Amnistía Internacional presenta hoy su documento Legado de violencia: Homicidios a manos de la policía y represión de protestas en las Olimpiadas de Río 2016, centrado en las violaciones de derechos humanos resultantes de las operaciones de seguridad llevadas a cabo durante los Juegos. El nuevo informe complementa al documento ¡La violencia no es parte de estos Juegos!: Riesgo de violaciones de derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016, presentado en junio de 2016.
Este resumen se publica el mismo día que la organización entrega a la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro una petición internacional con más de 209.000 firmas para que se respete la dignidad humana durante las operaciones de seguridad en el contexto del gran evento deportivo.
La nueva publicación de Amnistía Internacional cuestiona el legado olímpico de Río en materia de seguridad pública. La propuesta oficial de la candidatura de Río para ser sede de los Juegos de 2016 prometió una ciudad segura para todas las personas. Sin embargo, persistió un patrón de violaciones de derechos humanos, con una violenta represión de las protestas y un fuerte aumento del número de homicidios resultantes de operaciones policiales tanto en el periodo previo a las Olimpiadas como en su transcurso.
“Es terrible que las autoridades brasileñas y los organizadores de los Juegos Olímpicos hayan calificado de éxito la estrategia de seguridad de Río 2016. Las fuerzas policiales han actuado como autores de violencia, y han dejado tras de sí un rastro de decenas de personas muertas o heridas, así como otros presuntos abusos, entre ellos invasiones de domicilios, amenazas directas, y agresiones físicas y verbales contra personas que viven en favelas y en otras zonas marginadas de la ciudad”, ha criticado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Brasil.
Este mismo mes, unos representantes del Mando General de la Policía Militar de Río de Janeiro dijeron a Amnistía Internacional que las cifras iniciales recopiladas por la policía indicaban que 12 personas habían muerto a consecuencia de intervenciones policiales en la ciudad de Río de Janeiro entre el 5 y el 21 de agosto, y otras 44 habían muerto en sucesos en los que no habían participado las fuerzas de seguridad. Las autoridades informaron también a la organización de que la policía había participado en 217 “conflictos” (tiroteos) en el estado de Río de Janeiro en ese mismo periodo. La lógica de la guerra y las operaciones de seguridad con personal fuertemente armado también pusieron en peligro a los agentes de seguridad pública. Al menos dos agentes murieron en acto de servicio en los 10 primeros días de los Juegos Olímpicos.
Resumen
• Durante todo el periodo de los Juegos Olímpicos, la policía llevó a cabo operaciones extremadamente violentas en varias zonas de Río de Janeiro, entre ellas Acari, Cidade de Deus, Borel, Manguinhos, Alemão, Maré, Del Castilho y Cantagalo. Amnistía Internacional ha identificado al menos ocho personas muertas a manos de la policía en la ciudad de Río de Janeiro en ese mismo periodo.
• Las manifestaciones y protestas públicas se reprimieron usando fuerza innecesaria y excesiva en varias ocasiones, como por ejemplo en el relevo de la antorcha olímpica en municipios como Angra dos Reis y Duque de Caxias, entre otros. La policía utilizó armas menos letales, como gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y balas de goma, de forma abusiva contra manifestantes. Varias personas fueron detenidas arbitrariamente.
• Hubo gente que fue expulsada de las zonas de competición deportiva por llevar camisetas o pancartas de protesta, lo cual constituye una violación del derecho a la libertad de expresión. Incluso después de que un juez federal emitiera una resolución por la que se permitían esas manifestaciones, los agentes de seguridad siguieron acosando a gente en el interior de los estadios por llevar banderas, pancartas o camisetas de protesta.
“La principal lección que podríamos y deberíamos extraer de haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Río es que este modelo de gran evento deportivo que se celebra a expensas de violaciones de derechos humanos tales como desalojos forzosos y violencia policial no es aceptable ni bienvenido en ninguna ciudad del mundo. No tiene sentido adoptar medidas que benefician únicamente a una parte de la población mientras otros miembros de la ciudadanía sufren los efectos negativos de los Juegos”, ha manifestado Atila Roque. “En concreto, en lo que se refiere a las políticas de seguridad pública, Río de Janeiro ha desperdiciado una oportunidad histórica de avanzar hacia la erradicación de las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios durante operaciones policiales y hacia la protección del derecho humano a la vida de todos los residentes de Río de Janeiro.”
