Por William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China
El viernes 10 de julio por la noche, Sui Muqing, famoso abogado de derechos humanos de Cantón, estaba tranquilamente en su casa cuando sonó el timbre de la puerta. Un agente de policía le dijo por el portero automático que se había producido un accidente con su automóvil y le pidió que saliera. Sui Muqing recelaba, pero al final bajo las escaleras, y entonces la policía se lo llevó. No se lo ha vuelto a ver desde entonces, debido a una nueva forma de detención secreta conocida como «vigilancia domiciliaria», que las autoridades chinas utilizan cada vez más para reprimir a quienes se muestran críticos.
Sui Muqing no es más que una de las víctimas de una campaña de represión sin precedente emprendida contra abogados y activistas y que se ha dado en llamar «Viernes Negro». A fecha de 22 de septiembre, un total de 245 abogados y activistas habían sido detenidos, y 30 continuaban bajo custodia policial.
El gobierno ha paseado a los abogados detenidos por las televisiones estatales, obligándoles a hacer «confesiones», ha acusado algunos de ellos de formar parte de una «importante banda criminal», ha intimidado y hostigado a sus familiares y ha censurado casi todas las noticias relacionadas con esta campaña de represión en las redes sociales.
Someter a abogados de derechos humanos y personas criticas a detención secreta no es nada nuevo en China. Lo que ocurre es que ahora el gobierno chino lo ha convertido en algo «legal».
La “vigilancia domiciliaria en un lugar designado», como se llama la disposición del Código de Procedimiento Penal donde se estipula, permite a la policía tener a los presuntos delincuentes hasta seis meses fuera del sistema formal de detención, ya sea en una apartamento, la habitación de un hotel o un edificio privado. A los detenidos se les niega asistencia letrada y toda visita familiar. Se supone que la policía tiene 24 horas para notificar a las familias que se ha impuesto tal medida, pero no el paradero de los detenidos.
Esta incertidumbre es un tormento para las familias. La esposa del abogado detenido Wang Quanzhang ha contado recientemente en una carta abierta que, cada vez que su hijito oye el nombre de su padre, le dice: «Quiero ir a buscar a papá».
Sui Muqing forma parte de un grupo de siete abogados y cinco activistas que se encuentran sometidos a «vigilancia domiciliaria en un lugar designado» por presunta «amenaza para la seguridad del Estado», en el marco de la campaña de represión.
Las autoridades provinciales también están descubriendo las ventajas de este procedimiento para eliminar a sus detractores. En la provincia de Zhejiang –donde el gobierno provincial ha emprendido una campaña de demolición de iglesias cristianas y retirada de cruces y crucifijos–, un destacado abogado que prestaba servicios jurídicos a las iglesias afectadas, Zhang Kai, y uno de sus ayudantes se hallan sometidos a «vigilancia domiciliaria».
Lo más preocupante de la detención secreta es el riesgo de tortura. Es imposible saber en qué condiciones se encuentran Sui Muqing o Zhang Kai, pero las perspectivas no son buenas. A juzgar por casos anteriores, la combinación de interrogadores demasiado entusiastas, falta de acceso a abogados o a familiares y la ausencia de rendición de cuentas y de supervisión de la actuación policial tiene todos los ingredientes necesarios para la tortura y otros malos tratos.
Ya en 2011, el abogado de derechos humanos Liu Shihui fue sometido a “vigilancia domiciliaria” durante 108 días, en el transcurso de los cuales fue interrogado una vez durante 5 días seguidos, hasta que cayó derrumbado por agotamiento. La abogada Li Tiantian estuvo 95 días detenida, durante los cuales le preguntaron reiteradamente sobre sus relaciones sexuales y la amenazaron con violencia si no decía la verdad. Cuando el escritor Ye Du estuvo bajo «vigilancia domiciliaria», lo interrogaron durante 22 horas al día, con sólo dos horas de descanso para comer y dormir.
¿Cómo puede seguir habiendo detención secreta, con el riesgo probado de malos tratos, en un país donde las autoridades afirman que se gobierna de acuerdo con el Estado de derecho?
El Código de Procedimiento Penal de China, revisado en 2012 y en vigor desde 2013, pretende legalizar esta violación de los derechos humanos. La “vigilancia domiciliaria” se concibió de manera que fuera una forma leve de detención, que permitiera a los presuntos delincuentes que no supusieran una amenaza para la sociedad vivir en su propia casa durante la fase de investigación. La policía ha aprovechado esta medida de una manera para la que no estaba concebida y ahora puede utilizar tal forma de detención secreta para retener a personas acusadas de delitos de «terrorismo», «amenaza para la seguridad del Estado» o «soborno grave».
Como era de esperar, desde que la nueva ley entró en vigor, los encargados de realizar las investigaciones parecen estar haciendo uso de ella con mayor frecuencia. Las razones no son difíciles de adivinar.
En primer lugar, someter a los presuntos delincuentes a detención secreta ayuda a conseguir confesiones. La policía puede someter a personas aisladas a largos interrogatorios a fin de «doblegarlas» y conseguir las declaraciones incriminatorias que quiera.
En segundo lugar, la «vigilancia domiciliaria en un lugar designado» es una forma muy conveniente para las autoridades de conseguir sus objetivos políticos. El uso de esa forma de detención puede ser una táctica con que amedrentar a los abogados y activistas de China para hacer que se sometan. Para las víctimas es una forma de castigo en sí misma, con independencia de que sus casos se lleven alguna vez a juicio.
Asimismo, en el caso de Zhang Kai, el uso de la detención secreta permite al gobierno «sacar del mapa» durante al menos seis meses a un abogado que prestaba asistencia jurídica organizada a la campaña contra las demoliciones de cruces.
En noviembre de este año, China será sometida examen por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el órgano que supervisa cómo aplican los gobiernos la Convención contra la tortura, tratado global que China ha ratificado.China tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de impedir, investigar y enjuiciar la tortura y otros malos tratos y de proporcionar reparación. No puede utilizar el riesgo de «terrorismo», la «amenaza para la seguridad del Estado» ni ninguna otra justificación para incumplir sus obligaciones.
De acuerdo con el derecho internacional, todas las personas bajo custodia tiene derecho a estar en un lugar reconocible de detención y a tener acceso efectivo a su familiares y abogados.
Si China está dispuesta realmente a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, debe erradicar toda forma de detención secreta, incluida la «vigilancia domiciliaria», práctica que en muchos casos constituye desaparición forzada. Este sistema es incompatible con el derecho internacional, y todas las personas detenidas en virtud de él deben ser puestas en libertad de inmediato.
No debe haber más llamadas de la policía a la puerta tras las que personas como Sui Muqing desaparezcan durante meses interminables, corriendo gran riesgo de sufrir tortura, sin que sus familias sepan absolutamente nada de ellas.
