Por Nancy Tapias Torrado, investigadora de Amnistía Internacional sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en América.
“…el ejercicio de la defensa de los derechos humanos es probablemente una de las actividades más peligrosas que enfrentamos hoy día.”
Así definió su trabajo Iduvina Hernández, Directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia de Guatemala, cuando le pregunté sobre el tema durante una entrevista en marzo.
Y no es la única.
Defender derechos humanos es un derecho reconocido internacionalmente. La Declaración de las Naciones Unidas en la materia, adoptada en 1998, lo reafirma y desarrolla como un derecho autónomo, independiente y multidimensional que genera responsabilidad internacional cuando no se respeta, protege o garantiza.
Aun así, y tal como lo documentamos en nuestro informe “Defender Derechos Humanos en las Américas: Necesario, Legítimo y Peligroso” en los últimos años la situación de defensores y defensoras ha empeorado en muchos países.
La hondureña Margarita Murillo fue una de las tantas víctimas de todo eso. Esta defensora y líder campesina, con más de cuarenta años de trabajo en favor de los derechos humanos, fue asesinada a tiros en la mañana del 27 de agosto de 2014, cuando trabajaba en una parcela de tierra en El Planón, departamento de Cortés. Su cuerpo fue encontrado junto a su azadón con disparos en la cara y el pecho.
En Colombia, tan sólo entre septiembre y octubre de 2014, más de un centenar de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, líderes promotores de paz y de restitución de tierras, políticos y periodistas fueron objeto de amenazas de muerte de parte de grupos paramilitares.
Pero ni siquiera quienes tienen la suerte de no ser asesinados a causa de su trabajo están a salvo.
En los últimos años hemos documentado un creciente uso indebido del sistema de justicia para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos en varios países de la región.
En Cuba, por ejemplo, en la mañana del 7 de noviembre de 2014, varias integrantes de la organización Damas de Blanco fueron hostigadas, interrogadas y detenidas temporalmente por las autoridades, con el objetivo de que no asistieran a una manifestación en protesta por la detención arbitraria de Sonia Garro, otra integrante del grupo. Sonia ha estado detenida en prisión preventiva desde noviembre de 2013.
Tan sólo unos pocos meses antes, en Brasil, otros defensores y defensoras enfrentaban situaciones similares. El 1 de julio de 2014, por ejemplo, el abogado Daniel Biral fue detenido y agredido por la policía militar de São Paulo, tras preguntar a una agente de policía por qué no traía la identificación que los agentes deben llevar durante las operaciones de orden público. Daniel, junto con otra abogada y otras 500 personas iban a una reunión pública para hablar sobre los abusos cometidos por la policía durante recientes protestas. Los agentes de policía golpearon a Daniel hasta hacerle perder la conciencia y esa tarde quedó en libertad, pero enfrentando una investigación por “desacato”. En noviembre, la investigación fue archivada.
Para las mujeres que defienden los derechos humanos, la situación es aún más complicada. A muchas se las agrede no sólo en represión por sus acciones en favor de los derechos humanos sino por su género. Los abusos y ataques contra ellas están a menudo vinculados al rol que la sociedad espera de las mujeres o son parte de la falta del reconocimiento de la importancia de su trabajo. La violencia doméstica y la discriminación de la que son objeto las pone en una situación de vulnerabilidad aún más grande.
La impunidad en la gran mayoría de los casos de agresiones contra defensoras y defensores es abrumadora. En muchos casos las investigaciones no avanzan. Tal impunidad deja a quienes defienden los derechos humanos a merced de violentos y poderosos intereses. Los responsables de los ataques, sean o no del Estado, saben que lo más probable es que nunca tengan que rendir cuentas por sus actos. Así, resulta casi imposible proteger de manera efectiva a quienes defienden los derechos humanos.
Lo que sucede a las defensoras y los defensores en la región debería preocuparnos a todos. Son ellos y ellas quienes defienden nuestros derechos humanos y quienes con sus acciones contribuyen a cerrar la brecha entre la promesa de justicia y derechos para todos y la realidad.
Hoy, 9 de diciembre, día internacional de las defensoras y los defensores de los derechos humanos, en Amnistía Internacional hacemos un reconocimiento especial a quienes, aun enfrentando grandes riesgos, siguen adelante defendiendo derechos humanos.
Así mismo, hacemos un llamado a los gobiernos a que redoblen sus esfuerzos para la protección efectiva de estas personas y a que garanticen un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos.
Proteger nuestros derechos no debería costarle la vida a nadie.
