18 enero 2016, 13:09 UTC
La psiquiatra irlandesa Veronica O’Keane opina sobre la controvertida legislación sobre el aborto en Irlanda —la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo— que entró en vigor en enero de 2014.
Soy psiquiatra consultora y profesora de psiquiatría en el Trinity College de Dublín. También soy una mujer que ha vivido toda su vida bajo un sistema jurídico misógino en un país que afirma ser una “democracia occidental” liberal.
Hasta 2013, las mujeres en Irlanda no tenían derecho efectivo al aborto, ni siquiera cuando peligraban sus vidas. El derecho a someterse a un aborto cuando se corría peligro de muerte quedó establecido en la Constitución tras las celebración de dos referéndums, pero el gobierno no promulgó ninguna ley que apoyara ese derecho. Y ello a pesar de que en ambos referéndums el pueblo de Irlanda votó a favor del derecho de las mujeres a abortar cuando peligren sus vidas.
La necesidad de promulgar dicha ley se hizo evidente en octubre de 2012 cuando se dejó morir a Savita Halappanavar: su médico obstetra esperó hasta que el feto estuviera muerto en vez de practicarle el aborto que había solicitado reiteradamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ejerció cada vez más presión para que se promulgara esta ley.
Finalmente, el gobierno comenzó a redactar un borrador, que luego se convirtió en la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo. Aunque la mayoría de la población estaba a favor de una ley que permitiera abortar por razones médicas, había división en los casos relacionados con el suicidio.
Es más difícil acceder a un aborto cuando se tienen tendencias suicidas
Apoyé públicamente es ley, instando a las autoridades a no discriminar a las mujeres que corren peligro de suicidio. Pero muchas personas argumentaban que las mujeres podían mentir, afirmando tener tendencias suicidas para poder abortar.
Por ese motivo, se pusieron obstáculos poco realistas a las mujeres que necesitan un aborto en esas circunstancias. Por ejemplo, si una mujer tiene complicaciones ginecológicas, sólo necesita la autorización de su obstetra para someterse a un aborto. Ahora bien, si tiene tendencias suicidas, necesita que dos psiquiatras, un obstetra y su médico de familia (o un médico de la Unidad de Emergencias y Accidentes) lo autoricen.
A pesar de que otros colegas defensores del derecho a decidir y yo nos opusimos a que en dichos casos las mujeres fueran examinadas por al menos cuatro médicos, esta modalidad de atención se incluyó en la Ley, que finalmente se promulgó en julio de 2013.
Una ley farsa
Inmediatamente después de que se promulgara la ley, una joven, prácticamente una niña, quedó embarazada a consecuencia de una violación en un país africano en guerra. Miss Y, como se hacía llamar tras huir de África, había solicitado asilo en Irlanda.
A pesar de que al principio de su embarazo le explicó a los profesionales de la salud que tenía tendencias suicidas, no recibió autorización para abortar. Se fue desesperando cada vez más y finalmente fue obligada a dar a luz al feto por cesárea en la semana 24 de gestación en un hospital irlandés.
La Ley se empleó para justificar el parto forzado, poniendo de manifiesto que era una farsa.: había una mujer que a todas luces podía haber cometido suicidio en una etapa temprana del embarazo, y si embargo no se le facilitó un aborto legal. Se ha empleado la ley, no para realizar un aborto, sino para que se dé a luz a un feto vivo. Las directrices médicas para la aplicación de la Ley, que en ese momento se estaba redactando, se modificaron para permitir que esto sucediera, y el parto prematuro por cesárea quedó clasificado como “interrupción del embarazo”.
En el primer año desde la entrada en vigor de la Ley, se efectuaron tres “interrupciones” del embarazo, incluido el de Miss Y, aplicando la “clausula de suicidio”. Un político contrario al derecho a decidir habló en el Parlamento sobre uno de los casos, mencionando el lugar y la fecha del procedimiento. En un país pequeño como Irlanda, ese tipo de declaraciones ponen en peligro el anonimato de la mujer. Ese mismo político insinuó que yo era uno de los profesionales de la psiquiatría que habían dado luz verde al aborto. Personalmente no me supuso ningún problema, pero era una señal de advertencia dirigida a otros colegas para que supieran que también podrían ser identificados en las mismas circunstancias.
El día en que el aborto ya no sea delito en Irlanda
El 22 de mayo de 2015 fue uno de los mejores días en la historia de nuestra república: el pueblo de Irlanda aprobó en votación por una amplia mayoría que se modificara la Constitución para que consagrara el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Poco después, el gobierno promulgó legislación que permitía a irlandeses e irlandesas cambiar de identidad de género, sin necesidad de contar con la aprobación de médicos especialistas.
Actualmente, el de Irlanda es un caso particular, ya que hay igualdad de derechos para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y al mismo tiempo las mujeres prácticamente no tienen derecho a abortar.
Hasta que se despenalice, el aborto no será una opción para las mujeres en Irlanda. Los profesionales de la medicina no se arriesgarán a infringir la ley: hacerlo puede acarrear una condena de hasta 14 años de prisión. Así lo establece la ley.
A mi juicio, la campaña de Amnistía Internacional #noesunadelincuenteen Irlanda ha desviado el debate de las circunstancias extremas, como los embarazos consecuencia de violación o incesto, o los embarazos que entrañan peligro para la vida. Los debates sobre estas circunstancias extremas siempre se desarrollan con un alto nivel de emotividad. Actualmente, se está extendiendo la percepción de que la atención del aborto forma parte de la atención reproductiva general.
El llamamiento de Amnistía Internacional para que se despenalice el aborto en todas las circunstancias ha dado lugar a que la ciudadanía irlandesa fije su atención en circunstancias menos extremas desde la óptica de los derechos humanos. La inmensa mayoría de las mujeres que se han sometido o se someterán a un aborto eligen esa opción desde una postura de procreación responsable. Jamás deberían hacerlas sentir como delincuentes.
Espero que en 2016 deroguemos la octava enmienda (que otorga derecho a la vida al feto y lo equipara al de la mujer). La Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo quedaría anulada, ya que su existencia está supeditada a la octava enmienda. Espero que la opción de abortar llegue a ser un asunto totalmente privado acordado entre la niña o la mujer y su médico. Debería estar regulada siguiendo las mismas normas éticas que son intrínsecas a la atención médica. Probablemente, habrá peticiones para que se promulguen leyes que limiten el acceso al aborto, pero considero que será una etapa más en la lucha para garantizar la plena libertad de elección para las mujeres.
