Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En un nuevo informe titulado Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, Amnistía Internacional examina la aplicación en 2012 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), y muestra que defrauda a la gran mayoría de la personas a quienes se robó la tierra. Muchas de ellas no han podido regresar a casa debido a las constantes amenazas de violencia y a la lentitud del proceso de restitución.
“Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo, y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
“No basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio.”
Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población) han sido desplazadas a la fuerza, principalmente por paramilitares y por las fuerzas de seguridad, a lo largo del sangriento conflicto armado de Colombia. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas, una superficie mayor que Costa Rica, a menudo en beneficio de poderosos intereses económicos.
Aunque Amnistía Internacional acogió con beneplácito la promulgación de la Ley, la falta de medidas para aplicarla de manera efectiva y abordar sus deficiencias, ha supuesto que el gobierno no esté respetando el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.
Incluso cuando se entregan títulos de propiedad en virtud de la Ley 1448, las amenazas de violencia y la falta de infraestructura básica y de apoyo económico impiden a la gente regresar a casa.
Violencia
Quienes intentan regresar a casa, así como quienes los representan y los funcionarios públicos que participan en el proceso de restitución de tierras, están expuestos a sufrir graves amenazas, violencia, e incluso la muerte, a manos principalmente de grupos paramilitares. Al final de agosto de 2014, la Fiscalía General estaba investigando al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso, pero es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor.
“¿Cómo va a regresar alguien a casa sabiendo que los mismos que lo desplazaron por la fuerza y amenazaron y mataron a sus amigos y familiares podrían estar esperándolo? Si el gobierno no aborda la violencia grave y generalizada contra quienes intentan regresar a casa y sus acompañantes, todas sus políticas y leyes no serán más que meros gestos vacíos”, ha señalado Marcelo Pollack.
Explotación empresarial
Poderosos gigantes empresariales nacionales e internacionales han utilizado reiteradamente el conflicto armado para promover, consolidar y proteger sus intereses económicos, incluso por medio de la adquisición ilegal de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, hasta la fecha, el proceso de restitución ha estado centrado en gran medida en devoluciones de tierras en pequeña escala y relativamente sencillas.
“El proceso de restitución de tierras no ha impedido hasta ahora que poderosos intereses económicos nacionales o internacionales se beneficien de inversiones en tierras adquiridas por medio de abusos contra los derechos humanos y obtengan ganancias del botín de guerra”, ha explicado Marcelo Pollack.
Debilidades del sistema
Para quienes intentan reclamar sus tierras por medio de la Ley 1448, los avances son desesperanzadoramente lentos. Hasta ahora se ha devuelto sólo una mínima parte de los millones de hectáreas que se cree que han sido adquiridas ilegalmente durante el conflicto.
La Ley 1448 ha creado, además, una jerarquía de víctimas, en la que el derecho a una reparación depende del momento en que se perpetraron los abusos. Ninguna persona a quien se arrebató la tierra antes de 1991 tiene derecho a que le sea restituida.
“Las viviendas y medios de vida de la gente se convirtieron en objetivo directo en el conflicto entre las fuerzas del Estado y la guerrilla, conflicto que se utilizó como tapadera para promover, consolidar y proteger intereses económicos –ha manifestado Marcelo Pollack– El presidente Santos ha tomado algunas medidas en la buena dirección con la Ley 1448, pero ha llegado ya el momento de que proceda a garantizar que las personas expulsadas de sus tierras pueden regresar a casa y reanudar su vida con seguridad y en paz.”
Información complementaria
El conflicto armado interno de Colombia se ha caracterizado por la comisión sistemática y generalizada de abusos y violaciones de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, secuestros y violencia sexual. Han sido obra de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares, que actuaban solos o en connivencia, así como de la guerrilla.
El informe de Amnistía Internacional se publica en un momento decisivo, en que el gobierno y el principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han entablado conversaciones para poner definitivamente fin al conflicto armado, que dura ya 50 años. La cuestión de las tierras es uno de los principales temas de las negociaciones.
