Ha pasado un año desde que se frustró el plan del gobierno keniano de cerrar el campo de refugiados de Dadaab. El Tribunal Superior declaró inconstitucional la decisión y ordenó al gobierno que continuara dando asilo a las personas refugiadas. Pero, si alguien creyó que la histórica sentencia anunciaba el fin de años de sufrimiento para los refugiados somalíes, a estas alturas ya debe sentir una amarga decepción.
El gobierno, aunque no ha rechazado abiertamente la sentencia, la ha incumplido de manera tácita, principalmente denegando a las personas refugiadas su inscripción en registro y los documentos de identidad que tanto necesitan.
Ahmed (nombre ficticio), padre de cinco hijos, no vio otra salida que huir de su pueblo en la región de Bay, en el suroeste de Somalia, que atraviesa una grave sequía. Cuando vio morir a su burro por falta de agua, Ahmed supo que él y su familia tenían que huir para salvar la vida. Estaba decidido a buscar un lugar donde su esposa e hijos estuvieran a salvo no sólo de la sequía, sino también del conflicto armado que ha dejado a unos 5,4 millones de somalíes —aproximadamente la mitad de la población— necesitados de protección y ayuda humanitaria.
Ahmed pensó en dirigirse al sur, hacia la capital, Mogadiscio, donde se ha instalado la mayoría de las organizaciones humanitarias, pero temía encontrarse con alguno de los puestos de control de Al Shabaab y que los extremistas reclutaran a su hijo de 17 años. Finalmente decidió ir al oeste, hacia el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia.
Después de una larga caminata para cruzar la frontera, Ahmed se encuentra ahora en un limbo en Dadaab. El gobierno keniano se niega a inscribirlo como persona refugiada y a darle los documentos necesarios, por lo que no tiene acceso a prestaciones básicas, como alimentación y refugio para sus hijos. Y la devolución de toda la familia a Somalia pondría a sus miembros en peligro de muerte, lesiones o reclutamiento forzoso a manos de Al Shabaab.
El de Ahmed no es un caso aislado. Según el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), al término de noviembre de 2017 había unos 5.400 somalíes sin documentos de registro en Dadaab; algunos habían sido devueltos a Somalia pero habían regresado. Según las ONG locales, el número podría ser incluso mayor. Una ONG keniana que vigila los pasos fronterizos entre Somalia y Kenia ha informado de que, sólo en 2017, más de 24.000 personas cruzaron a Kenia desde Somalia, la mayoría huyendo de la inseguridad general y la sequía.
Las personas refugiadas no inscritas en el registro carecen de acceso a los bienes y servicios que ofrecen las organizaciones benéficas, como alimentos, refugio y asistencia médica. Como consecuencia, no tienen otra opción que pedir a las que sí están inscritas que compartan con ellas lo que reciben, que ya es muy poco, sobre todo desde que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU redujo las raciones en octubre.
La falta de documentos de identidad significa también que las personas refugiadas viven con el miedo constante a ser detenidas y devueltas a Somalia. Una ONG local que ofrecía asistencia letrada gratuita a refugiados informó de que, sólo en enero, 31 nacionales de Somalia, incluidos niños y niñas, habían sido detenidos en Garissa, en el noreste de Kenia, y acusados de estancia ilegal en Kenia. El delito conlleva una pena de tres meses de cárcel si la persona declarada culpable no puede pagar una multa de entre 100 y 1.000 dólares estadounidenses, cantidad que casi ningún refugiado tiene.
Sin documentos de registro, los menores de edad que viajan en solitario y los que se han visto separados de sus familias durante el difícil viaje a Kenia desde Somalia corren también un gran riesgo de explotación, trabajo infantil y matrimonio precoz.
Cada vez es más evidente que a la Secretaría de Asuntos de Refugiados, cuyo cometido es inscribir a las personas refugiadas, sólo le interesa reducir estos números en Dadaab. No registra nuevas llegadas y ha reducido sus operaciones en el campo, en flagrante contravención de la orden judicial del año pasado.
Las autoridades kenianas están infringiendo su propia legislación, incluida la Ley de Personas Refugiadas de Kenia de 2006, e incumpliendo el compromiso de seguir ofreciendo asilo a la población somalí que expresaron en una cumbre regional de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) celebrada en marzo de 2017.
Además, Kenia está obligada a proteger a las personas refugiadas en virtud del derecho internacional. El Estado es signatario de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo Facultativo de 1967, así como de la Convención de la UA por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de 1969, que obligan a conceder acceso al asilo a las personas que lo necesiten.
Ya es hora de que el gobierno keniano se aparte de este precipicio para los derechos humanos y empiece a cumplir sus obligaciones con las personas refugiadas y a respetar las sentencias judiciales que hacen valer sus derechos. Nadie elige convertirse en persona refugiada. Todos queremos vivir en paz y dignidad en nuestros países, y ser tratados con amabilidad y respeto cuando no podemos.
Victor Nyamori es coordinador regional del trabajo sobre personas refugiadas de la Oficina Regional para África Oriental
Foto: DANI POZO
