Con motivo del la próxima celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre), Amnistía Internacional ha recordado cómo, en numerosos casos, se niega justicia a mujeres condenadas a muerte que, antes del delito por el que fueron condenadas, sufrieron de manera prolongada violencia y abusos tanto físicos como sexuales, que, a su vez, dieron lugar al delito en cuestión.
“Muchas mujeres han sido declaradas culpables y condenadas a muerte en juicios muy deficientes e injustos que, a menudo, incumplen el debido proceso y no tienen en consideración factores atenuantes, como son los abusos, los actos de violencia y las agresiones sexuales de manera continuada”, ha afirmado Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
“Al condenar a estas mujeres a muerte, los sistemas de justicia del mundo no sólo perpetúan un castigo aberrante y cruel, sino que también hacen pagar a las mujeres la falta de medidas de las autoridades para combatir la discriminación. Además, los casos que conocemos no son más que la punta del iceberg, dada la ausencia de transparencia existente sobre el empleo de la pena de muerte”.
En numerosos casos, la pasividad de las autoridades a la hora de tomar medidas sobre denuncias y prácticas discriminatorias concretas ha dado lugar a una cultura de abusos que las mujeres condenadas a muerte han tenido que soportar previamente, con lo que, luego, sufren una segunda discriminación en el sistema de justicia penal.
La sudanesa Noura Hussein Hamad Daoud fue condenada a muerte en abril de 2017 por el asesinato del hombre con el que fue obligada a casarse a la edad de 16 años. Tras haber contraído matrimonio a la fuerza y haberse trasladado, por obligación, al domicilio de él tres años después, su esposo la golpeaba y violaba, inmovilizándola, con ayuda de dos de sus hermanos y un primo. Amnistía Internacional y otras organizaciones hicieron campaña en defensa de Noura hasta que, finalmente, su pena fue conmutada. Sin embargo, otras mujeres no han tenido tanta suerte.
En 2018, Amnistía Internacional documentó la ejecución de la kurda Zeinab Sekaanvand en Irán. Zeinab se casó siendo una niña y soportó años de violencia sexual a manos de su esposo y su cuñado, hasta que fue detenida a los 17 años, acusada del asesinato de su esposo y, posteriormente, declarada culpable en un juicio manifiestamente injusto.
En algunos países, como Ghana, la pena de muerte preceptiva para ciertos delitos, como el de asesinato, ha impedido a algunas mujeres alegar experiencias de violencia de género y discriminación como factores atenuantes de la condena. En Malasia, la mayoría abrumadora de las mujeres condenadas a muerte —y sobre todo, las extranjeras— han sido declaradas culpables de tráfico de drogas, delito castigado, de manera preceptiva, con la pena capital.
“Al terminar el año pasado, 108 países habían abolido por completo la pena de muerte. Afortunadamente, el mundo está dando la espalda a la idea de que los Estados pueden negar el derecho a la vida. Aun así, seguiremos haciendo campaña por la erradicación de la pena de muerte hasta que todos los países la hayan abolido. Si trabajamos de manera conjunta, podremos contribuir a que este cruel castigo pase a los libros de historia para siempre”, ha declarado Rajat Khosla.
En el Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional insta a actuar en apoyo de una propuesta legislativa de Ghana, que aboliría la pena de muerte para la mayoría de los delitos. Para ello, la organización insta a escribir al presidente del Parlamento de Ghana o a su ministro de Justicia, a hacer correr la voz utilizando la etiqueta #Ghanavoteforabolition y a ponerse en contacto con parlamentarios o parlamentarias locales.
