«La paz está aún muy lejos de nuestra comunidad», afirma Jesús Emilio Tuberquia, con su calmada, profunda voz de campesino, subrayando sus palabras con su intensa mirada.
Jesús Emilio es uno de los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó (departamento de Antioquia, norte de Colombia).
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Un grupo de más de 1.500 campesinos fundaron esta comunidad hace 17 años. «Dijimos a los paramilitares, la guerrilla y el ejército: «No queremos tomar parte en esto. No queremos involucrarnos con ninguno de ustedes. No queremos matar o ser matados».
Por desgracia, sus demandas no fueron atendidas. Todas las partes en el conflicto colombiano han hecho oídos sordos a la petición de la comunidad de paz. Desde su fundación, más de 200 de sus miembros han sido asesinados o forzadamente desaparecidos.
Estos graves abusos de los derechos humanos han sido cometidos principalmente por unidades paramilitares que actúan muchas veces en connivencia con las fuerzas de seguridad. Pero la comunidad también ha sido objetivo de las acciones de la guerrilla y el propio ejército.
Es un hecho que se repite continuamente. En noviembre pasado, un grupo de representantes de la comunidad visitó la sede de Amnistía Internacional en Londres. Acababan de sufrir la desaparición forzada de uno de sus miembros. Estando en la capital del Reino Unido, llegó la noticia de una posible desaparición forzada de otras siete personas que viven en la zona de San José de Apartadó. Afortunadamente esta vez, fueron puestos en libertad una semana después.
Uno de los ataques más sangrientos que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sufrido tuvo lugar en febrero de 2005. Ocho de sus miembros -entre ellos tres niños- fueron asesinados por paramilitares actuando en complicidad con miembros de las fuerzas de seguridad.
Días después de la masacre, el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe justificó veladamente los hechos, diciendo que algunos de los miembros de la comunidad de paz tenían vínculos con la guerrilla.
«La declaración de Uribe fue un evidente intento de culpar y difamar a víctimas civiles del conflicto armado», dice Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia .
Hace sólo algunas semanas, después de ocho años y una sentencia de la Corte Constitucional, el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció finalmente que las palabras de Uribe fueron un error.
«Pero esa no es la cuestión principal. El fallo de la Corte obligaba al gobierno a poner en marcha un plan de protección para la comunidad. Este plan nunca se ha aplicado», dice Marcelo Pollack.
«Nadie debe estigmatizar a aquellos que buscan la paz y rechazar la violencia», dijo Santos al pedir perdón a la comunidad de paz. El presidente de Colombia enmarcaba sus palabras en el contexto del actual proceso de paz colombiano: «Les pido perdón con la certeza de que el perdón es una condición previa para la paz».
Al preguntar a Jesús Emilio Tuberquia sobre las conversaciones de paz en curso en La Habana, la capital cubana, entre el gobierno y el principal grupo guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), responde con un amargo toque de escepticismo en su voz: «Ellos dicen que están hablando de paz, pero no veo paz alguna en nuestras vidas».
«El presidente Santos dice constantemente que la situación está mejorando, pero no es verdad. Las amenazas y la violencia siguen ahí, son parte de nuestra vida cotidiana», dice Jesús Emilio.
De inmediato, añade: «Cada vez que matan a uno de nuestros miembros, la situación empeora, porque una persona más ha sido asesinada. Y nadie puede devolverle la vida».
Cuando uno escucha hablar de la difícil situación que atraviesa la Comunidad de Paz San José de Apartadó, resulta difícil de creer que, por muy deseable que puede ser, la paz y el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario está cerca en Colombia.
Jesús Emilio recurre a la historia para justificar su escepticismo: «El Gobierno dijo hace siete años que el paramilitarismo había terminado, pero todavía estamos sufriendo su violencia. A diario. Siguen matando a nuestra gente. ¿Por qué deberíamos creer en un gobierno que nos ha mentido y sigue mintiéndonos una y otra vez?»
«Los paramilitares siguen amenazando la vidas y los derechos de las personas -sindicalistas, líderes indígenas y campesinos y reclamantes de la restitución de sus tierras, entre otros- en todo el país», dice Marcelo Pollack.
Jesús Emilio deja claro que si algo quiere desesperadamente la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es la paz. «La paz es lo que hemos estado diciendo que queremos durante los últimos 17 años, pero nadie nos ha escuchado hasta ahora”.
De hecho, termina la conversación con la esperanza de que, a pesar de su escepticismo, las conversaciones de paz en La Habana puedan ser positivas para Colombia.
Pero señala que la verdadera paz requiere también la justicia.
El problema es que en Colombia la impunidad de violaciones y abusos graves de los derechos humanos es casi una ley no escrita. Si puede parecer que la paz está lejos, el camino hacia la justicia parece ser incluso más largo.
«Los intentos del gobierno para ampliar el fuero militar y la promoción de otras medidas legales podría llevar a amnistías de facto para los autores de masivas violaciones y abusos de los derechos humanos», dice Marcelo Pollack.
Para Jesús Emilio Tuberquia el interrogante sobre el futuro de Colombia permanece. Pero una cosa es segura: la determinación de la gente de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de resistir y defender su derecho a vivir en paz persistirá.
