El día 30 de octubre, todos los directores de las diferentes secciones americanas de Amnistía Internacional, escribieron una carta a Senadores paraguayos, exigiendo la restitución de las tierras ancestrales de la comunidad indígena Sawhoyamaxa y el cabal cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra el Estado paraguayo en 2006.
Tras más de dos décadas de lucha, durante las cuales la comunidad indígena ha permanecido en la extrema pobreza, el Poder Ejecutivo presentó, el 14 de agosto de 2013, un proyecto de ley para la expropiación de las tierras de la comunidad. Dicho proyecto de ley está siendo analizado por el Senado. Actualmente, estas tierras son ocupadas por un particular, que se ha negado a negociar la venta de las 14.404 hectáreas que le corresponden a los Sawhoyamaxa.
El Poder legislativo, como uno de los Poderes del Estado, tiene en estos momentos un rol crucial que llevar adelante en el reconocimiento de los derechos a esta comunidad y en el cumplimiento con las obligaciones internacionales de Paraguay. De prevalecer la situación actual de la comunidad, el Estado seguiría violando los derechos de los Sawhoyamaxa.
Amnistía Internacional, junto con Tierraviva, trabaja a favor de la restitución territorial de tres comunidades indígenas, cuales son Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xámok Kásek, que todas pertenecen al pueblo Enxet y todas cuentan con sentencias en su favor de la Corte IDH. Paraguay es el único país que cuenta con tres sentencias en su contra por violar el derecho a la propiedad colectiva de comunidades indígenas. Las sentencias incluso declaran que Paraguay ha violado el derecho a la vida ya que un número importante de integrantes de la comunidad han fallecido por la falta de atención adecuada en materia de salud, por no tener acceso a agua potable, ni alimentos suficientes.
Por años el Estado llevó adelante un proceso de negociación para la compra de las tierras actualmente tituladas a favor de dos empresas privadas vinculadas a un particular. Sin embargo, las negociaciones no han prosperado. Ante esta situación, el pasado 14 de agosto el Poder Ejecutivo decidió recurrir a la última vía posible para el cumplimiento de la sentencia, cual es la expropiación de las tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa. Con este proyecto de expropiación, el Estado adquiriría 14.404 hectáreas pertenecientes al hábitat tradicional de la comunidad y procedería a indemnizar al propietario.
Los/as diferentes directores/as de Amnistía Internacional reiteraron que el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH es una obligación del Estado comprometida por instrumentos internacionales. El hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas no es motivo suficiente para denegar el derecho de la comunidad Sawhoyamaxa a recuperar sus tierras ancestrales. Lo mismo fue aclarado en la sentencia de la Corte IDH. Al igual que ocurre en casos similares, el derecho a las tierras ancestrales es vital para la supervivencia de la comunidad Sawhoyamaxa, cuyo sustento de vida está basado en actividades tradicionales como la caza, la pesca y recolección de miel y frutas.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
Sawhoyamaxa:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf
