La vigilancia masiva por parte de Estados Unidos del uso de Internet y del teléfono indigna a la opinión pública mundial, ha declarado Amnistía Internacional, que dio a conocer los resultados de una importante encuesta de opinión con motivo del lanzamiento de su campaña mundial #DejenDeSeguirme.
Según el estudio, en el que participaron 15.000 personas de 13 países de todos los continentes, el 71% de los encuestados rechaza rotundamente el control por Estados Unidos del uso de Internet. Por otra parte, casi dos tercios afirman que quieren que las empresas de tecnología —como Google, Microsoft y Yahoo— protejan sus comunicaciones para impedir el acceso del gobierno.
“Estados Unidos debería ver esta encuesta como una advertencia de que la vigilancia está perjudicando su credibilidad. El presidente Obama debería escuchar la voz de los ciudadanos de todo el mundo y dejar de usar Internet como una herramienta para recoger datos masivos sobre la vida privada de las personas”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“La tecnología actual da a los gobiernos un poder sin precedentes para observar lo que hacemos en Internet. Necesitamos un mecanismo independiente que vigile a los vigilantes para que no haya abusos de poder. Pero hoy son pocas las leyes, si es que las hay, que protegen realmente nuestro derecho humano a la intimidad frente a la vigilancia masiva indiscriminada. De hecho, hay más países estudiando leyes que confieran mayores poderes de vigilancia a expensas de los derechos de las personas.”
En junio de 2013, Edward Snowden reveló que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense estaba autorizada para vigilar el uso del teléfono y de Internet en 193 países del mundo. En una representación de las capacidades de vigilancia de la agencia, se reveló que ésta recogía 5.000 millones de registros de ubicación de teléfonos móviles al día y 42.000 millones de registros de Internet —incluidos correos electrónicos e historiales de navegación— al mes.
La mayor oposición a la vigilancia masiva de Estados Unidos, en Brasil y Alemania
La mayor oposición a la interceptación, almacenamiento y análisis por Estados Unidos del uso de Internet procedía de Brasil (80 por ciento en contra) y Alemania (81 por ciento).
Tras las revelaciones de Snowden, la indignación pública fue generalizada en estos dos países cuando se reveló que Estados Unidos había vigilado incluso las llamadas telefónicas de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y de la canciller alemana Angela Merkel.
Incluso en el país con menor oposición, Francia, la mayoría de los encuestados rechazaba la vigilancia estadounidense (el 56 por ciento). La encuesta se realizó después del atentado contra Charlie Hebdo.
Aliados clave de Estados Unidos se oponen también a la vigilancia
Estados Unidos comparte los frutos de su programa de vigilancia masiva con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, países con los que forma la Alianza de los Cinco Ojos. Incluso en estos países, el porcentaje de personas que se oponen a la vigilancia estadounidense (70 por ciento) es más de tres veces superior al de quienes la apoyan (17 por ciento).
“El mensaje es claro: ni siquiera los ciudadanos de los países aliados más próximos de Estados Unidos quieren que los gobiernos registren su uso de Internet. Reino Unido y los otros países de los Cinco Ojos deberían ser sinceros con su propia ciudadanía sobre cómo están compartiendo el botín de la vigilancia: nuestros datos personales”, declaró Salil Shetty.
Las empresas de tecnología, bajo presión para que favorezcan el derecho a la intimidad y no lo obstaculicen
Las personas encuestadas que creen que las empresas de tecnología —como Google, Microsoft y Yahoo— tienen la obligación de ayudarles a proteger su información personal frente a los gobiernos (60 por ciento) son más que las que están de acuerdo en que estas empresas faciliten a las autoridades el acceso a los datos (26 por ciento).
En 2013, unos archivos filtrados de la ANS revelaron que las empresas de tecnología habían colaborado con las autoridades estadounidenses para facilitar la vigilancia del uso de sus aplicaciones, como el correo electrónico y las plataformas de medios sociales.
