La policía hizo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones de julio de 2015
Las palizas con barras de hierro y el uso de ácido para producir quemaduras son dos de las diversas técnicas de tortura que utilizan las fuerzas de seguridad burundesas para obtener «confesiones» y silenciar la disidencia, según un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy.
En el informe “Just tell me what to confess to”: Torture and ill-treatment by Burundi’s police and intelligence service since April 2015, la organización documenta espeluznantes testimonios de víctimas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. Se pone de relieve en él el aumento del uso de la tortura en Burundi desde abril de 2015.
“Los testimonios que hemos recibido son tan terribles como preocupantes, pues la tortura y otros malos tratos están prohibidos por la Constitución de Burundi y por tratados internacionales y regionales en los que Burundi es Estado Parte», ha señalado Sarah Jackson, directora adjunta del Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Es preciso poner fin a tales prácticas con urgencia, y todo presunto autor de delitos de derecho internacional, como la tortura, debe ser suspendido de impedido de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para iniciar su procesamiento.»
Los testimonios indican que tanto el Servicio Nacional de Inteligencia (Service National des Renseignements, SNR) como la Policía Nacional de Burundi (Police Nationale du Burundi, PNB) son responsables de actos de tortura y otros malos tratos cometidos contra personas detenidas desde abril de 2015 por su presunta participación en manifestaciones contra las pretensiones de reelección por tercera vez del presidente Pierre Nkurunziza, así como contra un activista de los derechos humanos y un periodista.
Un hombre que había sido detenido a finales de junio mostró a Amnistía Internacional las marcas de las palizas que había sufrido bajo custodia del SNR. Explicó: “Comenzaron a golpearme con barras de hierro. Luego me dijeron que me desnudara. Me ataron a los testículos un recipiente de cinco litros de capacidad lleno de arena. Me lo dejaron así más de una hora; me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, me hicieron sentarme en una pila poco profunda llena de ácido de batería […] quemaba horriblemente.»
Otro manifestante detenido dijo que lo habían torturado y obligado a hacer una confesión falsa. Todavía estaba curándose de las heridas cuando Amnistía Internacional escuchó su testimonio en julio. Contó: “Esa noche me llevaron a un pequeño cuarto. No había sitio para tumbarme; tenía que dormir sentado. Al día siguiente me llevaron a otro cuarto diminuto, que tenía piedrecitas incrustadas en el suelo. Pasé allí todo el día. El tercer día me llevaron a un cuarto donde había un motón de trozos de vidrio y amenazaron con cortarme en pedazos con ellos. Me dijeron que escribiera una lista de todas las personas que conocía y que firmara un documento donde prometía no volver a participar en manifestaciones. Lo firmé.»
Los casos documentados de tortura y otros malos tratos se produjeron en uno de los centros del SNR y en un centro de detención no oficial de la policía, llamado Chez Ndadaye. La policía golpeaba a los detenidos con cables eléctricos y porras, mientras que el SNR utilizaba barras de hierro, así como la técnica de sumergir a la persona la cabeza en agua sucia.
La organización encontró también ejemplos de confesiones forzadas. Un hombre detenido y torturado por el SNR en junio contó a Amnistía Internacional: “Me dijeron: ‘Si no confiesas, te matamos’. Pero dije: ‘¿Cómo voy a confesar si no sé nada? Tendrán que decirme qué confesar’.»
Un hombre detenido por la policía en junio explicó a Amnistía Internacional cómo el SNR había intentado obtener información de él: «Me dieron golpes por todas partes. Utilizaron una barra de hierro y una descarga eléctrica en el dedo anular.»
En los casos que Amnistía Internacional ha documentado, los detenidos no tuvieron acceso a abogados ni a sus familias durante su reclusión en el centro de la SNR. Hasta la fecha no parece haberse abierto ninguna investigación sobre estos casos de abusos o tortura.
“El gobierno burundés debe tomar medidas urgentes para garantizar la rendición de cuentas y reparaciones por los actos de tortura y otros malos tratos infligidos por agentes de las fuerzas de seguridad e impedir nuevas violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Sarah Jackson.
“La comunidad internacional debe instar al gobierno a que cumpla sus compromisos regionales e internacionales de derechos humanos, y se debe permitir el acceso de observadores de derechos humanos de la Unión Europa, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura para que investiguen las denuncias.”
Información complementaria:
Entre el 26 de abril y mediados de junio de 2015 se organizaron manifestaciones en la capital de Burundi, Bujumbura, para protestar contra la decisión del presidente Pierre Nkurunziza de concurrir a la lecciones de julio de 2015 para un tercer mandado, que muchas personas consideraban inconstitucional y una violación del Acuerdo de Arusha
En julio de este año, Amnistía Internacional publicó un informe donde se pone de relieve una constante de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en respuesta a las manifestaciones. La policía hizo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluidos medios letales, contra los manifestantes, llegando incluso a disparar contra manifestantes inermes cuando huían. También utilizó gas lacrimógeno y munición real contra las manifestaciones pese a haber niños en ellas.
Burundi está obligado a cumplir varios tratados internacionales y regionales que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-
La Convención contra la Tortura define ésta como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
