando tenía 16 años. Estaba embarazada de cinco meses. Aun así, durante su detención incomunicada en el Ministerio del Interior la golpearon y torturaron fuertemente para que revelara información sobre sus supuestas actividades armadas contra el régimen. Posteriormente, la trasladaron a la cárcel de mujeres de Achocalla. Se encontraba muy mal debido a los golpes y perdió el bebé. En 1974, cuando recuperó la libertad, decidió meterse plenamente en política y en la resistencia contra el gobierno de Hugo Banzer junto con los sectores mineros y al lado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivo por el cual fue perseguida.
En septiembre de 1976 cayó nuevamente presa. Esta vez, con su hijo de cuatro meses, que le fue arrebatado cuando llegó nuevamente a la cárcel de Achocalla. Nuevamente fue sometida a fuertes vejámenes y tortura. Gracias a una visita de unos familiares logró saber que habían recuperado a su hijo que estaba a punto de ser dado en adopción. Salió de la cárcel tras el decreto de amnistía promulgado por el gobierno en 1977, pero en agosto de 1980, tras el golpe de estado de Luis García Meza volvió a ser detenida.
María Victoria Fernández logró calificar por su detención en virtud de la ley 2640 pero no su hijo.
«No me gusta llamarme víctima. Yo soy sobreviviente. Yo he luchado y he sobrevivido. Pensaba que me iban a matar. Y sigo. Y voy a seguir”.
