“Al ocultar la suerte y el paradero de miles de disidentes políticos que fueron víctimas de desaparición forzada y ejecutados en secreto en prisión hace 30 años, las autoridades iraníes continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad”, dice Amnistía Internacional en un abrumador informe hecho público hoy.
El informe, Blood-soaked secrets: Why Iran’s 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity, pide a la ONU que emprenda una investigación independiente sobre las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales masivas que siguen impunes desde hace tres décadas.
“Estos secretos ensangrentados del pasado de Irán continúan atormentando al país en la actualidad. Este informe desenreda la tela de araña de desmentidos y distorsiones que las autoridades iraníes llevan 30 años perpetuando, tanto en el país como en el ámbito internacional, para ocultar la verdad de que sometieron a desaparición forzada y mataron sistemáticamente a miles de disidentes políticos en cuestión de unas pocas semanas, entre finales de julio y principios de septiembre de 1988”, dijo Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El hecho de que hasta la fecha las autoridades iraníes se niegan a reconocer los homicidios masivos; a decir a las familias cuándo, cómo y por qué fueron asesinados sus seres queridos; y a identificar y devolver sus cuerpos significa que las desapariciones forzadas continúan. Esto inflige un sufrimiento atroz a las familias de las víctimas. Hasta que las autoridades iraníes no reconozcan y revelen públicamente la suerte y el paradero de las víctimas, estos crímenes de lesa humanidad continúan perpetrándose”.
Durante 30 años, se ha negado a las familias de las víctimas el derecho a enterrar a sus seres queridos y llorar su pérdida. Quienes se atreven a buscar la verdad y justicia se enfrentan a un acoso despiadado, intimidación, detenciones y reclusión arbitrarias, así como a torturas y otros malos tratos. La profanación y destrucción de emplazamientos de fosas comunes ha causado más sufrimiento.
Mientras tanto, las personas responsables de estos crímenes de lesa humanidad eluden la justicia y, en algunos casos, han ocupado y siguen ocupando puestos de poder en Irán. Más recientemente, tras la aparición de más datos de lo ocurrido, los homicidios masivos han sido celebrados en el país y quienes intervinieron en ellos, saludados como héroes.
“En lugar de continuar con sus crueles ataques contra las familias, las autoridades iraníes deberían garantizar el derecho de éstas a la verdad, la justicia y una reparación, lo que incluye devolver los cuerpos de las víctimas e identificar los restos permitiendo exhumaciones profesionales de fosas comunes y análisis de ADN”, prosiguió Philip Luther.
Para este informe, Amnistía Internacional recogió testimonios de más de 100 familiares y supervivientes de todo el país y analizó cientos de documentos de los archivos históricos de la propia organización, informes, memorias y otros materiales escritos de supervivientes y grupos iraníes de derechos humanos, así como declaraciones de la ONU y de las autoridades iraníes. También cotejó listas que contenían los nombres de miles de víctimas y examinó certificados de defunción, muchos de los cuales eran engañosos, al no dar ninguna explicación o citar “causas naturales” como causa de la muerte. La investigación de la organización revela el terrible alcance nacional y la espantosa extensión geográfica de los homicidios masivos, e identificó al menos 32 ciudades de Irán donde se cometieron estas atrocidades.
Las matanzas penitenciarias de 1988
El informe expone que, a finales de julio de 1988, las autoridades ordenaron el cierre de prisiones de todo el país y suspendieron las visitas familiares sin dar ninguna explicación. En las siguientes semanas, al menos 5.000 disidentes políticos de ambos sexos fueron víctimas de ejecución extrajudicial en un esfuerzo coordinado para eliminar a la oposición política. Esto se hizo siguiendo al menos una fetua secreta dictada por el entonces líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini, tras una incursión armada en Irán de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), grupo de oposición prohibido con base en Irak.
En todo Irán, agruparon a presos y presas, les vendaron los ojos y los llevaron ante comités de los que formaban parte autoridades judiciales, de la fiscalía, de los servicios de inteligencia y penitenciarias. Estas “comisiones de la muerte” no tenían ningún parecido a un tribunal y sus actuaciones fueron sumarias y arbitrarias en extremo. No hubo en ningún momento posibilidad de recurrir.
Preguntaron a reclusos y reclusas si estaban dispuestos a retractarse de sus opiniones políticas, a denunciar públicamente a sus grupos políticos y a declarar su lealtad a la República Islámica. A algunos les hicieron preguntas crueles, como si estaban dispuestos a caminar por un campo de minas para ayudar al ejército o a participar en pelotones de fusilamiento.