“Las empresas de tecnología tienen que tomar una decisión sobre el futuro de Internet. ¿Debe ser un lugar de expresión o de represión? Pueden pedir a sus usuarios que dejen su derecho a la intimidad en la puerta cuando se conecten o darles el control sobre sus datos personales”, dijo Salil Shetty.
La vigilancia en el propio país
En los 13 países en los que se hizo la encuesta, la gente rechazaba que su propio gobierno interceptara, almacenara y analizara su uso del teléfono y de Internet. Por término medio, había el doble de encuestados contrarios a la vigilancia por parte de su gobierno (59 por ciento) que de encuestados a favor (26 por ciento).
Quienes más se oponían a la vigilancia masiva por parte de su propio gobierno eran, de nuevo, los encuestados de Brasil (65 por ciento) y Alemania (69 por ciento). España, donde las informaciones de que la ANS había intervenido 60 millones de llamadas telefónicas españolas fueron recibidas con indignación en 2013, también estaba entre los primeros países contrarios (67 por ciento).
La mayoría de los ciudadanos estadounidenses encuestados (63 por ciento) estaba en contra del programa de vigilancia de su gobierno y sólo el 20 por ciento estaba a favor.
“La gente quiere que la sigan sus amigos, no sus gobiernos. Nadie quiere vivir sometido al escrutinio constante de un sistema de vigilancia tipo ‘gran hermano’”, dijo Salil Shetty.
¿El enemigo en casa?
Las actitudes hacia la vigilancia son significativamente diferentes cuando se trata de personas extranjeras. En los 13 países objeto de la encuesta, un porcentaje ligeramente superior de personas (43 por ciento) aprobaba que sus gobiernos vigilaran el uso del teléfono y de Internet en su país por los extranjeros, frente al 40 por ciento que lo rechazaba.
Francia y Reino Unido encabezan la lista de países a favor de vigilar a los extranjeros en su país, y el porcentaje de quienes lo aprueban (el 54 y el 55 por ciento, respectivamente) duplica al de quienes se oponen (el 27 y el 26 por ciento).
Igualmente, la mitad de los ciudadanos estadounidenses pensaba que su gobierno debía vigilar el uso de Internet y del teléfono de los extranjeros en Estados Unidos, a lo que sólo se oponía el 30 por ciento.
“El hecho de que las personas estén más dispuestas a aceptar que su gobierno siga a los extranjeros que a ellas mismas podría ilustrar el clima de miedo creado para justificar la vigilancia. Los gobiernos deben abordar la xenofobia y admitir que sacrificar los derechos humanos no traerá más seguridad”, concluyó Salil Shetty.
Amnistía Internacional ya ha adoptado acciones legales contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido para frenar la vigilancia masiva indiscriminada. La organización presenta hoy su nueva campaña #DejenDeSeguirme, en la que pide a los gobiernos que sometan la vigilancia masiva a supervisión y transparencia.
Nota a los periodistas
Más información sobre la campaña #DejenDeSeguirme, incluidas la encuesta completa y la petición global, en: Amnistía Internacional. ¡FIRMA AQUÍ!
Acción legal de Amnistía Internacional en Estados Unidos y Reino Unido:
El 10 de marzo se presentó una demanda ante una corte federal de Estados Unidos, con Amnistía Internacional Estados Unidos como demandante, contra la vigilancia masiva de la ANS.
El 16 de marzo, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de derechos humanos, solicitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una resolución sobre la legalidad de la vigilancia masiva indiscriminada que realiza la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno, agencia de inteligencia de Reino Unido.
Todas las cifras, salvo que se indique lo contrario, son de YouGov Plc. YouGov hizo 13 encuestas en sendos países. El tamaño de la muestra de cada país varía entre las 1.000 y las 1.847 personas. El trabajo de campo se realizó entre el 4 y el 16 de febrero. Las encuestas se hicieron en Internet. Las cifras de cada una de las 13 encuestas de país se han ponderado y son representativas de todas las personas adultas (mayores de 18 años) residentes en los países correspondientes.
Todos los promedios multinacionales han sido calculados por Amnistía Internacional.
