Las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos merecen tener la oportunidad de que sus casos se vean en un tribunal, ha afirmado Amnistía Internacional al instar a los Estados a trabajar para fortalecer la Corte Penal Internacional (CPI) en vez de retirarse de ella.
El llamamiento tiene lugar la víspera de la XV Asamblea de los Estados Partes (ASP) del Estatuto de Roma –el tratado fundacional de la CPI–, que se celebrará del 16 al 24 de noviembre en La Haya, Países Bajos.
“En lugar de optar por abandonar lo que en muchos casos es la única vía para que millones de víctimas vulnerables de crímenes de derecho internacional obtengan justicia, los Estados deben comprometerse de buena fe con la Corte Penal Internacional. Deben usar su fuerza colectiva para cuestionar los dobles raseros, las deficiencias vergonzosas y la politización de la justicia por el Consejo de Seguridad de la ONU”, ha declarado Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para África.
“Este periodo de sesiones no debe estar dominado por las decisiones políticas cínicas de un pequeño número de gobiernos de abandonar la Corte. Por el contrario, quienes la apoyan deben centrar la atención en fortalecer el sistema.”
Si bien existen motivos de preocupación legítimos en torno a la atención casi exclusiva sobre África de las investigaciones y los enjuiciamientos de la CPI, hay firmes indicios de que la Fiscalía de la CPI está intentando abordar este desequilibrio y ampliar su labor a otras regiones. Pero para ello serán necesarios el apoyo y los recursos de la Asamblea, en particular de los Estados del Sur global.
También constituyen un problema importante los intentos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de politizar la labor de la Corte remitiendo algunas situaciones pero no otras.
Los 124 Estados miembros de la Asamblea deben trabajar juntos para hacer frente a este doble rasero.
Amnistía Internacional ha hecho varias recomendaciones antes del próximo periodo de sesiones de la ASP, con el objetivo de fortalecer la Corte y su capacidad de hacer justicia a las víctimas.
• Entre otras cosas, se hace un llamamiento a los Estados Partes para que:
confirmen su apoyo a la CPI y a que Sudáfrica, Gambia y Burundi reconsideren su decisión de retirarse de la Corte;
• pidan a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se abstengan de ejercer su prerrogativa de veto para bloquear la remisión a la Fiscalía de la CPI de situaciones que impliquen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio;
• apoyen la aprobación de recursos suficientes para que la CPI pueda ampliar sus investigaciones en 2017;
• desarrollen sistemas mejores para asegurar la cooperación de los gobiernos con la Corte, en particular en la detención y entrega de sospechosos;
• garanticen que cualquier modificación del marco legal de la Corte alcanza el más alto grado de imparcialidad para los acusados y al mismo tiempo respeta los derechos de víctimas y testigos.
El llamamiento de Amnistía Internacional se hace cuando la Corte se enfrenta a una reacción en algunas partes de África, en cuyo marco Burundi, Sudáfrica y Gambia adoptaron medidas en octubre para retirarse de la Corte.
Sin embargo, muchos Estados Partes africanos han hecho recientemente declaraciones que confirman la continuidad de su apoyo a la Corte, como Botsuana, Sierra Leona, Malawi, Nigeria, Costa de Marfil y Senegal. Tanzania ha pedido un diálogo constructivo en lugar de la retirada.
Muchos Estados Partes africanos, entre ellos Malí, República Democrática del Congo y República Centroafricana, también siguen cooperando con la Corte respecto de situaciones y casos en curso, y Gabón ha remitido recientemente la situación en el país a la CPI.
Información complementaria
Desde su adopción en 1998, hasta la fecha son 124 los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 34 de los cuales están en África.
Amnistía Internacional ha formulado siete recomendaciones prioritarias a la XV Asamblea de los Estados Partes de la CPI.
La organización hace campaña para que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte un código de conducta que acuerde abstenerse voluntariamente de ejercer el derecho de veto para bloquear la actuación del Consejo de Seguridad en situaciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
