Enfrentados a una pandemia sin precedentes, los gobiernos de las Américas han empezado a responder al COVID-19 de diversas maneras, que van desde declarar estados de emergencia hasta imponer prohibiciones de viaje o aplicar cuarentenas. Hay mucho en juego, y la manera en que los gobiernos respondan a esta pandemia podría determinar el futuro de millones de personas.
Los gobiernos son en última instancia responsables de proteger a la población y sus derechos humanos pero, en las Américas, en muchos casos no lo han hecho. La profunda desigualdad, la discriminación estructural, la tendencia a recurrir a la represión policial, la censura, sistemas de salud pública insuficientemente dotados de recursos, y salvaguardias inadecuadas respecto a seguridad social y empleo, son muy anteriores al brote de COVID-19 en la región.
Los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las personas, sin discriminación. Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre el tipo de medidas de salud pública que los gobiernos deben tomar durante la pandemia de COVID-19, y reconoce que los Estados pueden imponer ciertas restricciones a algunos derechos humanos para proteger la salud pública.
La población de todas las Américas está preocupada, y espera que los gobiernos reaccionen con decisión. En Amnistía Internacional también creemos que las autoridades de toda la región deben mostrar liderazgo y deben hacerlo dando prioridad a los derechos humanos y absteniéndose de abusar de su poder en medio de esta emergencia.
A continuación, exponemos una lista preliminar de lo que todos los gobiernos deben y no deben hacer durante estos tiempos difíciles.
NO DISCRIMINAR
En una región históricamente caracterizada por profunda desigualdad y discriminación estructural, las autoridades deben garantizar que las respuestas al COVID-19 no refuercen discriminación de ningún tipo.
Los principios de igualdad y no discriminación contenidos en distintos instrumentos de derechos humanos han de seguir siendo parte esencial de todas las respuestas gubernamentales al COVID-19.
Aunque el COVID-19 es un desafío nuevo para todo el mundo, la evidencia de esfuerzos previos para prevenir la propagación de enfermedades, como el VIH/sida, muestran claramente que el estigma y la discriminación socavan las respuestas de salud pública. Cualquiera que sea la respuesta de los gobiernos al COVID-19, en ella no hay cabida para acciones o lenguaje discriminatorios por parte de las autoridades del Estado. Muchos países de la región han ratificado al menos un tratado que los obliga a respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud. El principal de estos tratados es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 garantiza “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
Además, el derecho a no sufrir discriminación (protegido en diferentes instrumentos de derechos humanos) es una obligación inmediata y transversal y se aplica al ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional.
El derecho y las normas internacionales de derechos humanos también disponen que el acceso a atención de la salud, lo cual incluye cualquier vacuna y cura desarrolladas para el COVID-19 en el futuro, debe estar disponible en cantidad suficiente y debe ser accesible y asequible para todas las personas, sin discriminación.
Toda propuesta de separar o aislar a personas con COVID-19 debe ser legítima, necesaria y proporcionada, y no debe discriminar a las personas en función de su origen étnico, entorno socioeconómico, raza, orientación sexual, identidad de género, religión, ciudadanía, condición migratoria o cualquier otra categoría.
NO DEJAR ATRÁS A LOS GRUPOS MARGINADOS Y A QUIENES MÁS RIESGO CORREN
En un tiempo en el que se está pidiendo a poblaciones de todo el mundo que permanezcan en sus casas y adopten medidas de prevención para controlar la propagación del COVID-19, millones de personas de las Américas se han visto obligadas a huir de su país.
La actual crisis de derechos humanos de Venezuela ha provocado que más de 4,9 millones de personas abandonen el país: se han convertido en la segunda población refugiada más grande del mundo, después de Siria.
La mayoría de las personas refugiadas venezolanas están acogidas en las Américas, a menudo sin protección internacional y, en algunos países, con empleos informales mal pagados y viviendo en alojamientos inseguros o temporales.
Mientras tanto, ciudadanos y ciudadanas de Honduras, Guatemala y El Salvador siguen viajando a través de México en un intento de llegar a Estados Unidos, huyendo de la violencia generalizada que predomina en sus países de origen. Y al menos 100.000 personas han huido de la actual crisis de derechos humanos de Nicaragua. Muchas de ellas viven en Costa Rica, donde el acceso a procedimientos de asilo y servicios básicos sigue siendo muy difícil.
