Mujeres y niñas corren peligro de someterse a un aborto inseguro, con riesgo de graves complicaciones para su salud e incluso de muerte, debido a las persistentes barreras para acceder a servicios legales de aborto, según la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y el Departamento de Investigación sobre la Salud de la Mujer de la Escuela de Salud Pública y Medicina Familiar de la Universidad de Ciudad del Cabo.
El documento, publicado hoy, pone de relieve que, a pesar de que Sudáfrica tiene uno de los marcos jurídicos más progresistas del mundo sobre el aborto, muchas mujeres y niñas tienen dificultades para acceder a servicios de aborto seguros, sobre todo en las comunidades más pobres y marginadas. Una barrera clave es que el gobierno no regule la práctica de la “objeción de conciencia”, mediante la cual los profesionales de la salud pueden negarse a prestar servicios de aborto.
“A ninguna embarazada, con independencia de su condición social, debe negársele su derecho a decidir sobre su embarazo. En este documento se exponen las profundas desigualdades del sistema de salud que siguen discriminando a las mujeres y niñas de entornos empobrecidos”, ha afirmado Muleya Mwananyanda, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Austral.
“El Departamento Nacional de Salud debe intervenir con urgencia para garantizar que el acceso al aborto de mujeres y niñas deje de estar supeditado a las actitudes personales de los profesionales de la salud.”
Hoy se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el país.
En un caso incluido en el informe, una estudiante de 19 años de Johannesburgo murió en 2016 por las complicaciones surgidas tras un aborto inseguro. Un representante de las Naciones Unidas señaló las deficiencias del sistema de salud, el estigma y la discriminación entre los factores que habían contribuido a causar la muerte de la mujer.
Otras muertes derivadas de abortos inseguros son más difíciles de documentar. El documento pone de relieve la necesidad de incluir datos desglosados sobre las muertes resultantes de abortos en el seguimiento que realiza el gobierno de los casos de muertes asociadas al embarazo.
Advierte además de que la aplicación de la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue siendo insuficiente y puede dar lugar a violaciones de las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Con arreglo a las normas internacionales y regionales de derechos humanos, Sudáfrica tiene la obligación de garantizar que la objeción de conciencia no afecte al acceso a los servicios y que exista un proceso de derivación operativo que garantice asistencia de calidad y a tiempo a quien solicite servicios de aborto.
También se resaltan en el documento la confusión en torno a los límites de la objeción de conciencia y a las obligaciones de los profesionales de la asistencia médica en relación con la prestación de servicios de aborto.
En virtud del derecho a la libertad de conciencia consagrado en la Constitución de Sudáfrica, se entiende que los profesionales de la salud tienen derecho a negarse a practicar un aborto en determinados casos, pero nunca en situaciones de urgencia, ni cuando la vida de la mujer o niña embarazada corre peligro.
Además, la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que quien impida u obstaculice el acceso a servicios legales de aborto comete un delito, sancionable con prisión o multa.
“La ausencia de directrices políticas claras para los proveedores de servicios crea un vacío y permite que la objeción de conciencia no se aplique uniformemente”, ha dicho Muleya Mwananyanda.
“El derecho de una mujer a la vida, la salud y la dignidad siempre debe anteponerse al derecho del profesional de la salud a ejercer la objeción de conciencia para no practicar un aborto. Esto no se cumple en Sudáfrica. Urge la adopción de normativa y directrices políticas claras para corregir el vacío actual.”
Según la Dirección de Salud, de los 505 centros sanitarios destinados a la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sólo 264 prestan actualmente esos servicios en el primer y segundo trimestre de gestación. Como consecuencia, hay que recorrer largas distancias hasta los centros y pagar un alto precio en transporte. El documento da la voz de alarma por el hecho de que no exista a disposición pública una lista de los centros que prestan servicios legales y seguros de aborto, sobre todo en vista del sinfín de proveedores de servicios de aborto ilegales que se anuncian en espacios públicos y por Internet.
Amnistía Internacional pide a las autoridades sudafricanas que emitan directrices y protocolos claros para todos los profesionales de la asistencia médica y los responsables de la gestión de los centros de salud que establezcan con claridad los límites de la objeción de conciencia y hagan respetar el deber ético de los profesionales de la salud de anteponer el derecho de las mujeres y niñas a recibir asistencia médica. Para poder ejercer el derecho a la objeción de conciencia, todo profesional médico debe proporcionar información exacta y derivar a la paciente, así como prestar servicios de urgencia si fuera necesario.
Información complementaria
La Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó en 1996 y entró en vigor el 1 de febrero de 1997. Permite a mujeres y niñas ejercer su derecho al aborto voluntario hasta la semana 12ª de gestación y, en determinadas circunstancias, hasta la semana 20ª. Esta legislación ha merecido elogios por el avance que ha supuesto para la salud y los derechos de las mujeres.
Se calcula que las muertes y lesiones asociadas al aborto se han reducido en más del 90% desde su entrada en vigor.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Sudáfrica tiene el deber de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información y los servicios de aborto para todas las mujeres y niñas sin discriminación.
