Los pueblos indígenas de la Amazonía y de toda América tenemos siglos de experiencia frente a amenazas mortales. Desde hace más de 500 años enfrentamos invasiones, la pérdida de nuestros territorios ancestrales, discriminación étnica y socioeconómica que resulta en desalojos, enfermedades, muertes y la amenaza constante de exterminación cultural y física.
Durante décadas, grandes empresas y gobiernos nos han ofrecido lo que llaman “desarrollo económico” a cambio de la extracción de recursos naturales irremplazables. En realidad, aquellas prácticas sin control nos han esclavizado y han contaminado nuestros territorios, cuyo hábitat es de vital importancia no solo para los pueblos que en ella convivimos, sino para todo el planeta.
Nuestro hogar, la Amazonia, no solo aporta significativamente al producto interno bruto de muchos países de la región, sino que contribuye con la mayor cantidad de oxígeno para el mundo. Sin embargo, los pueblos que la protegemos somos privados de derechos fundamentales como servicios básicos, educación y salud.
Uno de los ejemplos más recientes de estos abusos tuvo lugar el 7 de abril. Mientras el mundo intentaba comprender cómo la nueva pandemia de coronavirus estaba cambiando la vida en las ciudades, muchas comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana se quedaron sin agua luego del colapso de las bases y las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano y el Oleoducto de Crudos Pesados.
El inmenso derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, ubicado en el límite entre las provincias amazónicas Napo y Sucumbíos, ha puesto en evidente peligro a las comunidades que allí viven y del que dependen. Sin ríos donde pescar, se han quedado sin su fuente principal de alimentación. Sin agua, sobrevivir se ha convertido en una batalla diaria.
Las empresas petroleras responsables del derrame han entregado algunas raciones de alimentos y botellones de agua, pero ni ellas ni el Gobierno han acordado acciones a largo plazo que puedan garantizar la vida y salud de quienes viven en la zona. Mientras la Organización Mundial de la Salud aconseja lavarse las manos como la principal forma de prevención ante la pandemia, las comunidades afectadas apenas cuentan con un poco de agua para beber.
La experiencia de Ecuador no es única
A las amenazas que representan las actividades extractivas que operan sin control a través de hidroeléctricas, petroleras, mineras y madereras, hoy se suma la pandemia de la covid-19.
Para responder a este nuevo peligro, los gobiernos de América Latina han replicado los mismos patrones históricos frente a las problemáticas de los pueblos indígenas: indiferencia, inacción e imposición. En algunos casos donde sí se ejecutan acciones, se formulan y aplican políticas de salud que no respetan la diversidad cultural y no se asignan presupuestos específicos para la atención de los pueblos indígenas.
Pero las comunidades y organizaciones indígenas de la cuenca amazónica no nos hemos quedado esperando ayuda que sabemos que nunca llegará. En primera instancia, hemos apelado a los gobiernos y organismos internacionales a la acción y el diálogo, a través de cartas, pronunciamientos y levantamiento de datos para alertar sobre la grave situación que nos encontramos viviendo los pueblos indígenas, frente al alarmante incremento de contagios y muertes en el territorio amazónico.
No tomar acción ya no es una opción, si no actuamos ahora, seremos testigos de un etnocidio
Se han planteado canales de comunicación con diversas autoridades nacionales y locales para acordar modos de gestión conjunta, para garantizar que quienes lo necesitan puedan acceder al cuidado que requieren de manera oportuna. Sin embargo nuestras demandas hasta el momento no han sido escuchadas. Por ello y conforme nuestros principios como pueblos indígenas, hemos generado protocolos propios de atención, planes de emergencia y acción teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad.
En algunos casos, por ejemplo, nos organizamos para limitar y controlar la entrada y salida a las comunidades, además se ha incrementado y masificado el uso de medicina ancestral, se han generado campañas propias de información y cuidados, y, se han conformado grupos específicos de ayuda, que coordinan la distribución de medicinas y alimentos para los sectores más afectados.
Ante la inacción de los gobiernos para atender nuestras necesidades, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) lanzó una campaña para recaudar fondos de emergencia. El Fondo tiene el objetivo de recolectar y canalizar el 100% de los recursos a las comunidades indígenas de los nueve países de la Cuenca Amazónica que enfrentan la emergencia por la covid-19.
Las decisiones sobre subvenciones y gobernanza del Fondo son realizadas bajo estricta coordinación y comunicación por un Consejo de Gobierno que incluye líderes indígenas de la COICA y de sus organizaciones miembros, y en menor medida de representantes de las organizaciones sociales participantes, donantes y asesores. Todo lo recaudado está siendo destinado completa y exclusivamente a las comunidades que más lo necesitan a través de la dotación de kits de alimentos e insumos médicos y de protección. Este Fondo significa un salvavidas para muchas comunidades indígenas, pero no es suficiente.
En el contexto de una pandemia que probablemente siga extendiéndose en el tiempo, necesitamos diálogo y acción, para que se formulen y ejecuten políticas de salud culturalmente adecuadas, con planes y presupuestos destinados específicamente a la atención de los pueblos indígenas. Este es el único camino posible si es que los gobiernos realmente quieren cuidar a los protectores del planeta. No tomar acción ya no es una opción, si no actuamos ahora, seremos testigos de un etnocidio. Amazonia viva, humanidad segura.
Por Nadino Calapucha, Comunicación COICA (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)
