Comunicados de prensa
19 diciembre 2013
En respuesta al anuncio hecho hoy por el ministro sin cartera Ken Clarke de que la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento examinará las denuncias de participación del Reino Unido en torturas y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra personas detenidas fuera del país en el contexto de operaciones de lucha contra el terrorismo, el director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, John Dalhuisen, ha manifestado:
“El anuncio de hoy acerca de cómo el gobierno británico pretende ahora abordar las denuncias de tortura es tan decepcionante como era de prever”.
En el informe provisional de la Investigación sobre Personas Detenidas se han identificado 27 cuestiones que tienen que ser examinadas más detenidamente y se ha insistido en la necesidad de hacer una investigación efectiva, independiente y acorde con los derechos humanos.
“Para combatir la tortura es necesario dejar claro cuándo y dónde se cometió, identificar a los participantes y hacer rendir cuentas a los responsables.”
“La Comisión de Inteligencia y Seguridad no es el organismo adecuado para esta tarea esencial, y el anuncio hecho hoy es un intento más del Reino Unido de eludir su responsabilidad de desvelar toda la verdad.”
“Al delegar la investigación en la Comisión se corre el riesgo de que gran parte de la verdad quede oculta y de que no se llegue a hacer jamás una investigación completa y dirigida por un juez.”
Información complementaria
El 6 de julio de 2010, el primer ministro británico, David Cameron, anunció en el Parlamento que iba a haber una investigación independiente sobre las denuncias de participación británica en las torturas y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra personas detenidas fuera del país en el contexto de operaciones contra el terrorismo.
En el periodo siguiente al inicio de la investigación, conocida como Investigación sobre Personas Detenidas y dirigida por el juez retirado Sir Peter Gibson, Amnistía Internacional y varias ONG más expresaron reiteradamente su preocupación por que no se cumpliera en ella la obligación jurídica internacional del Reino Unido de garantizar la investigación completa, independiente e imparcial de las denuncias de tortura y malos tratos. En particular, las ONG pusieron de relieve la necesidad de establecer un mecanismo independiente para determinar qué material debía revelarse.
El 18 de enero de 2012 se puso fin a la Investigación sobre Personas Detenidas, dado que se estaban realizando nuevas investigaciones judiciales sobre la presunta participación británica en la entrega a Libia de Sami al Saadi y Abdelhakim Belhadj en 2004. El 27 de junio de 2012 se presentó al gobierno británico un informe del trabajo preparatorio de la Investigación sobre Personas Detenidas. Hoy, 19 de diciembre de 2013 –más de año y medio después–, el gobierno ha publicado el informe.
Amnistía Internacional examinará detenidamente el informe, de 115 páginas, durante las próximas semanas. No obstante, se ponen de relieve en él 27 cuestiones distintas que es preciso investigar con más detalle, entre ellas una información que indica que el gobierno o sus organismos podrían haberse visto indebidamente implicados en algunos casos de entrega.
La Comisión de Inteligencia y Seguridad no ha investigado exhaustivamente –o no ha aportado la información necesaria para hacerlo– denuncias anteriores de tortura, malos tratos, entrega y vigilancia en el contexto de operaciones de seguridad nacional y contra el terrorismo. Aunque se hicieron algunos cambios en la Comisión tras promulgarse la Ley de Justicia y Seguridad de 2013, el gobierno sigue teniendo derecho a retener información proporcionada por ella si la considera material “confidencial” o que afecta a la seguridad nacional (anexo 1.4 y 5). La información confidencial abarca la proporcionada por una agencia de inteligencia extranjera con la condición de que no se revele a nadie más.
El gobierno británico ha manifestado que tras el resultado de la investigación de la Comisión de Inteligencia y Seguridad determinará si sigue siendo necesaria una investigación judicial más, que aporte nueva información de valor para el establecimiento de políticas futuras y los intereses nacionales.