Nunca se les dijo que sus respuestas podían condenarlos a muerte. Algunos pensaron que estaban declarando ante un comité de indultos. Muchos no supieron que iban a ser ejecutados hasta minutos antes de que los alinearan ante un pelotón de fusilamiento o de que les pusieran la soga al cuello.
La mayoría de las víctimas cumplía penas de prisión impuestas años antes. Algunas llevaban años recluidas sin juicio, otras habían cumplido ya su condena aunque aún no habían sido puestas en libertad. En su mayor parte estaban en prisión por sus opiniones políticas y actividades pacíficas, como repartir folletos y asistir a manifestaciones.
La mayoría de las víctimas estaba afiliada a la PMOI, pero también fueron ejecutados cientos de presos y presas pertenecientes a organizaciones políticas de izquierdas y a grupos de oposición kurdos.
Figuras clave implicadas en los homicidios
Muchas de las autoridades que participaron en las “comisiones de la muerte” en 1988 han ocupado, y en algunos casos siguen ocupando actualmente, cargos de poder en Irán. En concreto, el informe reúne datos que muestran que participaron en las “comisiones de la muerte” las siguientes autoridades:
- Alireza Avaei, el actual ministro de Justicia de Irán, era el fiscal general de Dezful, en la provincia de Juzestán, y fue encargado de participar en la “comisión de la muerte” de esa ciudad.
- Hossein Ali Nayyeri, que actuó como juez de la sharia en la “comisión de la muerte” de Teherán, es actualmente presidente del Tribunal Disciplinario Supremo para los Jueces.
- Ebrahim Raisi, fiscal adjunto de Teherán en 1988 y otro miembro de la “comisión de la muerte” de Teherán, se presentó a las elecciones presidenciales de 2017 y ha ocupado varios cargos importantes, el más reciente de los cuales fue el de fiscal general del país, hasta 2016.
- Mostafa Pour Mohammadi, que fue ministro de Justicia entre 2013 y 2017, representó al Ministerio de Inteligencia en la “comisión de la muerte” de Teherán. En agosto de 2016 alardeó de su papel diciendo: “Estamos orgullosos de haber cumplido el mandamiento de Dios sobre la [PMOI]” y declaró abiertamente que no había “perdido el sueño en todos estos años” por los homicidios.
- Mohammad Hossein Ahmadi, que participó en la “comisión de la muerte” de Juzestán, es actualmente miembro de la Asamblea de Expertos, órgano constitucional con facultades para nombrar o cesar al líder supremo de Irán.
En agosto de 2016, se filtró una grabación de sonido de una reunión de agosto de 1988 en la que se oye a algunas autoridades clave de la “comisión de la muerte” de Teherán hablando de su espeluznante trabajo. Ante la publicidad generada por esta revelación, los líderes iraníes han celebrado abiertamente los sucesos de 1988, glorificando la purga y afirmando que los responsables merecían recibir “medallas de honor”.
Estas declaraciones siguen a tres décadas de campaña de desinformación en la que las autoridades han restado importancia a la envergadura de los homicidios y demonizado a las víctimas diciendo que eran unos “pocos terroristas”.
“Es repugnante la grotesca distorsión de la verdad sobre estos crímenes horrendos, unida a la clara ausencia de arrepentimiento que muestran quienes tienen las manos manchadas de sangre. Todas las personas implicadas en la comisión y el ocultamiento de estos crímenes deben comparecer ante la justicia en juicios justos que excluyan la pena de muerte”, dijo Philip Luther.
Necesidad de medidas internacionales
La ONU y la comunidad internacional han fallado estrepitosamente a las familias y a las personas supervivientes. La ausencia de condena de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en aquel momento y el hecho de que la Asamblea General de la ONU no remitiera la situación al Consejo de Seguridad animó a las autoridades iraníes a seguir negando la verdad e infligiendo tortura y otros malos tratos a las familias.
“La deplorable inacción de la ONU y de la comunidad internacional a la hora de perseguir la verdad y la justicia por las atrocidades cometidas por las autoridades iraníes ha tenido consecuencias catastróficas no sólo para las personas supervivientes y las familias de las víctimas, sino también para el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en el país. No se puede permitir que las autoridades de Irán sigan escudándose frente a la rendición de cuentas por sus crímenes de lesa humanidad”, concluyó Philip Luther.
“Dado que no hay perspectivas de que se haga justicia a las víctimas dentro de Irán, es aún más crucial que la ONU establezca un mecanismo internacional independiente, imparcial y efectivo para contribuir a que los responsables de estos crímenes odiosos respondan ante la justicia”.
