Mohamed Ali Snoussi estaba en su casa el 24 de septiembre cuando se presentó la policía.
“Un grupo de agentes de policía irrumpieron en nuestra casa con los rostros cubiertos”, contó su esposa Ahlem a Amnistía Internacional.
“Lo golpearon con palos y le quitaron la ropa interior. Luego lo esposaron y lo sacaron a la calle desnudo. Los agentes decían: ‘Somos de la Brigada 17; mirad lo que somos capaces de hacer.’”
Algunos vecinos que habían presenciado cómo golpeaban a Mohamed en la calle dijeron que la policía los había amenazado cuando intentaron evitarlo.
Según la familia, se llevaron a Mohamed Ali Snoussi de Mellassine, barrio periférico de Túnez, hasta la comisaría de policía de Sijoumi. Nadie sabe con certeza lo que pasó mientras estuvo en prisión preventiva (garde à vue) sin acceso a un abogado; según el derecho tunecino, este periodo de reclusión bajo custodia policial puede durar hasta seis días. Lo cierto es que, poco más de una semana más tarde, Mohamed estaba muerto.
El martes, 15 de octubre, un equipo de investigación de Amnistía Internacional se reunió con los familiares de Mohamed Ali Snoussi y Ali Khemais Louati –otro hombre que ha muerto recientemente bajo custodia en Túnez– y con activistas de la sociedad civil en el exterior de la sede del Ministerio del Interior, en el centro de Túnez.
La sentada estaba organizada por la Organización contra la Tortura en Túnez (OCTT), la Organización Mundial contra la Tortura, Amnistía Internacional y otras organizaciones, para reclamar el fin de la tortura y la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
Radhia Nasraoui, presidenta de la OCTT y abogada que actúa en representación de la familia de Mohamed Ali Snoussi, contó a Amnistía Internacional que Mohamed había sido trasladado al hospital Charles Nicolle de Túnez el 1 de octubre, cuando las autoridades penitenciarias de Mornaguia rechazaron su ingreso ante la gravedad de su estado.
Según documentación del hospital, murió el 3 de octubre a las 5.45 de la mañana y su cadáver fue trasladado a la unidad médica forense para practicarle una autopsia.
Familiares y abogados de Mohamed Ali Snoussi nos contaron que habían visto grandes hematomas en varias partes de su cuerpo, incluidas la nuca, la espalda y las piernas. Sus familiares todavía no han recibido el informe de la autopsia.
En una declaración emitida cinco días después de su muerte, el Ministerio del Interior mencionaba algunos datos del informe forense, según el cual Mohamed había sufrido un “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica” y un “absceso pulmonar”. Según las conclusiones del informe, la causa de la muerte no era violenta.
Se abrió una investigación judicial sobre la muerte de Ali Snoussi. Según sus familiares, se ha contactado con algunos testigos de su detención inicial.
Mohamed, su familia y otras víctimas de tortura merecen justicia. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que la investigación de su muerte sea exhaustiva, imparcial e independiente. Los agentes de policía implicados deben ser suspendidos mientras concluye la investigación, cuyos resultados deben hacerse públicos. Todas las personas que, según la investigación, sean responsables de actos de tortura u otros malos tratos deben ser enjuiciadas.
Los familiares de Ali Khemais Louati reclaman asimismo respuestas sobre su fallecimiento el 23 de septiembre. Ali estaba cumpliendo una pena de tres años de prisión en la cárcel de Borj El Amri, al oeste de Túnez. Según la OCTT, en julio escribieron a las autoridades para avisar de que Ali se quejaba de dolor físico y no lo trataban bien en prisión.
El equipo de investigación de Amnistía Internacional habló también con familiares de Arbi Torkhani, joven que, según ellos, había sido agredido por dos agentes de policía el 13 de octubre.
Explicaron que Arbi Torkhani había sido atacado al volver de la universidad por dos agentes de policía que resultaron ser hermanos de un vecino con el que Arbi había tenido un altercado horas antes. Arbi Torkhani perdió la visión del ojo izquierdo debido a la agresión.
Amnistía Internacional ha recibido otros informes de tortura en semanas anteriores, principalmente de personas detenidas en el contexto de operaciones antiterroristas.
A pesar de que se presentan muchas denuncias y se abren investigaciones, la inmensa mayoría de los participantes en la sentada pensaba que, si no se obliga a las fuerzas de seguridad a rendir cuentas por los abusos cometidos, seguirán actuando como si estuvieran por encima de la ley.
Para romper este círculo vicioso de impunidad, las autoridades tunecinas deben garantizar que se llevan a cabo investigaciones sólidas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos. Los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos deben comparecer ante un tribunal.
Han pasado casi cuatro años desde el derrocamiento del presidente Ben Ali y todavía queda un largo camino por recorrer hasta garantizar la protección de todas las personas frente a la tortura y otros malos tratos en Túnez, derecho proclamado en la nueva Constitución del país. Ante la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, quienes resulten elegidos deberán abordar con carácter prioritario la reforma de las fuerzas de seguridad y los procedimientos de detención, largamente aplazada.
