Comunicados de prensa
22 enero 2014
Un escritor y comentarista político que fue preso de conciencia durante el gobierno de Muamar al Gadafi se ha enemistado ahora con las autoridades de transición libias tras hacer unas declaraciones, durante una entrevista en televisión, consideradas ofensivas hacia destacadas figuras políticas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Jamal al Hajji fue declarado culpable de difamación el 31 de diciembre de 2013 y condenado a ocho meses de prisión y a una multa de 400.000 dinares libios [aproximadamente 318.650 dólares estadounidenses]. Durante una entrevista realizada en febrero de 2013 en Al Wataniya, una emisora local libia de televisión, acusó al ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Abulaziz, y a otros cinco políticos y figuras públicas de conspirar contra Libia y la “Revolución del 17 de febrero”. Cuatro de los citados presentaron una denuncia contra él. Su vista de apelación está prevista para el jueves 23 de enero.
“Nadie debe ser encarcelado por expresar su opinión. La libertad de expresión es uno de los derechos que la población libia salió a la calle a reclamar durante el levantamiento de 2011 contra Muamar al Gadafi”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Este caso es resultado de la inacción de las autoridades de transición respecto a derogar las leyes que sofocan la libertad de expresión y que son contrarias al derecho internacional. La condena de Jamal al Hajji debe ser anulada. Al hacerlo, las autoridades demostrarían que de verdad han roto definitivamente con las tácticas represivas del pasado.”
Jamal al Hajji fue condenado por difamación en virtud del artículo 439 del Código Penal libio, que establece una pena de hasta dos años de prisión, además de una multa. Varios artículos más del Código Penal libio –por ejemplo, los artículos 178, 195, 206 y 207– establecen penas de prisión para actividades que constituyen simplemente el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y asociación. Las penas son especialmente severas en los casos relativos a críticas contra cargos públicos o instituciones estatales: en algunos casos llega incluso a establecerse la pena de muerte.
Amnistía Internacional considera que la difamación no debe ser un delito penal. Nadie debe ser encarcelado simplemente por manifestar su opinión, por objetable que pueda parecer. Además, los políticos y las figuras públicas deben estar dispuestos a tolerar unas críticas y un escrutinio mayores que los de los ciudadanos corrientes.
“El uso de las leyes de difamación para silenciar las críticas o el debate público es una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión. La difamación, la calumnia y otros delitos relacionados con la expresión deben ser eliminados del Código Penal libio”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. “Quienes crean haber sido difamados deben recurrir a la justicia civil, no a la penal, para que resuelva su querella.”
Amnistía Internacional también teme que a Jamal al Hajji pueda habérsele negado un juicio justo. La defensa ha alegado que se le negó el derecho a contrainterrogar a los testigos. Además, el tribunal no notificó a Jamal al Hajji los cambios de fecha de su última vista, con lo que violó su derecho a estar presente en su juicio. La sentencia se dictó en ausencia del acusado.
Jamal al Hajji fue detenido en varias ocasiones durante el gobierno de Muammar al Gadafi. En 2007 fue detenido por organizar una protesta pacífica. Fue adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional tras haber sido condenado a 12 años de prisión en 2008, después de un juicio injusto. Quedó en libertad en marzo de 2009, pero fue detenido de nuevo ese mismo año por cargos de insultos a las autoridades judiciales. Volvió a ser detenido en 2011, tras convocar protestas pacíficas.
