Las autoridades japonesas están intentando evitar el escrutinio público al llevar a cabo su primera ejecución este año mientras la atención del país está centrada en otro punto. Así lo manifestó Amnistía Internacional el jueves.
Tsukasa Kanda, de 44 años, fue ahorcado en la madrugada del jueves en el centro de detención de Nagoya. Había sido declarado culpable en 2009 de robo y homicidio.
La ejecución tuvo lugar cuando la atención política y de los medios de comunicación en el país estaba centrada en los controvertidos planes gubernamentales de ampliar la función del ejército en Japón.
“Mientras el país miraba hacia otro lado, las autoridades japonesas decidieron que era políticamente conveniente reanudar las ejecuciones. Quitar la vida a un hombre de esta manera es una política de alcantarilla», ha manifestado Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.
“El gobierno está evitando un debate completo y franco sobre el uso de la pena de muerte porque los argumentos que plantea no resisten un escrutinio.»
El gobierno japonés sigue alegando que la pena de muerte tiene un efecto «disuasorio general», pero al mismo tiempo ha reconocido que no existen pruebas «científicas» que fundamenten esa afirmación. Sencillamente, no existen pruebas creíbles de que la amenaza de la ejecución tenga un efecto más disuasorio respecto a la delincuencia que una pena de prisión. Este extremo ha sido confirmado por numerosos estudios realizados por la ONU y en numerosas regiones del mundo.
“Con esta última ejecución, el gobierno japonés está engañando a la opinión pública. El homicidio autorizado por el Estado no es la solución para la delincuencia, sino la violación última de los derechos humanos», ha declarado Hiroka Shoji.
Japón fue uno de los tan sólo 22 Estados que llevaron a cabo ejecuciones en 2014, frente a los 41 países que lo hicieron hace 20 años. En la actualidad, 140 Estados han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Japón y Estados Unidos siguen siendo los únicos miembros del G8 que llevan a cabo ejecuciones, pero incluso en Estados Unidos hay señales de que el uso de la pena de muerte está decayendo.
“Japón está aislado y desfasado respecto a la inmensa mayoría de países que han abandonado este exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante», ha manifestado Hiroka Shoji.
“El gobierno debe elegir entre seguir llevando al país por una senda regresiva o poner fin a las ejecuciones y demostrar que valora los derechos humanos.»
La ejecución es la número 12 llevada a cabo por el actual gobierno, que ocupó su cargo en 2012. Tres personas fueron ejecutadas en 2014, y 129 permanecen condenadas a muerte en el país.
Las ejecuciones en Japón están envueltas en un manto de secretismo, y lo habitual es que a los presos les comuniquen que van a ser ejecutados pocas horas antes; en algunos casos, no reciben aviso alguno. Por lo general, a los familiares no se les notifica la ejecución hasta que ésta se ha producido.
La falta de salvaguardias jurídicas adecuadas para los condenados a muerte de Japón ha sido ampliamente criticada por expertos de la ONU.
Entre otras cosas, a los acusados se les niega la asistencia letrada adecuada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.
Varios condenados a muerte han declarado que «confesaron» el delito tras ser sometidos a tortura u otros malos tratos durante periodos prolongados de interrogatorio, sin la presencia de un abogado, bajo custodia policial. En algunos casos, esas «confesiones» fueron admitidas como prueba en el juicio y forman la base de su condena.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
