La ejecución masiva de 31 hombres en Irak, anunciada ayer, por su presunta participación en homicidios masivos en 2014 es una prueba más del flagrante desprecio de las autoridades iraquíes por los derechos humanos y de su uso erróneo de la pena de muerte en nombre de la seguridad, ha declarado Amnistía Internacional.
Las autoridades locales confirmaron a la organización que ayer habían recibido los 31 cadáveres en Samarra, gobernación de Salah al Din, y que fueron trasladados posteriormente al hospital de la ciudad para que los recogieran sus familias, lo que ya han comenzado a hacer. Las ejecuciones se llevaron a cabo el viernes.
Los hombres, cuyas “confesiones” se obtuvieron en medio de graves denuncias de tortura, habían sido declarados culpables —en juicios rápidos y plagados de defectos— de la muerte de 1.700 cadetes, perpetrada en un campamento militar cerca de Tikrit en junio de 2014. El grupo armado autodenominado Estado Islámico reivindicó la responsabilidad de las muertes.
“Esta es la segunda vez en menos de seis meses que las autoridades iraquíes llevan a cabo ejecuciones masivas después de juicios injustos”, afirmó James Lynch, director del equipo de Pena de Muerte de Amnistía Internacional.
La pena de muerte —el máximo castigo cruel, inhumano y degradante— se está usando para crear un espejismo de seguridad, pero sólo perpetuará el ciclo de violencia que arrasa Irak.
James Lynch, director del equipo de Pena de Muerte de Amnistía Internacional.
“La pena de muerte —el máximo castigo cruel, inhumano y degradante— se está usando para crear un espejismo de seguridad, pero sólo perpetuará el ciclo de violencia que arrasa Irak.”
“Amnistía Internacional viene condenando sistemáticamente las atrocidades del Estado Islámico con la máxima rotundidad, incluida la atroz masacre de Speicher. Las víctimas de los crímenes del Estado Islámico tienen derecho a la justicia y la verdad. Sin embargo, los juicios injustos, la tortura y las ejecuciones masivas nunca pueden considerarse justicia.”
“Las autoridades iraquíes deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.”
