Desde 2013, las autoridades egipcias cometen espantosas violaciones de derechos contra personas menores de edad; desde 2015, al menos 6 han sido torturadas bajo custodia y 12 han sido objeto de desaparición forzada, según hallazgos recientes que ha hecho públicos hoy Amnistía Internacional.
La información, recabada por Amnistía Internacional y el Frente Egipcio por los Derechos Humanos, se ha dado a conocer hoy con motivo del Día Mundial de la Infancia.
“Estas conclusiones revelan que las autoridades egipcias han sometido a menores de edad a espantosas violaciones de derechos, como tortura, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y desaparición forzada durante periodos de hasta siete meses, mostrando un absoluto y lamentable desprecio hacia los derechos de la infancia”, ha declarado Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“Es especialmente indignante que Egipto, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, esté vulnerando de forma tan flagrante estos derechos”.
Las familias de seis personas menores de edad que fueron sometidas a tortura, entrevistadas por Amnistía Internacional y el Frente Egipcio por los Derechos Humanos, dijeron que durante el periodo de reclusión las víctimas habían sido objeto de brutales palizas y descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo, o habían sido colgadas de las extremidades.
En algunos casos, las personas menores afectadas dijeron que las habían torturado para que “confesaran” ser autoras de delitos que no habían cometido.
Aser Mohamed fue sometido a desaparición forzada en enero de 2016, cuando tenía 14 años; estuvo 35 días recluido en régimen de incomunicación y fue torturado para que “confesara” la “pertenencia a un grupo terrorista” y haber atacado un hotel, delitos que según dice no cometió. Ahora podría ser juzgado junto con personas adultas y ser condenado a prisión.
Abdallah Boumidan tenía 12 años cuando las fuerzas armadas egipcias lo detuvieron, en diciembre de 2017, en la ciudad de Arish, en Sinaí del Norte, y lo sometieron a desaparición forzada y a tortura. Estuvo siete meses incomunicado y después lo acusaron formalmente de “pertenencia a un grupo terrorista” y lo recluyeron en régimen de aislamiento, lo que hizo que su estado de salud se deteriorase gravemente.
Las autoridades egipcias también han encarcelado a menores de edad junto con personas adultas, lo que constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos. En algunos casos también los recluyeron en celdas masificadas y no les dieron suficiente comida. En al menos dos casos, las personas menores estuvieron recluidas en régimen de aislamiento prolongado.
También se ha sometido a menores a juicios injustos, algunos de ellos ante tribunales militares, actuaciones en las que fueron interrogados sin la presencia de sus abogados y tutores legales, se los acusó basándose en “confesiones” obtenidas mediante tortura y se los recluyó en detención prolongada en espera de juicio durante periodos de hasta cuatro años. Al menos tres menores de edad fueron condenados a muerte en juicios colectivos injustos en sendos procedimientos. Dos de estas condenas fueron anuladas posteriormente, pero la tercera sigue pendiente de recurso.
Según el derecho internacional, la detención sólo debe utilizarse como último recurso en el caso de personas menores de edad. Tanto las leyes egipcias como el derecho internacional exigen que estas personas sean juzgadas por tribunales especiales de menores. Sin embargo, la legislación egipcia permite que las personas de 15 años o mayores sean juzgadas junto con personas adultas, incluso en tribunales militares y Tribunales de Seguridad del Estado. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido a todos los Estados que las personas acusadas de haber cometido un delito cuando eran menores de 18 años sean juzgadas por tribunales de menores.
“En lugar de violar con tanto descaro los derechos de estas personas, las autoridades egipcias deben poner en libertad a todas las que están detenidas arbitrariamente. Además, deben anular todas las condenas impuestas a menores por tribunales de adultos o en juicios injustos y volver a juzgarlos en tribunales de menores”, concluyó Najia Bounaim.
“Toda denuncia de tortura o desaparición forzada debe ser investigada y sus responsables deben comparecer ante la justicia”.
