La crisis de derechos humanos que desde hace unos años afecta a Venezuela ha destrozado la vida de millones de personas. Esto es lo que tienes que saber:
1. Uso excesivo de la fuerza
Cabe rastrear el origen de gran parte de los disturbios actuales en Venezuela al 29 de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, tomó el control de la Asamblea Nacional, donde la mayoría de los escaños es de la oposición. Esto desencadenó protestas que la administración de Maduro reprimió con un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza. Entre abril y julio de 2017, murieron más de 120 personas, unas 1.958 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en medio de protestas multitudinarias.
2. Protestas multitudinarias
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2018 hubo 12.715 protestas en todo el país. Éstas han continuado en 2019, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocara manifestaciones multitudinarias contra Maduro.
En el informe de Amnistía Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, la organización reveló cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno irrumpieron violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.
3. La intensificación de la represión
Aunque las autoridades estatales vienen aplicando una política sistemática de represión durante toda la crisis, las pautas recientes indican que ésta se está intensificando.
En el informe Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, Amnistía reveló que las fuerzas de seguridad respaldadas por el Estado usaban medios letales, con intención de matar, contra las personas más vulnerables y socialmente excluidas del país so pretexto de “combatir la delincuencia”.
Se han recibido numerosos informes de violaciones de derechos humanos contra personas que participaban en las protestas a principios de 2019, sobre todo en las zonas pobres más afectadas por la crisis y donde se concentran los grupos armados partidarios de Maduro. Según las organizaciones de la sociedad civil venezolana, en las protestas de este año han perdido la vida 41 personas.
4. Menores de edad bajo custodia
Las autoridades del Estado vienen utilizando el sistema de justicia para acosar ilegalmente a quienes piensan de manera distinta a ellas. Según la organización venezolana Foro Penal, entre el 21 y el 31 de enero de 2019, fueron detenidas arbitrariamente 988 personas. Entre ellas había 137 niños, niñas y adolescentes, de los que 10 siguen bajo custodia. También se han recibido denuncias de tortura y otros malos tratos a personas detenidas. Foro Penal calcula que hay 942 personas detenidas por motivos políticos.
5. Civiles juzgados en tribunales militares
Las personas detenidas por participar en las protestas son juzgadas a menudo por tribunales militares, lo que es contrario al derecho internacional. Las personas enjuiciadas se enfrentan, entre otros, a cargos relativos a asociación con intención de instigar a la rebelión y ataque a un centinela, concebidos expresamente para personal militar, lo que es otra prueba más de la determinación de las autoridades de silenciar la disidencia.
6. Tres millones de personas refugiadas y migrantes
Se calcula que más de tres millones de personas han huido de Venezuela desde 2015, el equivalente al 10% de la población, según cifras de la ONU. La mayoría han buscado refugio en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La mayor parte menciona la negación de sus derechos a la salud y a la alimentación como principal motivo para marcharse del país. En otras palabras, huyen para proteger su vida. Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a que den a las personas refugiadas venezolanas acceso a los procedimientos para solicitar asilo en sus países.
7. La represión de la libertad de expresión
Ha habido numerosos informes de violaciones del derecho a la libertad de expresión, como la detención arbitraria y/o la expulsión de al menos 19 personas que trabajaban en medios de comunicación, tanto venezolanas como extranjeras. En enero de 2019, al menos 11 periodistas fueron detenidos en una sola semana.
8. La debacle económica
Según la Asamblea Nacional, en 2018, la inflación fue de un impactante 1.698.488%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que, en 2019, la tasa de inflación anual alcanzará un 10.000.000 %. Mientras tanto, el salario mínimo oficial en Venezuela es de 6 dólares estadounidenses al mes. Y estos son los ingresos de una gran parte de la población. El resultado inevitable es que muchas personas no pueden costearse productos básicos.
La escasez de suministros básicos como comida y medicamentos ha dejado a millones de personas viviendo en condiciones alarmantes que empeoran cada día. Las medidas adoptadas por las autoridades estatales han afectado a los salarios y a los derechos de las personas trabajadoras. Hasta 2013, las autoridades venezolanas hicieron grandes progresos en el ámbito de los derechos económicos y sociales, pero esta tendencia se ha invertido categóricamente en los últimos años.
9. El gobierno lo niega
Nicolás Maduro ha negado en reiteradas ocasiones que el país esté experimentando una crisis de derechos humanos. Lo que es más perjudicial, se niega a reconocer la escasez de alimentos y medicinas. Las pocas estadísticas oficiales públicas sobre el bienestar de la población contrastan con los informes de organismos independientes.
Dado que las autoridades niegan que haya escasez, no han aceptado la ayuda humanitaria internacional que se ha ofrecido reiteradamente. Esto tiene un efecto catastrófico, sobre todo en las personas más vulnerables.
10. Sanciones estadounidenses perjudiciales
El 28 de enero, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas que impiden que la compañía petrolera estatal venezolana exporte crudo a Estados Unidos, al mismo tiempo que prohíben a los proveedores estadounidenses vender los productos que Venezuela necesita para procesar sus crudos pesados. Dado que la economía venezolana depende en gran medida de la exportación de petróleo y que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Venezuela, es probable que estas medidas dificulten aún más la vida de las personas que viven en el país.