A medida que el COVID-19 sigue propagándose, la Organización Mundial de la Salud y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han señalado que las personas solicitantes de asilo y refugiadas, las personas desplazadas y las que viven en campos de refugiados corren un mayor riesgo; las dos organizaciones han proporcionado orientación técnica a los gobiernos que debe tenerse en cuenta al responder a la COVID-19.
Aunque los Estados pueden poner en marcha en condiciones específicas medidas tales como controles de salud o cuarentenas de personas que buscan protección internacional, no deben prohibir a nadie pedir asilo y no deben devolver a nadie a países donde puedan correr peligro. Tampoco puede usarse la pandemia de COVID-19 para justificar una erosión adicional de las obligaciones internacionales contraídas por los Estados respecto a proteger a las personas que huyen en busca de seguridad, ni como excusa para discriminarlas.
Los pueblos indígenas, incluidos los que viven en aislamiento voluntario, las comunidades afrodescendientes y las poblaciones rurales también necesitan protecciones especiales. Muchas de estas comunidades viven en condiciones precarias, lo que las hace más vulnerables a algunas enfermedades. Históricamente, su acceso a la atención médica ha oscilado entre desigual e inexistente.
Es preciso respetar los territorios de los pueblos indígenas, y debe tomarse seriamente en consideración la suspensión de algunos megaproyectos, evitando que el personal de las empresas acceda a los territorios indígenas durante las cuarentenas. Otras comunidades rurales situadas de manera similar, así como las personas que viven en zonas marginadas como las “favelas”, también pueden necesitar la misma protección especial.
Además, en una región en la que muchas personas pasan largos periodos en detención preventiva, y en países como Cuba y Venezuela, donde activistas, incluyendo activistas políticos, y defensores y defensoras de los derechos humanos son encarcelados de forma habitual exclusivamente a causa de sus convicciones, las personas detenidas (que no tienen más opción que vivir en estrecha proximidad con otras) también deben recibir protección y acceso a atención médica ante el COVID-19, sin discriminación.
Todos los presos y presas de conciencia deben ser puestos de inmediato en libertad, y debe considerarse seriamente la liberación anticipada o condicional de las personas presas en situación de especial riesgo, como las de mayor edad o las que padecen enfermedades graves, incluidas las que tienen el sistema inmunológico debilitado.
NO RECURRIR A LA REPRESIÓN O AL
USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA AL EJERCER LABORES DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA QUE REQUIEREN RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN O PRIVACIÓN DE LIBERTAD
En 2019, en las Américas, las autoridades utilizaron de forma habitual la represión, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso innecesario o excesivo de la fuerza, para silenciar el descontento ciudadano.
Durante 2019, los gobiernos de la región han declarado a menudo “estados de emergencia” o “estados de excepción”, y los han utilizado para controlar la disidencia y socavar los derechos de las personas, por ejemplo en Chile, Ecuador y Bolivia.
Mientras los países de todo el mundo empiezan a desplegar personal militar y otros oficiales de fuerzas de seguridad para controlar medidas de salud tales como las cuarentenas, los toques de queda, el “distanciamiento social” o las restricciones de viajar, los gobiernos de las Américas deben evitar recaer en esta tendencia de uso excesivo de la fuerza.
La tortura y otros malos tratos, también habituales en las Américas, a menudo durante detenciones arbitrarias u otras privaciones de libertad, están absolutamente prohibidos en todas las circunstancias, y no pueden nunca justificarse, ni siquiera en emergencias nacionales.
NO CENSURAR O LIMITAR EL ACCESO A INFORMACIÓN BASADA EN DATOS O MEDIDAS DE PREVENCIÓN
En 2019, las Américas seguían siendo la región más peligrosa del mundo para periodistas y para quienes defienden los derechos humanos.
A medida que se intensifica la respuesta al COVID-19, los profesionales de la medicina, la enfermería y otras áreas de la salud están en primera línea de esta epidemia, y siguen prestando servicio a pesar del riesgo personal para ellos y sus familias. Han empezado a reportarse casos de profesionales de la salud que han sido silenciados en algunos países cuando han tratado de compartir información sobre la pandemia.
Todas las personas y comunidades afectadas tienen derecho a información clara, accesible, oportuna y relevante sobre la naturaleza y el grado de la amenaza a la salud, a información sobre las posibles medidas que se tomen para mitigar los riesgos, a información de alerta temprana sobre las posibles consecuencias futuras y a información sobre las iniciativas de respuesta en curso.
