DECLARACIÓN PÚBLICA
3 de diciembre de 2013
Las conclusiones del examen llevado a cabo por la ONU sobre la manera en que Egipto ha realizado los derechos económicos, sociales y culturales deberían servir de señal de alarma a las autoridades. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El 14 de noviembre de 2013, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cumplimiento, por parte de Egipto, de las obligaciones contraídas por este Estado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
En una serie de observaciones finales hechas públicas hoy, el Comité concluyó que Egipto no ha abordado los derechos de los trabajadores y no ha invertido lo suficiente en viviendas asequibles, por lo que un “alto porcentaje” de la población vive en asentamientos informales que carecen de infraestructuras o instalaciones adecuadas. El Comité manifestó también que Egipto no ha protegido a las mujeres y las niñas frente a la discriminación.
“Pan, libertad y justicia social” fue el lema fundamental del levantamiento de 2011. Las conclusiones del Comité son una dura crítica a la inacción de las autoridades egipcias que, casi tres años después, siguen sin resolver estos problemas que condujeron a la “Revolución del 25 de Enero”, en la que Hosni Mubarak fue derrocado. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El Comité concluyó que el nuevo salario mínimo egipcio “no garantiza un nivel de vida decente” y que las autoridades están limitando los sindicatos independientes e imponiendo restricciones “desproporcionadas” a los trabajadores en huelga.
El Comité expresó también preocupación por lo que calificó de desalojos forzosos «generalizados», prohibidos por el derecho internacional, y por la falta de remedios efectivos para los afectados. Asimismo, pidió al gobierno egipcio que se asegure de que las leyes garantizan el derecho a una vivienda adecuada y a la seguridad de tenencia.
El Comité concluyó asimismo que Egipto no ha puesto fin a la discriminación “grave y generalizada” contra mujeres y niñas, y que el gobierno no ha abordado la violencia constante contra mujeres y niñas, incluidas las numerosas agresiones sexuales contra mujeres manifestantes.
Además, instó al gobierno a tomar medidas para ayudar a reconstruir las comunidades cristianas coptas devastadas por una oleada de ataques sectarios en agosto de 2013.
En términos más generales, el Comité expresó su preocupación por los recortes del gasto en salud, educación y vivienda –que afectan desproporcionadamente a personas y grupos desfavorecidos y marginados–, por la falta de adopción de legislación completa que impida la discriminación, y por el hecho de que no se han abordado prácticas como la mutilación genital femenina o el trabajo infantil. También manifestó su preocupación por el elevado porcentaje de población, especialmente en zonas rurales, que no tiene acceso adecuado a agua potable segura y a saneamiento.
En su informe al Comité en vísperas del examen de Egipto, a mediados de noviembre, Amnistía Internacional subrayó la falta de medidas por parte de Egipto para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales: por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado, y la discriminación imperante contra las mujeres y contra los cristianos coptos.
Las autoridades egipcias deben actuar sin demora para poner en práctica las recomendaciones del Comité, en consulta con la sociedad civil. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Como medidas inmediatas, Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias a prohibir los desalojos forzosos, establecer un sistema que garantice un salario mínimo justo, dar prioridad a un proyecto de ley sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC, de manera que las víctimas puedan presentar quejas al Comité.
El nuevo borrador de Constitución de Egipto hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, pero en algunos casos puede no garantizarlos plenamente. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente el hecho de que, aunque el borrador reconoce el derecho a una vivienda adecuada y segura, no prohíbe explícitamente los desalojos forzosos.
Al examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Egipto asistieron tanto delegados de Amnistía Internacional como organizaciones de derechos humanos egipcias.
Más información
■ Amnistía Internacional, Egypt: Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 51st Session, November 2013 (Índice: MDE 12/049/2013), octubre de 2013: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fNGO%2fEGY%2f15542&Lang=en
■ Amnistía Internacional, Egypt: Checklist to combat sexual and gender-based violence (Índice: MDE 12/013/2013), 15 de marzo de 2013
■ Amnistía Internacional, Egipto: Luchando por la justicia y los derechos humanos. Activistas egipcias cuentan su lucha (Índice: MDE 12/011/2013), marzo de 2013, http://www.amnesty.org/es/news/mujeres-hacen-frente-oleada-injusticia-violencia-egipto-2013-03-15
■ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre los informes combinados segundo, tercero y cuarto de Egipto (doc. ONU: E/C.12/EGY/CO/2-4, disponible sólo en inglés), 29 de noviembre de 2013: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fEGY%2fCO%2f2-4&Lang=en
