Bertha Cáceres, defensora de los derechos humanos, apenas tiene un momento de tranquilidad, en el que se libre de la preocupación de lo que le pueda suceder por defender los derechos de su comunidad, el pueblo indígena lenca. El peligro es tan grave que se ha visto obligada a esconderse.
“Quieren llenarnos de terror”, ha dicho a Amnistía Internacional.
“No puedo hacer mi vida como antes cuando estaba en la oficina, […] participar en todo el proceso públicamente, […] salir del país para hablar y denunciar la situación de la que es objeto el COPINH en foros internacionales […]. Se me ha impedido ir a nadar a Río Blanco, que es algo para mí muy importante […] porque en el pueblo lenca su cosmovisión es compartir, las ceremonias y agradecer al río y a la tierra por todo lo que da”, ha manifestado.
Bertha está sufriendo intimidación y amenazas a causa de su labor como coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Esta organización lleva más de 20 años luchando para mejorar las condiciones de vida de su comunidad en Río Blanco, en el noroeste de Honduras. Desde 2011, COPINH ha hecho campaña por el derecho de la comunidad a dar su consentimiento libre, previo e informado respecto al proyecto de construcción de una planta hidroeléctrica que podría expulsar a esta comunidad indígena de sus tierras ancestrales.
Una campaña de terror
Como si no bastara con las constantes llamadas anónimas insultantes y los carteles de “se busca” que muestran su cara, Bertha Cáceres se ha enfrentado a cargos infundados y aparentemente falsos formulados contra ella.
En mayo de 2013 fue acusada de llevar en su automóvil un arma sin licencia. Ella afirma que la colocaron allí los militares de un retén. El juicio por este cargo aún está en curso.
Unas semanas después de la formulación de esos cargos, el ejército hondureño mató a un colega de Bertha Cáceres, el dirigente indígena Tomás García, e hirió de gravedad al hijo adolescente de éste. Todo esto sucedió el 15 de julio, cuando se manifestaban contra el proyecto hidroeléctrico. En estos momentos, un soldado está siendo procesado penalmente en relación cono ese homicidio.
En agosto se inició otro procedimiento penal contra Bertha Cáceres y otros dos dirigentes de COPINH, Tomás Gómez y Aureliano Molina. Todos ellos fueron acusados de incitar a otras personas a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados contra la empresa que está tras el proyecto hidroeléctrico de Río Blanco. En realidad, según la información recibida por Amnistía Internacional, lo que hicieron fue expresar su oposición al proyecto durante una reunión.
“La situación se ha agravado mucho. Es muy preocupante y hay más ensañamiento”, ha manifestado Bertha Cáceres.
Las informaciones sobre ataques y acoso contra activistas como Bertha son habituales en Honduras, y las autoridades rara vez las investigan.
“No tenemos nosotros a dónde acudir y nos sentimos también en indefensión, vulnerables, porque no tenemos ninguna confianza en el sistema de justicia de Honduras”, ha declarado Bertha.
“Defender los derechos humanos es un crimen en Honduras. Están criminalizando el derecho a nuestra identidad y a la conciencia de uno mismo.”
Terreno vedado para quienes defienden los derechos humanos
Amnistía Internacional y otra organización de derechos humanos han informado recientemente sobre una escalada de las amenazas y los abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos como Bertha.
Según afirman, toda persona a la que se vea hablando en favor de comunidades marginadas se convierte casi sistemáticamente en blanco de intimidación e incluso ataques directos.
Ahora que se acercan las elecciones presidenciales en este país centroamericano, Amnistía Internacional ha escrito a la candidata y los candidatos para pedirles que formulen el compromiso explícito de dar prioridad a la protección de los derechos humanos y de las personas que los defienden.
“Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no es caridad. Estamos pidiendo justicia, por nuestros derechos, y por lo tanto están obligados a garantizarlos, a respetarlos y a cumplirlos”, ha manifestado Bertha.
