En las Américas, millones de personas viven en países que probablemente entren en la fase más mortal de la pandemia de COVID-19 en las próximas semanas. El personal médico, de enfermería, de la limpieza de hospitales y residencias de ancianos, del transporte médico y de seguridad, que trabaja prestando asistencia a las personas afectadas por la COVID-19, está poniendo su salud y su seguridad en peligro. Aunque el esfuerzo que están haciendo es hercúleo, no se debe pensar que estas personas son “sobrehumanas”. Durante esta pandemia, es esencial respetar sus derechos humanos. Toda persona que trabaje en primera línea en los servicios de salud merece que se respeten sus derechos a la salud y a la seguridad en el trabajo, a no sufrir hostigamiento ni discriminación y a expresar sus opiniones sin ser silenciada.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes sobre hostigamiento y medidas disciplinarias contra personas que han denunciado sus precarias condiciones de trabajo –incluida la falta de equipo médico y de protección suficiente– en Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, Venezuela y México, entre otros países. A muchos trabajadores y trabajadoras que han expuesto sus motivos de preocupación, les han reducido el sueldo, acosado y discriminado en su lugar de trabajo o, en algunos casos, despedido. Estas personas están defendiendo el derecho a la salud frente a esta pandemia, y se les debe garantizar la libertad de expresarse, de denunciar anomalías y de reclamar sus derechos sin temor a sufrir represalias.
Amnistía Internacional ve también con alarma las denuncias que recibe sobre el hostigamiento, la estigmatización y los ataques que sufren los trabajadores y trabajadoras de la salud en toda la región. Es completamente inaceptable que personas y comunidades nieguen el transporte, avergüencen en el seno de la comunidad, agredan e incluso amenacen de muerte a trabajadores y trabajadores del sector de la salud. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que condenen públicamente todo intento de silenciar, discriminar o atacar a trabajadores y trabajadoras de la salud y que investiguen toda denuncia de amenazas o agresión y hagan rendir cuentas a los responsables cuando sea necesario.
Los sistemas de salud de las Américas encuentran numerosas dificultades para afrontar la pandemia. La región de América Latina y el Caribe es una de las que menos gasto en salud (pública y privada) per cápita tienen, según cifras de Naciones Unidas. Es también una región lastrada por desigualdades muy arraigadas. En muchos casos, los sistemas de salud estaban ya en situación crítica y no prestaban atención adecuada a todas las personas que la necesitaban, por lo que las organizaciones internacionales habían hecho sonar las alarmas ante la preocupación humanitaria que suscitaba el acceso a la salud en varios países de la región. Esta preocupación se ha exacerbado ahora. Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias de personal médico, de enfermería y de servicios auxiliares de países de toda la región que, aunque atiende a pacientes de COVID-19, no tiene acceso adecuado a equipo de protección personal o, peor aún, al que se le niega la protección o se le aplican sanciones disciplinarias si lo utiliza. Los Estados de las Américas deben realizar una evaluación urgente de su capacidad para garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud tienen acceso a equipo de protección personal adecuado, y solicitar de inmediato la asistencia de la comunidad internacional si observan carencias o no pueden garantizar las medidas de protección necesarias.
Es importante recordar que todos los países de las Américas son signatarios y, en la mayoría de los casos, Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado de derechos humanos vinculante, que consagra el derecho a la seguridad en el trabajo en su artículo 7 y el derecho a la salud en su artículo 12. Además, todos los países de la región son miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en este sentido han suscrito una importante serie de principios y compromisos básicos y, en algunos casos, han ratificado convenios clave de la OIT que los obligan a proteger los derechos de todas las personas, incluidos los trabajadores y trabajadoras de la salud, en el trabajo.
Por último, con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo, Amnistía Internacional recuerda a los países de las Américas que deben protegerse los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud y de los servicios auxiliares. Los países deben garantizar que todas las personas que trabajan en primera línea frente a la pandemia tienen acceso a su derecho al trabajo y a sus derechos en el trabajo, así como al derecho a seguridad social. Sin protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en las Américas, quienes trabajan en primera línea, todas las demás personas corren un mayor riesgo frente a la pandemia de COVID-19.
