Fotografo: Gonzalo Fuentes/Reuters
De John Dalhuisen, Amnesty International.
Durante los dos últimos años, cientos de personas han sido asesinadas y han resultado heridas en una oleada de ataques terroristas en toda Europa. Estos crímenes crueles no han atacado solo a personas, sino también a nuestras sociedades, nuestras libertades y nuestra forma de vida. Le necesidad de proteger a las personas de esta violencia gratuita es clara, pero no es algo que puede lograrse por cualquier medio. Sobre todo, no debe ni puede lograrse pisoteando los mismos derechos que los gobiernos supuestamente defienden.
En los dos últimos años se ha producido un cambio profundo en toda Europa: un cambio de la idea de que el papel de los gobiernos es proporcionar seguridad para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, a la idea de que los gobiernos deben restringir los derechos de las personas para proporcionarles seguridad. El resultado ha sido una redefinición insidiosa de los límites entre los poderes del Estado y los derechos de las personas. Por ejemplo, en las semanas que siguieron a los terribles ataques de París en noviembre de 2015, Francia declaró el estado de excepción y comenzó a introducir una serie de nuevas medidas de lucha contra el terrorismo. Otros países siguieron rápidamente su ejemplo y aprobaron nuevas leyes draconianas por su cuenta: un efecto dominó que se ha extendido por toda Europa y que ha dado lugar a un cada vez más profundo estado de segurización permanente.
Países individuales de la UE y organismos regionales han respondido a los ataques con la propuesta, aprobación y aplicación, oleada tras oleada, de medidas de lucha contra el terrorismo que han minado el Estado de derecho, reforzado los poderes ejecutivos, eliminado los controles judiciales, restringido la libertad de expresión y expuesto a todos los ciudadanos a la vigilancia del gobierno. El edificio de la protección de los derechos que tan cuidadosamente se había construido tras la Segunda Guerra Mundial se está desmantelando ladrillo a ladrillo.
En un informe, Amnistía Internacional revela cómo un aluvión de nuevas leyes y enmiendas aprobadas a toda prisa por los Estados individuales de la UE están erosionando el Estado de derecho y socavando las libertades fundamentales. La reciente oleada de medidas de lucha contra el terrorismo ha demostrado con frecuencia que estas son discriminatorias sobre el papel y en la práctica, y han tenido un impacto desproporcionado y profundamente negativo, en particular en las personas musulmanas y extranjeras o las percibidas como tales.
Hombres, mujeres y niños han sido maltratados verbal y físicamente. Se ha sacado a pasajeros de los aviones porque “parecían terroristas”. Se ha prohibido a mujeres llevar un traje de baño de cuerpo entero en las playas de Francia. Se ha detenido a niños refugiados en Grecia por jugar con pistolas de plástico.
Una de las tendencias más alarmantes en la UE es el esfuerzo de los Estados para facilitar la invocación y prolongación del “estado de excepción” como respuesta al terrorismo o a la amenaza de ataques violentos. En varios países, se han incorporado al derecho ordinario medidas de excepción que debían ser temporales. Los poderes que pretendían ser excepcionales se manifiestan cada vez más como características permanentes de las legislaciones nacionales.
Habida cuenta del estado febril de la política europea, la ciudadanía debe ser extremadamente cautelosa respecto de la variedad de poderes y el grado de control sobre sus vidas que está dispuesta a entregar a sus gobiernos. El auge del discurso político nacionalista de extrema derecha, la hostilidad contra las personas refugiadas, los estereotipos, la discriminación contra las personas musulmanas, la intolerancia hacia la libre expresión y otras formas de expresión aumentan el riesgo de que esos poderes excepcionales apunten a ciertas personas por razones que no tienen nada que ver con una amenaza real a la seguridad nacional. De hecho, esto ya está sucediendo en Europa.
Se ha bajado el umbral para activar y ampliar las medidas de excepción, y existe el riesgo de que se baje aún más en los próximos años. El derecho internacional de los derechos humanos es claro en cuanto a que las medidas excepcionales deben aplicarse únicamente en caso de circunstancias verdaderamente excepcionales, a saber “en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación”, pero está empezando a tomar fuerza la inquietante y corrosiva idea de que Europa afronta una situación de excepción perpetua.
Hay muchos países en Europa, especialmente aquellos con escasa experiencia en terrorismo, en los que gobiernos de línea dura de cualquier tendencia política tendrán la tentación de imponer el estado de excepción como respuesta a los primeros ataques graves relacionados con el terrorismo que afronten. Estos gobiernos disfrutarán de amplias atribuciones cuyo uso es poco probable que se limite a las personas implicadas en la comisión de dichos actos.
Sin embargo, en última instancia, la amenaza para la vida de una nación —para la cohesión social, el adecuado funcionamiento de las instituciones, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho— no viene de los actos aislados de unos radicales criminales violentos, por mucho que deseen destruir estas instituciones y socavar estos principios. Viene de las sociedades y los gobiernos que están dispuestos a abandonar sus propios valores para hacerles frente.
El 15 de noviembre de 2015, dos días después de la muerte de su esposa en la sala Bataclan de París, Antoine Leiris escribió una carta abierta a los asesinos. “El viernes por la noche, me robasteis la vida de un ser excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero no tendréis mi odio […]. Queréis que esté asustado, que mire a mis conciudadanos con sospecha, que sacrifique mi libertad por la seguridad. Habéis fracasado. No cambiaré.”
Si queremos evitar crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma, debemos seguir el ejemplo de Leiris.No debemos permitir que el miedo nos cambie.
