Declaración Pública
01/02-2014
Amnistía Internacional exige a las autoridades de Paraguay que coopere con la justicia argentina, quién ha recibido una querella criminal de víctimas que alegan haber sufrido de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Ante la impunidad existente en el Paraguay, supervivientes paraguayos y argentinos han decidido acudir a la justicia en Argentina, en el marco de jurisdicción universal, para que las mismas investiguen y sancionen a los responsables de estos crímenes.
En 2008 la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) presentó su informe final. Fue la culminación de aproximadamente cuatro años de investigación, donde se documentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1954 y 2003.
El informe final concluye que en Paraguay se cometieron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos cuales caracteriza como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no ha habido un proceso judicial para abarcar estos casos y llevar a todos y todas las responsables ante la justicia. Estos casos permanecen en una situación de impunidad inaceptable.
Jurisdicción Universal
La esperanza de algunas víctimas ahora está puesta en la presentación de una querella criminal presentado por víctimas del Paraguay y Argentina en contra de los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad y genocidio en un tribunal en Argentina. El principio de jurisdicción universal permite que otro país, sin que exista una conexión territorial o nacional con las víctimas, pueda investigar este tipo de crímenes cuando haya una situación de impunidad, como la que se da en Paraguay.
Ante la inacción del Estado paraguayo se abre una puerta para combatir la impunidad. Amnistía Internacional apoya plenamente este ejercicio de la jurisdicción universal y exige que el Estado paraguayo coopere debidamente con la justicia argentina.
A pesar de algunos avances y condenas, es preocupante que, a 25 años del golpe, las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.
Paraguay ha ignorado sus responsabilidades internacionales de investigar las violaciones de derechos humanos cometidos en el país en la época del régimen militar, a pesar de que esto ha sido denunciado por numerosos organismos de derechos humanos. 25 años después del golpe de Estado, el país tiene una deuda con su sociedad y con las víctimas y sus familiares por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país entre 1954 y 1989.
