Comunicados de prensa
22 octubre 2013
Estados Unidos ha llevado a cabo homicidios ilegítimos en Pakistán mediante ataques con aviones no tripulados (“drones”), algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe de envergadura publicado hoy.
El informe, titulado “’Will I be next?’ US drone strikes in Pakistan”, es uno de los más detallados realizados hasta la fecha sobre el programa estadounidense de aviones no tripulados desde la perspectiva de los derechos humanos.
Documenta homicidios recientes en las zonas tribales del noroeste de Pakistán, y la casi total ausencia de transparencia en torno al programa de “drones” estadounidense.
“El secreto en torno al programa de aviones no tripulados da al gobierno estadounidense licencia para matar fuera del alcance de los gobiernos o de las normas fundamentales del derecho internacional. Ya es hora de que Estados Unidos diga la verdad sobre el programa de ‘drones’ y haga rendir cuentas a los responsables de estas violaciones”, ha manifestado Mustafa Qadri, investigador de Amnistía Internacional sobre Pakistán.
“¿Qué esperanza de reparación pueden tener las víctimas de los ataques de ‘drones’ y sus familias cuando Estados Unidos ni siquiera reconoce su responsabilidad en ataques concretos?”
Amnistía Internacional examinó los 45 ataques con aviones no tripulados de los que se ha tenido noticia, lanzados en Waziristán Septentrional, noroeste de Pakistán, entre enero de 2012 y agosto de 2013. Esa región ha sufrido más ataques que ninguna otra del país.
La organización llevó a cabo investigación detallada sobre el terreno respecto a nueve de estos ataques, y el informe documenta homicidios que hacen temer seriamente que se hayan cometido violaciones del derecho internacional que puedan constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales.
En octubre de 2012, Mamana Bibi, de 68 años, murió en un doble ataque –al parecer, la alcanzó un misil Hellfire– mientras recolectaba verduras en los campos de la familia y varios de sus nietos andaban por los alrededores.
En julio de 2012, 18 jornaleros, entre ellos un niño de 14 años, murieron en ataques múltiples lanzados contra un pueblo sumamente pobre cerca de la frontera con Afganistán, cuando se disponían a disfrutar de su cena tras un largo día de trabajo.
En contra de las afirmaciones oficiales de que los fallecidos eran “terroristas”, la investigación realizada por Amnistía Internacional señala que las víctimas de estos ataques no estaban participando en combates y no suponían amenaza alguna para la vida.
“No encontramos justificación alguna para estos homicidios. Existen amenazas reales para Estados Unidos y sus aliados en la región, y los ataques de aviones no tripulados pueden ser legítimos en algunas circunstancias. Pero resulta difícil creer que un grupo de jornaleros, o una anciana rodeada de sus nietos, pusieran en peligro a nadie, no digamos ya que supusieran una amenaza inminente para Estados Unidos”, ha manifestado Mustafa Qadri.
El derecho internacional prohíbe los homicidios arbitrarios y limita el uso legítimo de fuerza letal intencionada a situaciones excepcionales. En casos de conflicto armado, sólo los combatientes y las personas que participan directamente en las hostilidades pueden ser blanco de un ataque directo. Fuera del conflicto armado, la fuerza letal intencionada sólo es legítima cuando sea estrictamente inevitable para proteger frente a una amenaza inminente para la vida. En algunas circunstancias, los homicidios arbitrarios pueden constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos de derecho internacional.
Amnistía Internacional también documentó casos de los denominados “ataques contra rescatadores”, en los que quienes corren a auxiliar a las víctimas de un ataque inicial con “drones” fueron a su vez víctimas de un rápido ataque de seguimiento. Aunque pudiera suponerse que los rescatadores son miembros del grupo al que se está atacando, resulta difícil entender cómo puede hacerse esa distinción en los caóticos momentos inmediatamente posteriores a un ataque con misiles.
Estados Unidos sigue utilizando su doctrina de “guerra global” para tratar de justificar una guerra sin fronteras contra Al Qaeda, los talibanes o aquellos a los que considera aliados de éstos.
La promesa estadounidense de aumentar la transparencia en torno a los ataques con aviones no tripulados, subrayada por un gran discurso sobre política pronunciado por el presidente Barack Obama en mayo de 2013, aún no se ha hecho realidad, y Estados Unidos sigue negándose a divulgar incluso la información más básica tanto jurídica como sobre los hechos acontecidos.
Este secreto ha permitido a Estados Unidos actuar impunemente e impedir que las víctimas reciban justicia o indemnización. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguna autoridad ni agente estadounidense ha rendido cuentas por los homicidios ilegítimos perpetrados con “drones” en Pakistán.
Además de la amenaza de los aviones no tripulados estadounidenses, los habitantes de Waziristán Septentrional se ven a menudo atrapados entre los ataques de grupos armados y las fuerzas armadas de Pakistán. La población local vive con el temor constante a la violencia ineludible a manos de ambos bandos.
