Amnistía Internacional lleva muchos años investigando y documentando el uso de la tortura en México. El informe más reciente, Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, ofrece datos alarmantes que ponen de manifiesto la magnitud y gravedad del problema. En nuestro informe, concluimos que:
1. La tortura y otros malos tratos están fuera de control en México. En 2013, el número de denuncias (1.505) aumentó en un 600 por ciento con respecto a 2003, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aún así, las cifras reales podrían ser más elevadas.
2. Desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. La CNDH ha manifestado que se ha reducido el número de quejas en 2014. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años.
3. Entre la población, existe un temor generalizado a sufrir tortura. El 64 por ciento de mexicanos y mexicanas tienen miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia, según una reciente encuesta encargada por Amnistía Internacional.
4. Los informes sobre tortura y otros malos tratos aumentaron en México a partir de 2006, a medida que crecía vertiginosamente la violencia como consecuencia de la «guerra contra las drogas» del gobierno.
5. Quienes torturan gozan de una impunidad casi total. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013; tan sólo siete desembocaron en condenas en aplicación de la legislación federal.
6. Los organismos oficiales encargados de registrar las denuncias no cumplen con su deber. Menos del uno por ciento de los casos de víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos casos de tortura, han terminado con una recomendación pública de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El resto de las denuncias siguen sin someterse al escrutinio público.
7. Las personas que detiene la policía pueden permanecer bajo custodia durante periodos prolongados, sin que se presenten cargos en su contra. Entre 2008 y 2013, 8.595 personas permanecieron durante un periodo de hasta 80 días en detención preventiva sin cargos (“arraigo”) en México por orden de la Procuraduría General de la República. Durante ese periodo, las personas detenidas corrían peligro de sufrir tortura. El gobierno ha limitado el uso del arraigo desde 2013, pero no lo ha prohibido.
8. El miedo a la tortura es tan generalizado que las personas detenidas, o sus familiares, recurren a los tribunales para tratar de impedir que las autoridades las sometan a tortura. Entre 2005 y 2013 se presentaron 3.749 peticiones de amparo federal, en las que las personas detenidas solicitaban protección frente a la tortura y otras violaciones de derechos humanos. Se desconoce en cuántos casos se concedió el amparo.
9. A finales de agosto de 2014, las autoridades federales reconocieron que había más de 22.000 personas desaparecidas o en paradero desconocido en México. En algunos casos de desaparición forzada, están implicados funcionarios públicos. Las pocas víctimas de desaparición forzada y sustracción de persona cuyos restos se han hallado mostraban señales de haber sufrido tortura y otros malos tratos
10. Se denuncian sistemáticamente diferentes técnicas de tortura desde diferentes partes del país. Entre ellas figuran la semi-asfixia, palizas, simulacros de ejecución, violencia sexual, amenazas de muerte y descargas eléctricas.
11. En 2003, el procurador general de la República adoptó un procedimiento especial para la realización de exámenes médicos, a fin de documentar presuntos casos de tortura y otros malos tratos. Este procedimiento se basa en el Protocolo de Estambul, una norma reconocida por la ONU para documentar pruebas médicas de tortura. Pese a las miles de denuncias recibidas, sólo se han llevado a cabo 472 exámenes médicos de este tipo.
12. Es habitual que el ministerio público, los peritos médicos y las comisiones de derechos humanos descarten denuncias fundadas de tortura o minimicen su gravedad. Como promedio, sólo una de cada 20 presuntas víctimas de tortura y otros malos tratos que presentan quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son sometidas a un examen forense oficial por la Procuraduría General de la República (la situación es mucho peor en el ámbito estatal).
13. Solamente uno de cada 8 exámenes forenses concluye que existen indicios de tortura. Pero incluso en esos casos, se paralizan las investigaciones poco después. El procurador general de la República sólo presentó cargos en 12 casos de tortura entre 2006 y finales de 2013.
14. En mayo de 2014, tras una visita a México, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó: «Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos”.
