Declaración pública
11 de febrero de 2014
Con motivo de la ola de manifestaciones convocadas para el día de hoy 12 de febrero de 2014, y días sucesivos, Amnistía Internacional hace un llamado al respeto de los derechos humanos. La organización insta a las autoridades a asegurar que se respete el derecho a la libertad de expresión, asociación y asamblea, y a mandar una señal clara de condena a cualquier acto de violencia o abuso que pretenda intimidar o acallar a aquellos que quieran ejercer su legítimo derecho a participar en estas manifestaciones.
Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamado a los manifestantes a ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación de una manera pacífica.
Desde el 4 de febrero se han realizado diversas manifestaciones estudiantiles en los estados de Táchira y Mérida durante las cuales se han denunciado el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del orden para contener a los manifestantes y alegaciones de detenciones arbitrarias. De la misma manera se han reportado enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas del orden y uso de la violencia y actos de intimidación contra los manifestantes por parte de civiles armados.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades su deber de investigar cualquier denuncia por violaciones a los derechos humanos, así como cualquier denuncia de abusos perpetrados por civiles armados. Los perpetradores deben ser llevados ante la justicia.
Si bien la organización reconoce la obligación de las autoridades de mantener el orden público, recuerda a las autoridades que tal responsabilidad debe llevarse a cabo en línea con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por hagan un uso los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.
Es importante que todas las personas puedan ejercer libremente su legítimo derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, sin temor por su integridad física. Con este fin, las autoridades deben comprometerse no sólo a que las fuerzas del orden harán un uso proporcional y progresivo de la fuerza, sino también a asegurar que las fuerzas de seguridad intervengan para garantizar el derecho a la protesta pacífica frente a civiles que pudieran atacar a manifestantes.
Las autoridades venezolanas deben además garantizar que nadie sea procesado ni privado de libertad por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión, asociación y asamblea. En caso de producirse detenciones, debe ser respetado el derecho de los detenidos a un proceso debido.
