Una sucesión de al menos 69 detenciones en Francia esta semana por el cargo impreciso de “apología del terrorismo” (l’apologie du terrorisme) supone un riesgo de violación de la libertad de expresión, ha declarado Amnistía Internacional.
Al parecer, todas las detenciones se basan en declaraciones realizadas tras los ataques mortales contra la revista Charlie Hebdo, un supermercado kosher y las fuerzas de seguridad en París el 7 y el 9 de enero.
“En una semana en la que dirigentes mundiales y millones de personas de todo el mundo se han manifestado en defensa de la libertad de expresión, las autoridades francesas deben tener cuidado en no violar este derecho,” ha declarado John Dalhuisen, Director del Programa de Europa y Asia de Amnistía Internacional.
“El cómo actúen las autoridades francesas tras los terribles homicidios es la prueba de fuego de su compromiso con los derechos humanos para todas las personas”.
Las detenciones y enjuiciamientos son los primeros que se llevan a cabo en virtud de la nueva ley antiterrorismo de noviembre de 2014. Se basan en un artículo del Código Penal en virtud del cual “incitar a” o “hacer apología” del terrorismo conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel y una multa de 45.000 euros, y hasta siete años y una multa de 100.000 euros si implicase publicar algo en línea.
Aunque la “incitación” y la “apología del terrorismo” ya eran delitos en Francia, la ley de noviembre de 2014 los trasladó de la Ley de Prensa al Código Penal. Esto supone que las autoridades pueden acelerar el proceso, lo que ha ocurrido en varios de los casos de esta semana.
Además del caso del humorista Dieudonné M’bala M’bala, que recibió gran atención por parte de los medios de comunicación, hay otros ejemplos como el de un hombre que gritó en la calle: “Estoy orgullo de ser musulmán, no me gusta Charlie, hicieron bien en hacer eso”, así como un hombre ebrio, al ser arrestado por conducir en estado de embriaguez, al parece dijo a la policía que “debería haber más Kouachi. Espero que seáis los próximos”.
Otro caso es el de una persona de 21 años que fue sorprendida sin billete en el tranvía y posteriormente condenada a 10 meses de cárcel por decir, según se afirmó, “Lo de los hermanos Kouachi es sólo el principio. Debería haber estado con ellos para matar a más gente”.
En algunos casos ya se han iniciado causas judiciales y han dado lugar a condenas en virtud de un procedimiento acelerado.
Las detenciones, investigaciones y condenas se producen tras la publicación de una circular el lunes 12 de enero en la que la ministra de Justicia Christiane Taubira dio instrucciones a los fiscales según las cuales “las declaraciones o la conducta indebida, de incitación al odio o despectivas, proferidas o cometidas contra las personas a causa de su religión deben de combatirse y perseguirse con la máxima energía”.
Los gobiernos tienen la obligación en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de prohibir la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. Pero delitos definidos de manera poco precisa como la “apología del terrorismo” corren el riesgo de criminalizar las declaraciones u otras formas de expresión que, aunque sin duda son ofensivas para numerosas personas, no conllevan incitar a otras personas a la violencia o la discriminación.
Los tratados internacionales sobre la prevención del terrorismo exigen la criminalización de la incitación a cometer un delito terrorista. Sin embargo, existe el riesgo de que conceptos como la «apología del terrorismo” se empleen para criminalizar declaraciones realizadas sin el elemento necesario de intencionalidad y la probabilidad directa e inmediata de que induzcan a esa violencia.
Algunos de los casos conocidos recientemente en Francia puede que hayan superado el elevado umbral que garantiza la libertad de expresión y a partir del cual legítimamente se pueden entablar acciones judiciales. En otros casos, por ofensivos que resulten las declaraciones realizadas, no ha sido así.
“La libertad de expresión no tiene favoritos. Ahora es no el momento de enjuiciamientos precipitados, sino de respuestas mesuradas que protejan las vidas y respeten los derechos de todas las personas”, ha declarado John Dalhuisen.
