Comunicados de prensa
12 febrero 2014
Los derechos que la población libia trataba de lograr con el derrocamiento del coronel Muamar al Gadafi se están viendo amenazados por los crecientes obstáculos a la libertad de expresión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del tercer aniversario del levantamiento libio de 2011.
En lo que constituye la medida más reciente para acallar la disidencia en toda Libia, las autoridades han consolidado una ley de la época de Gadafi que penaliza los insultos al Estado, a su emblema o a su bandera. La versión reformada del artículo 195 del Código Penal prohíbe toda crítica a la “Revolución del 17 de febrero” o los insultos a autoridades. Una ley casi idéntica del gobierno de Gadafi prohibía todos los actos considerados un ataque contra la Gran Revolución de Al Fateh y su líder.
“Hace tres años, los libios tomaron la calles para exigir una mayor libertad, no otro gobierno autoritario”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“¿Qué diferencia hay entre no poder criticar la ‘Revolución de Al Fateh’ de Gadafi o la ‘Revolución del 17 de febrero’? Tras ambas prohibiciones yace la idea de que la expresión es limitada y que algunas cuestiones son tabú.”
“Con esta conducta, las autoridades libias emprenden un camino peligroso. La reforma es una mera alteración semántica, que sustituye el nombre de una revolución por el de otra. Es una simple tarea de ‘copia y pega’ de una legislación de la época de Gadafi, y un intento flagrante de socavar la libertad de expresión. Ese artículo debe derogarse de inmediato.”
Tras el final del conflicto libio, el artículo 195 siguió vigente hasta su reforma el pasado 5 de febrero. Según la disposición reformada, cualquier persona que insulte públicamente a las autoridades legislativas, ejecutivas o judiciales puede ser castigada con una pena de prisión que oscila entre los 3 y los 15 años. La ley penaliza también los insultos contra los miembros del Consejo General de la Nación (parlamento interino libio), que votaron a favor de la reforma.
“Muamar al Gadafi utilizaba sistemáticamente legislación represiva para silenciar a quienes le criticaban y a quienes se le oponían políticamente. El sustituir esas leyes con otras que son copias idénticas supone una clara traición de las aspiraciones de la ‘Revolución del 17 de febrero’”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
En una declaración constitucional adoptada poco antes del derrocamiento, en agosto de 2011, del coronel Gadafi, las autoridades de transición libias prometieron garantizar el derecho a la libertad de expresión.
En lugar de reforzar las salvaguardias de la libertad de expresión, las autoridades han optado por seguir utilizando las leyes represivas de Gadafi. El año pasado se utilizó la versión anterior de este mismo artículo para procesar a Amara al Khattabi, periodista que había publicado una lista de 84 jueces que, según afirmaba, eran corruptos. Su juicio aún está en curso.
Utilizando ese mismo artículo, al menos una persona ha sido juzgada por cargos de “insultos a la revolución”, por describir a los “revolucionarios” como “ratas” mientras estudiaba en el extranjero durante el conflicto.
En las últimas semanas, el Consejo General de la Nación también ha aprobado un decreto por el que prohíbe las emisoras de televisión por satélite que transmitan opiniones consideradas como “hostiles a la ‘Revolución del 17 de febrero’” o de las que se considere que pretenden desestabilizar el país o crear “discordia entre los libios”.
El mes pasado, las autoridades adoptaron también un decreto por el que se castiga a los estudiantes libios y los empleados del Estado en el extranjero que participen en “actividades hostiles a la ‘Revolución del 17 de febrero’” retirándoles las becas, los salarios y los complementos salariales. El decreto da asimismo instrucciones a las embajadas y las autoridades pertinentes para que comuniquen a la Fiscalía General los nombres de esas personas, con el fin de proceder a su interrogatorio.
Amnistía Internacional teme que la amplia y vaga disposición incluida en el decreto pueda utilizarse para enjuiciar a libios que, durante su estancia en el extranjero, expresen públicamente su oposición al levantamiento y participen en protestas y manifestaciones en apoyo al gobierno del coronel Gadafi.