Cuando las respuestas de los Estados al COVID-19 se basan en restricciones de la información, falta de transparencia y censura, corren el riesgo de que a la gente le resulte más difícil tomar medidas adecuadas para protegerse de la infección.
Las autoridades deben garantizar que los profesionales de la salud, los especialistas en salud pública, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden realizar su trabajo y proporcionar acceso rápido a información exacta y basada en datos sobre la pandemia a medida que ésta se desarrolla.
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y LA SEGURIDAD SOCIAL
En 2019, el descontento y las protestas generalizados estuvieron a menudo impulsados por el hecho de que Latinoamérica y el Caribe seguía siendo la región más desigual, y al mismo tiempo más violenta, del mundo, según estimaciones de la ONU.
La pobreza en la región volvió a aumentar en 2019 (se calculaba en 31%, según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe – CEPAL), la desigualdad siguió disminuyendo, pero no a un ritmo significativo, y el crecimiento económico era casi inexistente (0,1%, según CEPAL).
En Latinoamérica y el Caribe hay unos 140 millones de personas empleadas en el sector informal, según la Organización Internacional del Trabajo. Puesto que la respuesta al COVID-19 ha requerido cuarentenas en contextos en los que las protecciones laborales y los sistemas de bienestar son débiles, muchos trabajadores y trabajadoras informales y con ingresos bajos temerán por sus medios de sustento, sus empleos y sus salarios, porque no pueden trabajar.
Podrían correr el peligro de perder suministros básicos como alimentos y artículos de salud e higiene.
A consecuencia de ello, a estas personas también les puede resultar más difícil protegerse frente a la exposición al COVID-19 si no pueden permitirse cuidados preventivos, como desinfectantes, o si la pérdida del empleo da lugar a desalojos a causa de los atrasos en el pago del alquiler o la hipoteca.
Los gobiernos de toda la región deben aprovechar esta oportunidad para tomar medidas dirigidas a ampliar el acceso a la seguridad social —incluidas la baja por enfermedad, la atención de la salud y la baja parental— para las personas que no puedan trabajar debido al COVID-19: por ejemplo, si están enfermas o en cuarentena, o tienen que cuidar de personas dependientes que se vean afectadas, incluidos los niños y las niñas debido al cierre de colegios.
Esto es especialmente importante para los trabajadores y trabajadoras que
viven al día, y las personas que no pueden trabajar desde su casa durante los periodos de cuarentena, como las que realizan trabajo como cuidadores o cuidadoras, trabajos manuales, trabajo rural o trabajo doméstico. Las trabajadoras y los trabajadores sexuales y otros grupos tradicionalmente marginados y estigmatizados también deben tener acceso a seguridad social y protecciones sociales.
Además, se deben respetar y proteger los derechos de las personas sometidas a cuarentena, y se deben satisfacer sus necesidades básicas, como cobijo, alimentos, agua y saneamiento adecuados, ya que esas salvaguardias en materia de derechos humanos apoyarán las medidas de salud pública.
GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA, SANEAMIENTO Y ATENCIÓN MÉDICA ADECUADOS PARA TODAS LAS PERSONAS, Y PARTICIPAR EN COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONALES
Muchas comunidades de las Américas no tienen acceso a agua corriente y jabón, no hablemos ya de desinfectantes, y probablemente se enfrentarán a obstáculos adicionales para poder protegerse adecuadamente contra el COVID-19.
En algunos países en los que hay crisis humanitarias y de derechos humanos, o que cuentan con sistemas de salud y protección social muy débiles, la gente podría encontrarse con dificultades aún mayores ante el COVID-19.
Por ejemplo, en Haití, el país más pobre del hemisferio, seis millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza en 2019, según el Banco Mundial.
De igual modo, en Venezuela, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, siete millones de personas necesitaron ayuda humanitaria el año pasado, y la grave escasez de servicios básicos de salud y medicamentos —unida al éxodo del personal médico— afectó gravemente al acceso de la población a la atención médica. Las autoridades no han publicado datos epidemiológicos desde 2017. Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay estarán recibiendo ayuda especial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a causa de la debilidad de sus sistemas de salud.
En estas circunstancias, es más urgente la necesidad de cooperación y asistencia internacionales, y es aún más importante que la comunidad internacional responda con rapidez.
