Foto: Patricia Cocq/IPS.
De Erika Guevara-Rosas, Americas Director at Amnesty International
25 enero 2017, 12:07 UTC
La imagen de un grupo de hombres con traje tomando decisiones sobre los derechos de las mujeres se está convirtiendo en un signo emblemático de la reacción contra nuestros derechos humanos, especialmente los relacionados con la integridad física y la libertad reproductiva y sexual de las mujeres.
Sólo dos días después de las masivas manifestaciones por la igualdad y contra la discriminación que tuvieron lugar en ciudades de Estados Unidos y de todo el mundo, el presidente Donald Trump decidió poner en peligro los derechos de las mujeres reinstaurando la llamada “regla de la mordaza global”. Esta regla bloquea la financiación internacional federal estadounidense para las organizaciones no gubernamentales que proporcionen asesoramiento o remisiones en relación con el aborto, propugnen la despenalización del aborto o la ampliación de los servicios de aborto, aun cuando Estados Unidos no financie directamente estos servicios.
La regla de la mordaza global —también llamada Política de la Ciudad de México— fue instaurada por el gobierno de Ronald Reagan en 1984, y tradicionalmente ha sido rechazada por los gobiernos demócratas y reinstaurada por los presidentes republicanos.
El presidente Trump sigue ahora una tradición preocupante que tiene repercusiones peligrosas para los derechos sexuales y reproductivos, la salud y la vida de mujeres y niñas de todo el mundo, especialmente las que corren más riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos. Durante los gobiernos de los presidentes Reagan y Bush, la regla de la mordaza fue un obstáculo para la salud sexual y reproductiva integral en muchos lugares del Sur global.
La versión de la mordaza global de Trump amplía esta política a toda la financiación global de la salud de Estados Unidos, no sólo la financiación de la planificación familiar proporcionada por Estados Unidos a través de la ayuda exterior. Esto significa que las organizaciones que trabajan en otras cuestiones, como la malaria, el VIH/sida o la salud materna, deben asegurarse de que sus programas no incluyen remisión o información alguna en relación con el aborto.
Muchas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre el impacto de la regla de la mordaza global. Sus conclusiones indican que esta regla imponía importantes reducciones de la financiación para programas que prestaban servicios de planificación familiar, tratamiento para el VIH/sida, anticoncepción de emergencia y otros servicios de atención de la salud reproductiva, junto con servicios e información relacionados con el aborto, especialmente en África y América Latina.
Un estudio realizado en 2006 por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID) sobre la situación de la financiación para los derechos de las mujeres —Where is the Money for Women´s Rights? (“Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres”)— reveló también que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres consideraban que la regla de la mordaza afectaba de modo especial a las mujeres, por ejemplo violando su derecho a la libertad de expresión y de asociación y su capacidad para participar en el fortalecimiento de sus sociedades civiles e instituciones democráticas.
Esta desastrosa política de Estados Unidos también impedía que los proveedores de salud cumplieran con la ética médica básica. En los países donde el aborto era legal, por ejemplo, no podían proporcionar toda la gama de atención de la salud reproductiva legal ni podían remitir o asesorar a las partes tal como exige la ética médica. Como consecuencia directa, la regla de la mordaza global pondrá en peligro la salud y la vida de las mujeres, tanto en los países donde el aborto es legal como en aquellos donde es ilegal.
En 2011, un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las organizaciones del África subsahariana que se negaban a firmar la regla de la mordaza global perdieron la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y en consecuencia las tasas de aborto aumentaron en estos países hasta alcanzar más del doble de las tasas anteriores al gobierno de Bush.
Datos de países donde los servicios de aborto son seguros, legales y accesibles indican que las muertes y las complicaciones relacionadas con el aborto se reducen en gran medida. Sin embargo, la regla de la mordaza global ha frustrado en el pasado los esfuerzos de quienes propugnaban la reforma del aborto para modificar las leyes restrictivas.
Las consecuencias de los abortos inseguros han sido especialmente graves en América Latina y el Caribe, la región que registra los índices más elevados de abortos inseguros, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.
El Instituto Guttmacher calcula que, entre 2010 y 2014, se practicaron unos 6,5 millones de abortos inducidos cada año en América Latina y el Caribe, y según el Centro de Derechos Reproductivos se calcula que más de 2.000 mujeres latinoamericanas mueren cada año debido a abortos inseguros.
El aborto está prohibido totalmente en siete países de la región, aun en el caso de que la vida o la salud de la mujer o la niña dependa de él: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. El aborto legal a petición durante el primer trimestre está disponible en Cuba, Ciudad de México y Uruguay. En la mayoría de los restantes países de la región, aunque sea legal, el acceso a un aborto para salvar la vida resulta muy difícil porque algunos profesionales de la salud se niegan a practicarlo por motivos ideológicos.
Las consecuencias de la criminalización de las mujeres que intentan abortar son bien conocidas: tasas elevadas de mortalidad y morbilidad materna a causa de abortos inseguros que afectan de modo desproporcionado a mujeres y niñas que viven en la pobreza. Muchas mujeres se ven obligadas a pasar años entre rejas tras haber sido acusadas de haber abortado.
La discriminación y la desigualdad de género persistentes en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe son la causa de que las mujeres y niñas no puedan ejercer sus derechos humanos.
Los estereotipos discriminatorios siguen estando profundamente arraigados en una cultura patriarcal que aún relega a las mujeres al ámbito de la reproducción social; una cultura promovida ampliamente, en gran parte, por organizaciones religiosas, como la iglesia católica y las iglesias evangélicas.
En los últimos años, un segundo baluarte de la oposición a los avances de los derechos de las mujeres en la región ha llegado de Estados Unidos. La creciente influencia de los grupos antiaborto dentro del Partido Republicano ha generado una deriva hacia políticas contrarias al aborto en algunos estados. Esto ha afectado a las organizaciones que defienden el derecho a decidir y los derechos de las mujeres, tanto de forma directa, mediante la imposición de la regla de la mordaza, como indirecta, mediante la legitimidad y la fuerza que se conceden a los discursos y las propuestas antiaborto. Los políticos latinoamericanos no han sido indiferentes a estas tendencias, y han buscado el apoyo de las fuerzas conservadoras y los grupos antiaborto de Estados Unidos para reforzar sus posibilidades de acceder a los cargos negociando los derechos de las mujeres y proponiendo políticas y disposiciones legales que penalizan el aborto y restringen aún más los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Aunque la discriminación de las mujeres es evidente en casi todas las esferas de la vida, es en el área de la salud sexual y reproductiva donde alcanza niveles alarmantes. Es la regulación de la reproducción y la sexualidad de las mujeres lo que revela con mayor claridad los nocivos estereotipos y sesgos de género.
Lamentablemente, en este contexto regional adverso, y con la reinstauración de la regla de la mordaza global, el futuro para las mujeres y niñas y sus posibilidades reales de poder ejercer sus derechos humanos es trágicamente incierto.
Hoy más que nunca, debe prevalecer una postura firme contra estas claras violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Es hora de unirnos en la acción contra la discriminación y la violencia.