“Los reiterados llamamientos para que no se ofenda a la ‘Revolución del 17 de febrero’ deberían despertar las alarmas en la mente de todos los libios. Nadie debe ser encarcelado simplemente por expresar sus opiniones, aunque sean consideradas ofensivas”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui.
Amnistía Internacional pide a las autoridades libias que deroguen de inmediato todas las leyes que imponen restricciones indebidas a la libertad de expresión, asociación y reunión en todo Libia.
Aunque el pasado fin de semana se permitió a miles de libios protestar pacíficamente en todo el país y expresar sus opiniones sobre la transición de Libia y el mandato del Consejo General de la Nación, el informar sobre cuestiones políticamente delicadas puede ser todavía una labor peligrosa.
Los ataques contra periodistas por parte de medios afiliados al gobierno y de otros grupos han ido en aumento desde que terminó el conflicto, lo que demuestra una vez más el control cada vez más férreo de la libertad de expresión en Libia. Los periodistas se enfrentan a intentos de asesinato, secuestros y amenazas recurrentes, incluidas amenazas de muerte a causa de su labor como informadores. Muy recientemente, el 11 de febrero, las oficinas en Trípoli de Al Assema, canal de televisión local, fueron atacadas con granadas propulsadas por cohete. Anteriormente, el director de la oficina del canal en Bengasi había sido objeto de un secuestro breve.
Al igual que otros abusos de la milicia, las autoridades no han sido capaces de investigar los ataques contra periodistas y procesar a los responsables.
“Una auténtica prueba para la libertad de expresión en Libia será la manera en que se manejen los ataques contra periodistas que informan sobre la actual crisis política. Debe protegerse un espacio seguro para el debate público, incluido el debate sobre temas políticamente delicados”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
“Las autoridades tienen la obligación de investigar todos los ataques contra la libertad de expresión y garantizar que no quedan impunes.”
Información complementaria
Libertad de expresión
Las primeras autoridades de transición libias ya hicieron un intento de restringir la libertad de expresión en aras de proteger la “Revolución del 17 de febrero”. En mayo de 2012, el Consejo Nacional de Transición adoptó la ley 37, que penalizaba la glorificación del ex líder, el coronel Gadafi. Algunas disposiciones de esa ley se basaban en el artículo 195 del Código Penal. Además de establecer penas de prisión por difundir rumores falsos, propaganda o información con el fin de dañar la defensa nacional o de “aterrorizar a la gente”, la ley castigaba también a todo el que dañara la “Revolución del 17 de febrero”, ofendiera al islam, al Estado o a sus instituciones, u ofendiera públicamente al pueblo libio. La ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo un mes después.
Ataques a periodistas
En la “nueva Libia”, el número de medios de comunicación se incrementó. Tres años después, los abusos y los crecientes ataques contra los medios de comunicación han conducido, en algunos casos, a la autocensura, y han obligado en ocasiones a periodistas a dimitir de sus puestos.
Al menos dos periodistas han muerto en homicidios selectivos. Ezzedine Kousad, presentador de la emisora de televisión Al Hurra, murió por disparos cuando conducía su automóvil por Bengasi en agosto de 2013. Radwan al Gharyani, director de Trípoli FM, murió por disparos en diciembre de 2013 en un barrio de Trípoli.
El 6 de febrero, unos atacantes no identificados trataron de asaltar las oficinas en Bengasi de Libya al Ahrar, canal local de televisión, y abrieron fuego contra el edificio. En un suceso aparentemente relacionado con este, esa misma noche fueron atacadas las oficinas de la emisora Libya Awalan TV.
Temiendo un ataque similar, y tras recibir una serie de amenazas, el personal de la emisora de televisión Al Assema decidió evacuar su oficina en Bengasi. El director de la oficina, Mohamed al Sureet, fue secuestrado brevemente el 5 de febrero mientras informaba sobre un ataque contra guardias de la Brigada Saiqa estacionados ante el hospital Al Jalaa. Fue liberado, ileso, 10 horas después.
Amnistía Internacional teme que estos recientes ataques puedan estar relacionado con la labor de estas cadenas de informar sobre la actual crisis política.
