Tres años después de la muerte de 11 campesinos y seis policías en Curuguaty, al noreste de Paraguay, las víctimas siguen sin encontrar justicia y reparación, ha dicho hoy Amnistía Internacional en el aniversario de los hechos y un mes antes de la apertura del juicio oral.
El 15 de junio de 2012, más de 300 agentes de policía acudieron a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras en el distrito de Curuguaty. La Fiscalía investigó únicamente la muerte de los seis policías, y determinó la presunta responsabilidad de varios campesinos.
Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la falta de imparcialidad en la investigación y han exigido que el uso de la fuerza por parte de la policía y la muerte de los 11 campesinos sean igualmente investigadas.
“Es fundamental que se haga justicia por todas las muertes, tanto de los campesinos como de los policías en Curuguaty. Las autoridades deben garantizar una investigación independiente e imparcial sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego que llevaron a la muerte de los 11 campesinos y en general de todo el proceso judicial para que las muertes no queden en total impunidad. La justicia no será posible si no se garantiza la independencia e imparcialidad en todas las etapas del proceso judicial”, indicó Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa de América.
Está previsto que el 22 de julio se dé inicio al juicio oral en Asunción en contra de 13 personas, incluida una mujer que era adolescente al momento de los hechos, por la muerte de los seis policías y otros presuntos delitos cometidos por los campesinos acusados relacionados con este caso.
En el juicio se espera la comparecencia de unos 120 testigos incluidos en la acusación fiscal, la mayoría de ellos policías y funcionarios públicos. Personas que estuvieron en el lugar de los hechos cuando se produjo el tiroteo y que podrían aportar información sobre el actuar policial no se atrevieron a testificar por miedo a sufrir represalias en un contexto en el que varios campesinos enfrentaban órdenes de captura por presuntos vínculos con la violencia.
“El ministerio público no ha garantizado la imparcialidad de la investigación y ha vulnerado el debido proceso. Nos preocupa que el caso está llegando a juicio arrastrando falencias importantes, como la inclusión de testigos mayoritariamente de la policía y el presunto manejo indebido del lugar de los hechos, que levantan dudas sobre la imparcialidad y la independencia con la que este proceso ha sido abordado hasta la fecha y sus consecuencias para que se lleve a cabo un juicio justo con todas las garantías del debido proceso”, ha dicho Guadalupe Marengo.
Denuncias de la defensa sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, e incluso el uso de armas de fuego contra campesinos cuando la violencia ya había terminado, no han sido consideradas por la Fiscalía. El fiscal a cargo de la investigación estimó que la actuación de la policía fue en respuesta al supuesto ataque de los campesinos y que eso habría ocasionado la muerte de los mismos, por lo que la conducta de los policías no fue investigada.
Por otra parte, la defensa llevada adelante en el caso de la adolescente acusada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), y otros abogados en el caso de 11 campesinos, ha alertado a Amnistía Internacional sobre otras fallas en la investigación y diversos obstáculos impuestos por las autoridades para ejercer una defensa adecuada de los acusados.
En diciembre de 2014 se notificó a los abogados de 11 campesinos la apertura de un sumario administrativo en su contra para investigar su conducta profesional durante el proceso judicial, argumentando que estaban haciendo un uso inadecuado de mecanismos procesales para retardar el proceso. Un órgano dependiente de la Corte Suprema debe todavía decidir sobre este sumario.
“Si bien es deber de los abogados llevar adelante su trabajo de manera rigurosa y apegada a la ley, preocupa que este proceso administrativo en contra de ellos podría haberse iniciado en represalia a los cuestionamientos que ha hecho la defensa sobre el actuar de la Fiscalía en el proceso. Mantener este sumario abierto durante el juicio genera para los abogados una preocupación constante de estar monitoreados, y en la práctica puede implicar una limitación a su legítimo trabajo de defensa”, indicó Guadalupe Marengo.
El pasado mes de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Curuguaty y recordó al Estado su deber de investigar y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos en el 2012. En marzo de 2013, en un contundente informe, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas urgió al Estado paraguayo a llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre las muertes y sobre todos los incidentes relacionados denunciados por las víctimas, incluidos los alegatos de tortura, detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso.
