En un golpe de vista
•En 2013 se registraron 1.505 denuncias de tortura y otros malos tratos en México, un 600 por ciento más que en 2003.
•Según un sondeo llevado a cabo recientemente por Amnistía Internaiconal, el 64 por ciento de la población mexicana teme ser torturada si seencontrara en situación de custodia.
•A partir del año 2006, han aumentado los informes de tortura y otros malos tratos paralelamente a la intensificación de la violencia en México como resultado de la «guerra contra el narcotráfico» del gobierno.
• Los tribunales federales vieron 123 procesos de tortura entre 2005 and 2013; sólo siete de ellos concluyeron con condenas en aplicación de la legislación federal.
• Entre las técnicas de tortura empleadas más habitualmente están la semi-asfixia, las palizas, los simulacros de ejecución, la violencia sexual, las amenzas de muerte y las descargas eléctricas.
“Estuve trabajando para cárteles de la droga y ayudé a colocar un coche bomba que mató a dos agentes de policía”, decía Rogelio mirando directamente a la cámara. Se lo veía con aspecto abatido y contusiones en el cuerpo.
Al cabo de unas horas, una versión del vídeo en el que aparecían Rogelio y cuatro amigos suyos confesando el delito invadía las pantallas de televisión de Ciudad Juárez, localidad situada en el norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos.
Esta ciudad es una de las más violentas del país, notoria por los enfrentamientos brutales entre cárteles de la droga rivales y agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Las autoridades locales se felicitaron por haber capturado a quienes calificaban de miembros de “La Línea”, cártel de la droga local que llevaba años aterrorizando a la gente de la zona. También se los acusó de colocar un coche bomba que había estallado hacía poco en el centro de Ciudad Juárez.
Narcotraficantes entre rejas. Problema resuelto.
Sin embargo, cuando estos hombres ya habían cumplido varios años de condena, salió a la luz la verdadera historia de cómo se hizo el vídeo, y quedó expuesto el espantoso uso de la tortura que impera en México.
Viaje vertiginoso hacia una pesadilla
La pesadilla de Rogelio comenzó la noche del 10 de agosto de 2010.
Estaba conversando con unos amigos en la calle cuando varios agentes de policía estacionaron bruscamente junto a ellos y se bajaron sin decir palabra, empujaron a Rogelio al suelo, le propinaron patadas violentamente y lo metieron junto con sus amigos en una furgoneta.
Una vez en la comisaría de policía, encerraron a Rogelio y a sus amigos en celdas pequeñas donde empezaron los brutales interrogatorios.
“¿Dónde trabajas? ¿Para quién trabajas?”, gritaban los agentes mientras seguían golpeándolo, y apenas le dejaban tiempo para responder.
Le pusieron un trapo en la cara y lo sometieron a un simulacro de ahogamiento al tiempo que vociferaban: “Vas a decir que trabajas para los narcotraficantes. ¿Quién es tu jefe? Tus amigos ya están confesando y te están echando la culpa.”
Los gritos de Rogelio pidiendo ayuda se sumaban a alaridos semejantes que surgían de las otras celdas.
En los días siguientes, los cinco hombres fueron trasladados ilegalmente a diferentes dependencias policiales, donde la tortura no hizo sino aumentar.
A Rogelio le dijeron una y otra vez que matarían a su esposa embarazada y a su hijo si no admitía que integraba un cártel de la droga. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico en varias ocasiones, para simular que lo asfixiaban. Lo golpearon y le propinaron patadas con tanta fuerza que, un año más tarde, todavía se veían 30 marcas y cicatrices en el cuerpo.
“¡Mátenme ya! ¿Qué quieren que haga?”, gritaba Rogelio.
Entonces llevaron la cámara.
Una vez que Rogelio y sus cuatro amigos hubieron “confesado” formar parte de “La Línea”, fueron trasladados a la oficina local de la Procuraduría General de la República, donde tuvieron que firmar una declaración escrita. En aquel momento, el abogado de oficio que estaba presente les dijo que no podía hacer nada.
Mayra, la esposa de Rogelio, que lo había estado buscando durante días, no supo de la detención de su marido hasta que vio su “confesión” por televisión.
