Según información pública, el 13 de julio de 2018 se desplegaron cerca de 400 agentes de policía en la Comunidad Campesina de Guahory después de la decisión de los fiscales intervinientes del caso de implementar el Plan de Acción Conjunta para Hechos Punibles de Invasión de Inmueble Ajeno.
Amnistía Internacional ha identificado que este procedimiento conduce a desalojos forzosos encubiertos, llevados a cabo sin las debidas salvaguardias para respetar y proteger el derecho a una vivienda digna.
Los desalojos forzosos pueden iniciarse en cualquier momento, violando el derecho al debido proceso y a la vivienda digna de cientos de personas, incluyendo docenas de niños y niñas que viven en la comunidad.
Amnistía Internacional también está preocupada porque estos desalojos forzosos puedan escalar en violencia, como ha sucedido en operaciones de desalojo anteriores llevadas a cabo en la Comunidad Campesina de Guahory en el 2016 y 2017.
Las familias en Guahory afirman su derecho a la alimentación y a una vivienda digna en el contexto del acceso a la tierra y la reforma agraria en Paraguay. La titularidad de la propiedad de las tierras donde viven no ha sido determinada por ninguna autoridad judicial.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 15 de septiembre de 2016, un fiscal acompañado por unos 1.200 agentes de policía que utilizaban tractores desalojaron por la fuerza a personas de la Comunidad Campesina de Guahory. Según las familias campesinas, sus casas y cultivos fueron destruidos. No hubo discusión y no se entregó ninguna orden de desalojo. Los funcionarios y representantes de la comunidad informaron que terceros tomaron parte.
El 3 de enero de 2017, casas y cultivos en la Comunidad Campesina Guahory fueron nuevamente destruidos en una segunda operación de desalojo. Doce personas fueron arrestadas, incluidos tres adolescentes, que fueron liberados a medianoche y acusados de invasión. Hombres, mujeres, niños y niñas denunciaron haber sido golpeados por la policía y haber sido atacados con gases lacrimógenos. Algunos oficiales de policía les dijeron: «los campesinos son basura y no quieren trabajar» y «dejen de estar con los campesinos si quieren evitar problemas».
De acuerdo con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay CODEHUPY, y los campesinos de Guahory, otros desalojos ocurrieron en febrero y octubre de 2015 y en diciembre de 2016.
El Plan de Acción Conjunta para Hechos Punibles de Invasión de Inmueble Ajeno es un acuerdo entre la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, iniciado el 28 de marzo de 2012 y actualizado el 20 de marzo de 2017. Este Plan establece las acciones que estas tres instituciones llevarán a cabo para detener una potencial invasión de inmuebles. La Fiscalía General del Estado, el organismo a cargo de la investigación criminal, no fue diseñada para definir la titularidad de la propiedad; esto es dominio exclusivo de las autoridades judiciales, que lo definen mediante procedimientos civiles y agrarios. Como resultado, existe el riesgo de que los desalojos forzosos se lleven a cabo en relación con propiedades cuya titularidad aún no se ha establecido.
