Amnistía recibe el Nobel de la Paz por »Contribuir a afianzar la libertad, la justicia y, con ello, también la paz en el mundo», Este premio reconoce el trabajo y la determinación de los simpatizantes de Amnistía en todo el mundo.

Referentes a los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa en el marco del cumplimiento de las sentencias recaídas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se dio inicio de la entrega de los Premios Peter Benenson. El primer premiado fue Julio Fretes (+), por su lucha en favor de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ver aquí todos los premiados/as: https://amnesty.org.py/premios-peter-benenson/

En enero de 2012, luego de 6 años y 7 meses de haber sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Paraguay asegura 12.312 hectáreas de tierras para Yakye Axa. Aunque el inmueble entregado no fue el reivindicado inicialmente, la comunidad aceptó la propuesta del Estado de recibir otras tierras puesto que las mismas forman parte del territorio Enxet y bajo el compromiso estatal de la construcción de un camino público y de todo tiempo, en atención que no había acceso terrestre a dichas tierras. Lamentablemente, a la fecha, aún está pendiente la finalización de la construcción del camino para ingresar a las nuevas tierras.

El 11 de junio de 2014, el Presidente de la República del Paraguay, promulga la ley 5194 que declara de interés social y expropia las 14.404 hectáreas de tierras a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, posterior a una campaña internacional, sin precedentes para el país, sobre la obligación del Estado paraguayo de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH.

En este año, Amnistía Internacional lanza su informe de investigación: “Una receta para criminalizar: Personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”, que devela un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos por el cual los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Tras seis años de lucha por la justicia en este terrible caso, el 27 de julio de 2018, celebramos la absolución de 11 personas campesinas acusadas injustamente de la muerte de seis policías, en uno de los casos que más ha conmocionado a la sociedad paraguaya y la comunidad internacional. La sentencia de la Corte es un triunfo importante para los derechos humanos en Paraguay. Sin embargo, aún queda pendiente el deber de las autoridades paraguayas de garantizar justicia, verdad y reparación por las muertes de 11 campesinos que se han negado a investigar, así como continuar con la investigación por la muerte de los seis policías.

Amnistía Internacional junto al equipo Diversxs Alto Paraná, que promueve los derechos humanos de personas LGBTIQ+ presentó ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Inconstitucionalidad contra la Resolución 036/19 de la Junta Municipal de la ciudad de Hernandarias que declaró Pro Vida – Pro Familia a esa ciudad y contra la Resolución 3076/19 de su Intendencia Municipal, que violó el derecho a la reunión, a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica, entre otros, de manifestantes LGTBI, en la mencionada ciudad.

Esta acción tiene como objetivo que sus documentos personales reflejen el nombre con el cual se identifican, recurriendo para ello al procedimiento establecido en leyes de carácter general que disponen la posibilidad de Cambio de Nombre para cualquier persona que así lo solicite.

En plena pandemia, con un duelo social a cuestas, Amnistía Internacional junto a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y la Coordinadora de Derechos Humanos, lanzan un Manifiesto por el Derecho a la Salud requiriendo la participación ciudadana en la construcción de un Sistema de Salud Público, Universal, Gratuito, Integral, de Calidad con activa participación ciudadana y sostenido con recursos públicos basados en criterios de justicia tributaria.

El Informe «Mitakuña Ndaha’eiva’erã Sy», que revela un laberinto de violencia sexual para niñas en Paraguay, es declarado de Interés Nacional por el Senado paraguayo.

Los casos de Yren Rotela y Mariana Sepúlveda son elegidos para la campaña internacional Escribe por Derechos. Estas dos mujeres trans, desde el 2016 se encuentran con peticiones judiciales pendientes de resolución, relacionadas al cambio de su nombre legal, que recogen la identidad de género autopercibida. 

Más 145.000 personas apoyaron la petición para el cambio de sus nombres.

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia culminó y aprobó el Programa Nacional de Prevención y Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, una de las recomendaciones de nuestro Informe Son #NiñasNoMadres.

En el marco del análisis de un proyecto de ley en estudio en Paraguay, Amnistía Internacional elabora un completo análisis de reflexión sobre las políticas de género.

Informe “La Deuda de la Salud”, una investigación que analiza la garantía del derecho a la salud en Paraguay a partir de la situación del sistema público sanitario. Este informe, revela que Paraguay es uno de los países más caros para enfermarse y que la precariedad del sistema público de salud es una decisión política que puede y debe cambiarse.

En el marco de un análisis de un proyecto de ley en estudio en Paraguay, Amnistía Internacional elabora un completo análisis de reflexión sobre la reducción del espacio cívico.