“Lo había estado buscando por todos lados, en hospitales, en comisarías, en los bares. Cuando fui a la fiscalía a denunciar su desaparición me avisaron que habían aparecido en la televisión, que los estaban acusando de muchas cosas que, yo sabía, no eran ciertas”, contó Mayra.
Tras pasar 80 días en detención previa al juicio, los cinco hombres comparecieron al fin ante un juez, donde se retractaron de sus confesiones y denunciaron que habían sido torturados.
Fue en vano. Los acusaron formalmente de pertenecer a un grupo delictivo y de poseer armas y drogas, y los encerraron en prisiones federales de alta seguridad alejadas de sus hogares.
Finalmente, los cargos que pesaban contra los cinco acusados se retiraron después de que expertos forenses confirmasen que las confesiones, única prueba contra ellos, habían sido extraídas con tortura.
Desde que hace 30 años entró en vigor la histórica Convención contra la Tortura, está prohibido obtener confesiones mediante tortura. México ratificó la Convención en 1986 y desde 1991 existe una ley federal que prohíbe la tortura.
“Yo siempre les dije que no había participado en lo del coche bomba, pero nos seguían golpeando y torturando. Luego tuve que padecer tres años y siete meses por esa acusación. Tres años y siete meses alejado de mi familia, sintiendo mucha impotencia. Sin poder ver crecer a mis hijos. Fue muy doloroso”, afirmó Rogelio, que ahora es un hombre libre.
La plaga de la tortura
Rogelio, que ahora vive en Ciudad Juárez con su esposa y sus dos hijos pequeños, sigue luchando por superar la tortura que le infligieron.
Su sufrimiento no es en absoluto un caso aislado.
En México, la tortura es como un virus de proporciones epidémicas.
Las fuerzas de seguridad recurren con frecuencia a las palizas, los simulacros de asfixia y los abusos sexuales para castigar a los detenidos u obtener confesiones de ellos. Según un sondeo encargado por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de los mexicanos temen que podrían sufrir tortura si son puestos bajo custodia.
Asimismo, un informe publicado por la organización revelaba que el número de casos denunciados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había aumentado un 600 por ciento entre 2003 y 2013. Y esta institución sólo detecta una pequeña parte de todos los posibles casos de tortura que tienen lugar en el país.
La tortura tiene tal presencia que cualquiera puede ser víctima de ella. Sin embargo, quienes viven en la pobreza o en barrios marginales corren más riesgo porque los agentes de policía y los fiscales tienden a asumir que estas personas disponen de menos recursos para defenderse.
“La policía y los soldados de México están tan desesperados por encontrar a alguien a quien culpar de los delitos cometidos por bandas sin escrúpulos que no parecen pensárselo dos veces a la hora de detener a una persona y extraerle una confesión a toda costa. No parece haber límites”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.
La mayoría de los responsables de infligir o autorizar la tortura nunca comparecen ante la justicia: sólo siete torturadores han sido alguna vez declarados culpables por tribunales federales.
Mientras miles de personas intentan superar las secuelas de la tortura, las autoridades mexicanas dan la espalda a esta plaga.
Debido a las graves deficiencias de las investigaciones emprendidas por los fiscales y por las comisiones de derechos humanos, denuncias bien fundadas acaban en muchos casos por ser desestimadas o por no registrarse. Sobre el papel, México se rige desde hace un decenio por las normas internacionales más estrictas sobre exámenes forenses de presuntas víctimas de tortura. En realidad, los exámenes forenses son por lo general deficientes, sufren demoras, obligan a las víctimas a volver a vivir el trauma y tienen un sesgo contra ellas, como en el caso de Rogelio. Él fue uno de los pocos afortunados que pudo ponerse en contacto con expertos forenses independientes. El informe que éstos realizaron echó por tierra la acusación que pesaba contra Rogelio y sentó las bases de su liberación sin cargos. Por el momento, nadie ha comparecido ante la justicia por haber torturado a Rogelio, que no ha recibido ninguna indemnización.
“Yo estoy retomando mi vida en Ciudad Juárez, con mi familia, en mi trabajo, asistiendo a terapias, para estar lo mejor posible para mi familia. Nunca voy a quedarme callado sobre lo que me pasó. Yo sólo busco que el gobierno reconozca que actuó mal, que se equivocó y que se castigue a las personas que ocasionaron todo este daño”, afirmó.