El programa estadounidense de “drones” ha agravado el sufrimiento local: ahora, los habitantes de la zona viven además con miedo a morir por los “drones” estadounidenses que surcan los cielos día y noche.
“Lo trágico es que los aviones no tripulados desplegados por Estados Unidos sobre Pakistán inspiran ahora a los habitantes de las zonas tribales el mismo miedo que antes sentían únicamente ante Al Qaeda o los talibanes”, ha manifestado Mustafa Qadri.
Tal como documenta el informe, los hombres y mujeres que viven en la zona tienen poco control sobre la presencia de grupos como los talibanes o Al Qaeda en sus pueblos y distritos.
Los grupos vinculados a Al Qaeda han matado a decenas de residentes locales a los que acusaban de ser espías a causa de los ataques con “drones” estadounidenses. Los residentes de Mir Ali dijeron a Amnistía Internacional que es habitual ver cadáveres arrojados a un lado de la calle con mensajes que advierten de que todos los acusados de espiar para Estados Unidos correrán la misma suerte.
Los residentes dijeron también a Amnistía Internacional que el temor a represalias les impedía denunciar ante las autoridades locales los abusos cometidos por los grupos armados. Muchos residentes tenían también miedo de hablar a Amnistía Internacional sobre los ataques de “drones”. Algunos de los que hablaron abiertamente recibieron después amenazas.
Aunque el gobierno de Pakistán afirma que se opone al programa de “drones” estadounidense, Amnistía Internacional teme que algunas autoridades e instituciones de Pakistán y otros países, como Australia, Alemania o Reino Unido, puedan ayudar a Estados Unidos a lanzar ataques con “drones” que constituyan violaciones de derechos humanos.
“Pakistán debe proporcionar a las víctimas de ataques con ‘drones’ acceso a la justicia y a otro tipo de reparación. Las autoridades de Pakistán, Australia, Alemania y Reino Unido también deben investigar a todas las autoridades e instituciones sospechosas de estar implicadas en ataques con ‘drones’ estadounidenses o en otros abusos cometidos en las zonas tribales que puedan constituir violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Mustafa Qadri.
“Las autoridades paquistaníes deben desvelar información sobre todos los ataques con aviones no tripulados estadounidenses que hayan documentado, y deben revelar qué medidas han tomado o van a tomar para ayudar a las víctimas de esos ataques.”
El informe documenta asimismo la falta de protección, por parte de Pakistán, de los derechos humanos de la población de Waziristán Septentrional. Los abusos sufridos van desde muertes, heridas y desplazamiento de residentes a causa de bombardeos del ejército, hasta la ausencia de mecanismos de justicia y la falta de asistencia médica adecuada.
Las autoridades paquistaníes tienen un pésimo historial respecto a hacer que miembros de Al Qaeda, talibanes y otros autores de abusos contra los derechos humanos cometidos en la región comparezcan ante la justicia en juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte.
Amnistía Internacional pide:
A las autoridades estadounidenses que:
* revelen públicamente los hechos y la base jurídica respecto a los ataques con “drones” lanzados en Pakistán, e informen sobre cualquier posible investigación sobre los homicidios causados por “drones” estadounidenses;
* garanticen que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos los casos en los que existan motivos razonables para creer que los ataques con “drones” han dado lugar a homicidios ilegítimos;
* lleven a los responsables de ataques ilegítimos con “drones” ante la justicia, en juicios públicos y justos, sin recurrir a la pena de muerte;
* garanticen que las víctimas de ataques ilegítimos con “drones”, incluidos los familiares de las víctimas de homicidios ilegítimos, tienen acceso efectivo a la justicia, la indemnización y otros tipos de reparación.
A las autoridades paquistaníes que:
* proporcionen acceso adecuado a la justicia y la reparación a las víctimas de ataques de “drones” estadounidenses y ataques de las fuerzas paquistaníes, y pidan a las autoridades estadounidenses reparación y otros remedios por los ataques de “drones”;
* lleven ante la justicia, en juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte, a los responsables de homicidios ilegítimos y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en Waziristán Septentrional. Esto debe incluir los ataques con “drones” estadounidenses, los ataques de las fuerzas armadas paquistaníes y los ataques de grupos como Al Qaeda o los talibanes;
* hagan pública la información sobre todos los ataques con “drones” estadounidenses de los que las autoridades paquistaníes tengan conocimiento, incluidas las bajas causadas y toda la asistencia proporcionada a las víctimas.
A la comunidad internacional que:
* se oponga a los ataques con “drones” estadounidenses y otros homicidios que violen el derecho internacional, e inste a Estados Unidos y a Pakistán a adoptar las medidas antes expuestas. Los Estados deben formular protestas oficiales y pedir la reparación establecida en el derecho internacional cuando Estados Unidos u otros Estados hagan uso ilegítimo de fuerza letal;
* se abstenga de participar de modo alguno –lo cual incluye compartir información o permitir el uso de instalaciones– en ataques con “drones” estadounidenses que violen el derecho internacional.