GARANTIZAR UN ENFOQUE DE GÉNERO
La violencia de género está tan extendida en Latinoamérica y el Caribe que es considerada tanto un problema de derechos humanos como un problema global de salud de proporciones epidémicas por parte de la OMS.
Al menos 3.500 mujeres fueron asesinadas a causa de su género en 10 países de Latinoamérica y el Caribe en 2018, según el Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL.
Al responder al COVID-19, los gobiernos deben tener en cuenta que medidas como la cuarentena, el toque de queda y las restricciones de viajar podrían poner a mujeres y niñas en un mayor riesgo de sufrir violencia a manos de sus parejas y limitar su acceso a apoyo. Los Estados deben tomar medidas para mitigar estos riesgos.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Latinoamérica y el Caribe tenía el año pasado el segundo índice más alto de embarazo de adolescentes en el mundo, y las mujeres y niñas de la región se enfrentan a limitaciones generalizadas del acceso a atención de la salud sexual y reproductiva, incluidos anticonceptivos y un aborto seguro.
Puesto que un aumento de los casos de COVID-19 podría someter a presión
a unos sistemas de salud pública ya de por sí frágiles, las mujeres y niñas embarazadas podrían enfrentarse a limitaciones aún mayores del acceso a la atención médica, y a un mayor riesgo de mortalidad materna. Los Estados deben elaborar planes para garantizar el acceso a atención materna de emergencia y mitigar los impactos adversos. Las mujeres son las principales cuidadoras, por lo que su situación debe ser tenida en cuenta en tiempos de cuarentena.
PROTEGER EL DERECHO DE LAS PERSONAS A LA PRIVACIDAD
La evidencia y las buenas prácticas implementadas en otras epidemias muestran que las infracciones del derecho a la privacidad por parte de
las autoridades gubernamentales o los profesionales de la salud, o las percepciones de dichas infracciones, socavan las respuestas de salud pública al hacer que la gente tenga miedo de realizarse pruebas, acceder a servicios o salir a la luz en general.
Aunque los gobiernos pueden implementar medidas para recopilar información epidemiológica, los Estados deben proteger la información personal de los pacientes y su dignidad, y toda medida de vigilancia o seguimiento debe demostrar que es legítima, necesaria, proporcionada y no discriminatoria.
Conclusiones
La crisis del COVID-19 afecta a todas las personas, pero no a todas de la misma manera. La crisis revela cómo las diferentes formas de exclusión, desigualdad y violaciones de derechos humanos están interconectadas.
Pero también brinda a los gobiernos de la región la oportunidad de hacer los cambios radicales necesarios para convertirnos en la sociedad que queremos ser.
El primer paso es reconocer que la salud y la seguridad social son derechos humanos a los que se debe dar prioridad. A menudo, la importancia que los gobiernos dan a una cuestión se ve en su presupuesto.
Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones con la inversión más baja en salud (pública y privada) por habitante. En los 23 países analizados por CEPAL en su Panorama Social de 2019, el gasto promedio del gobierno central en sistemas de salud era del 2,4% del PIB. Esto contrasta con las disposiciones de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018–2030, que establecía que para conseguir un sistema de salud universal era necesario lograr “un gasto público destinado a la salud de por lo menos el 6% del PIB”.
Dentro de la región también hay enormes discrepancias. La prioridad presupuestaria otorgada a la protección social por Centroamérica, República Dominicana y México juntos es menos de un tercio que la de Sudamérica, también según CEPAL. Y, en cada país, también hay enormes disparidades, especialmente entre las personas que acceden a sistemas privados o públicos de atención médica.
En lo que respecta al gasto en seguridad social (otro derecho humano en juego en esta crisis), puede trazarse una imagen similar.
Está por ver si los dirigentes de las Américas están a la altura: ¿garantizarán protecciones para todas las personas que las necesiten, de manera que nadie quede atrás? ¿Aprovecharán esta oportunidad para empezar a resolver las profundas desigualdades estructurales
y la falta de priorización de los derechos sociales? ¿Pondrán los derechos humanos de las personas en primer lugar?
La manera en que los Estados resuelvan el acceso universal a derechos humanos como la salud y la seguridad social durante esta crisis, y la manera en que respeten otros derechos humanos en estos tiempos difíciles, marcarán la manera en que la historia los recordará.
