Transcurrido un año desde el homicidio de la defensora de los derechos humanos y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes, las autoridades brasileñas no han ofrecido aún respuestas adecuadas a sus familias ni a la sociedad, y su incapacidad para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia continúa poniendo a otros defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
“Tras un año de investigación, la incapacidad de las autoridades brasileñas para resolver el homicidio de Marielle Franco transmite el mensaje de que los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedarán impunes”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Las autoridades que tomaron posesión de sus cargos tras las elecciones del año pasado deben llevar ante la justicia a quienes ordenaron y cometieron el homicidio y demostrar que no se van a tolerar en Brasil este tipo de ataques.”
Las autoridades que tomaron posesión de sus cargos tras las elecciones del año pasado deben llevar ante la justicia a quienes ordenaron y cometieron el homicidio y demostrar que no se van a tolerar en Brasil este tipo de ataques.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas
Marielle Franco y Anderson Gomes murieron por disparos efectuados contra ellos cuando su vehículo pasaba por el barrio carioca de Estadio el 14 de marzo de 2018 por la noche. Información revelada por las autoridades y descubierta por la prensa hace temer que la investigación no haya seguido el debido proceso y se haya visto influida por injerencias externas.
Amnistía Internacional pide a las autoridades brasileñas que respeten el debido proceso y designen un equipo externo e independiente de expertos para hacer un seguimiento de la investigación y examinar toda posible negligencia, irregularidad o injerencia indebida. Las autoridades deben también tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos del homicidio y de las familias de Marielle Franco y Anderson Gomes de acuerdo con sus necesidades y deseos específicos.
“Un año después de la muerte de Marielle Franco, es evidente que fue un homicidio selectivo, cuidadosamente planeado y ejecutado y en el que es probable que participaran de algún modo agentes del Estado”, ha afirmado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
“Las autoridades brasileñas deben garantizar el derecho de las familias de Marielle Franco y Anderson Gomes a la verdad, la justicia y la reparación. No descansaremos hasta que se haga justicia.”
Brasil es uno de los países más mortales del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos. Como ha documentado Amnistía Internacional anteriormente, las autoridades brasileñas tienen un pésimo historial en lo que se refiere a la investigación de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos y de homicidios con agentes de policía implicados.
Amnistía Internacional ha movilizado en el último año a centenares de miles de personas de todo el mundo en demanda de justicia para Marielle. Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, visitará Brasil del 11 al 14 de marzo, cuando se cumple un año del homicidio, para recordar a las autoridades brasileñas que el mundo está vigilando y no descansará hasta que se haya resuelto el caso.
Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional, incluidos los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales, a dirigirse a las autoridades brasileñas para pedirles que identifiquen a quienes ordenaron y cometieron el homicidio y los lleven ante la justicia para ser sometidos a un juicio justo y que cumpla las normas internacionales.
Información adicional:
Conocida por defender los derechos humanos de las jóvenes negras, las mujeres, la población de las favelas y las personas LGBTI, Marielle fue elegida concejala de Río de Janeiro en 2016. Anteriormente, de 2006 a 2016, había trabajado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Río de Janeiro, donde solía denunciar las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de la policía y las fuerzas de seguridad del estado. Poco antes de que la mataran había sido designada para vigilar la intervención federal en la seguridad pública en Río de Janeiro.
Las autoridades que investigan la muerte de Marielle no han confirmado ni negado que estén siguiendo las líneas de investigación indicadas en los medios de comunicación sobre la posible participación en ella de agentes de la policía militar, milicias o un grupo de sicarios profesionales conocido como la “oficina del crimen”.
La información publicada en la prensa indica que el arma asesina fue un subfusil HK-MP5, modelo cuyo uso en Brasil está restringido a personal de seguridad y militar y a determinados agentes del sistema justicia penal. Varias armas de este modelo registradas en el inventario de la policía civil de Río de Janeiro en 2011 desaparecieron posteriormente, mientras que la munición utilizada en el crimen pertenecía al parecer a un lote de la policía federal que desapareció también hace unos años.
Según testigos, tanto el vehículo de Marielle como el de quienes la mataron estaban circulando cuando se efectuaron los disparos. La precisión de éstos, varios de los cuales alcanzaron a Marielle en la cabeza, indica que quien los hizo había recibido adiestramiento especializado. Las cámaras de vigilancia del lugar exacto de los hechos habían sido apagadas uno o dos días antes. Otras imágenes de dispositivos de vigilancia muestran a dos vehículos siguiendo a Marielle la noche del homicidio. Los medios de comunicación locales informaron de que llevaban matrículas falsas.
A lo largo de la investigación, peritos forenses han formulado denuncias públicas de negligencia, procedimientos incorrectos e incumplimientos del debido proceso. Entre otras cosas han afirmado que no se efectuó un examen de rayos X de los cadáveres en la autopsia, que no se dejó el automóvil bien almacenado y que no se tomó declaración a testigos del homicidio.
