DECLARACIÓN PÚBLICA
18 de diciembre de 2013
Amnistía Internacional considera un avance importante para la justicia la condena dictada días atrás a 37 personas responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención en la Provincia de Tucumán, en el noreste argentino. Tales crímenes fueron cometidos durante el gobierno militar que rigió el país entre 1976 y 1983.
La causa judicial, denominada megacausa “Jefatura II – Arsenales II”, empezó con 44 imputados y abarcó crímenes cometidos contra más de 200 víctimas. El juicio oral ante el Tribunal Federal de Tucumán tuvo una duración de trece meses y la sentencia se leyó públicamente el pasado 13 de diciembre.
Entre las 41 personas imputadas que llegaron al momento de la sentencia había militares, policías, gendarmes y personas vinculadas al servicio de inteligencia acusados de secuestros, torturas y desapariciones cometidas dentro de centros de detención como el Centro Clandestino de Detención y Extermino Arsenal Miguel de Azcuénaga y el Centro Clandestino de Detención y Tortura Jefatura de Policía en la provincia de Tucumán. El Tribunal impuso la reclusión a perpetuidad para tres policías y a un militar, mientras que el resto de los condenados recibió castigos que oscilan entre los 20 y los dos años de prisión. Cuatro de los imputados fueron absueltos.
En el juicio comparecieron alrededor de 400 personas en calidad de testigos. Su participación fue de vital importancia para reconstruir las torturas, asesinatos y desaparición forzada que se dieron en esos recintos clandestinos, incluido el Arsenal Miguel de Azcuénaga, el centro ilegal de detención más grande del noreste argentino.
Durante años, víctimas y familiares de víctimas han protagonizado una lucha incansable contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros de detención de la provincia de Tucumán. Esta es la primera vez que en Tucumán se juzga y condena a los perpetradores de violaciones de derechos humanos como autores de delitos sexuales en contra de mujeres que estuvieron cautivas en los centros de detención. Amnistía Internacional señala que es positivo que los responsables de graves violaciones de derechos humanos hayan rendido cuentas ante la justicia. Encontrar justicia es además una forma de reparación para las victimas.
Durante los últimos años – desde que las leyes de impunidad fueron dejadas sin efecto – se han dictado diversas condenas contra personas responsables de crímenes tan graves como la tortura y la desaparición forzada. Tales sentencias envían un claro mensaje de que estos crímenes se castigan y que no se tolerarán nunca más. Los esfuerzos para combatir la impunidad deben continuar hasta que todos las personas sospechadas de responsabilidad penal por tales crímenes comparezcan ante la justicia.
