A pesar de varios decepcionantes retrocesos en 2012, continuó la tendencia mundial hacia el fin de la pena de muerte; es la conclusión a la que llega Amnistía Internacional en su examen anual de las condenas a muerte y ejecuciones.
En 2012 se reanudaron las ejecuciones en varios países que llevaban tiempo sin aplicar la pena de muerte –principalmente Gambia, India, Japón y Pakistán– y hubo un alarmante aumento de las ejecuciones en Irak.
Pero la aplicación de la pena capital continúa restringida a un grupo aislado de países, y en todas las regiones del mundo se han observado avances hacia su abolición.
En 2012 sólo se documentaron ejecuciones en 21 países del mundo: un número idéntico al de 2011 pero inferior al de 28 países registrado un decenio antes, en 2003.
En 2012 se tuvo conocimiento de al menos 682 ejecuciones en el mundo, 2 más que en 2011. Se pudieron confirmar al menos otras 1.722 sentencias de muerte dictadas en 58 países, en comparación con las 1.923 dictadas en 63 países el año anterior.
Pero estas cifras no incluyen los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China, que mantiene los datos en secreto.
“El retroceso observado en 2012 en algunos países es decepcionante, pero no invierte la tendencia mundial contra el uso de la pena de muerte. En muchas partes del mundo, las ejecuciones empiezan a ser cosa del pasado”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Sólo uno de cada 10 países del mundo aplica la pena de muerte. Sus mandatarios deberían preguntarse por qué siguen aplicando una pena cruel e inhumana que el resto del mundo ha dejado atrás.”
Una vez más, los cinco Estados que llevaron a cabo mayor número de ejecuciones en el mundo fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irak e Irán.
Los métodos de ejecución aplicados en 2012 incluyeron la horca, la decapitación, el fusilamiento y la inyección letal. En Arabia Saudí se exhibió en una “crucifixión” el cadáver de un hombre ejecutado por decapitación.
Se condenó a muerte a personas por delitos muy diversos, como delitos económicos y relacionados con drogas, pero también por “apostasía”, “blasfemia” y “adulterio”, actos que ni siquiera deberían considerarse delitos.
En la región de Asia y Oceanía hubo algunos retrocesos decepcionantes en 2012, como la reanudación de las ejecuciones en India, Japón y Pakistán tras un largo periodo sin aplicar la pena de muerte.
En noviembre, India llevó a cabo su primera ejecución desde 2004 con el ahorcamiento de Ajmal Kasab, uno de los hombres armados que perpetraron los atentados de 2008 en Bombay (Mumbai).
En Japón se reanudaron las ejecuciones después de un lapso de 20 meses, con la ejecución de tres condenados a muerte en marzo, seguida de la de otros cuatro más adelante en el año.
El número de personas ejecutadas en China volvió a ser superior a la cifra total de ejecuciones en el resto del mundo pero, debido al secreto que rodeaba al uso de pena de muerte en el país, no fue posible obtener datos precisos sobre la aplicación de la pena capital allí.
Pero también hubo algunos avances en la región. Vietnam no ejecutó ninguna condena a muerte, Singapur mantuvo una moratoria de las ejecuciones y Mongolia ratificó un tratado internacional clave por el que el país se comprometía a abolir la pena capital.
La subregión de Oceanía siguió siendo una zona prácticamente libre de la pena de muerte.
Aunque en Oriente Medio y el Norte de África hubo algunos progresos, la aplicación de la pena capital en la región sigue siendo motivo de gran preocupación.
En Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen continuaron los altos índices de aplicación de la pena de muerte; el 99 por ciento de las ejecuciones en la región se realizaron en estos cuatro países.
En, particular, hubo un preocupante incremento del uso de la pena capital en Irak, donde fueron ejecutadas al menos 129 personas, casi el doble que las 68 ejecutadas en 2011.
Irán volvió a ocupar el segundo lugar en cuanto a mayor número de ejecuciones, después de China. Las autoridades reconocieron oficialmente 314 ejecuciones, pero el número real es casi seguro muy superior, ya que se documentaron otras muchas decenas de ejecuciones que no fueron oficialmente reconocidas.
El conflicto en Siria impidió confirmar si se había aplicado la pena de muerte en el país en 2012.
En América, Estados Unidos siguió siendo el único país que aplicaba la pena de muerte; el número total de ejecuciones en 2012 –43– fue idéntico al de 2011, pero sólo 9 estados aplicaron la pena, en comparación con los 13 del año anterior. Connecticut se convirtió en el 17º estado abolicionista en abril, mientras que el referéndum sobre la abolición de la pena de muerte celebrado en California fracasó por un estrecho margen en noviembre.
En el Caribe de habla inglesa siguieron sin llevarse a cabo ejecuciones, pero se documentaron 12 condenas a muerte en 3 de los 12 países de la zona.
En el África subsahariana continuaron los avances hacia la abolición. Benín adoptó medidas legislativas para eliminar las disposiciones pertinentes de su legislación y Ghana tiene previsto abolir la pena de muerte en su nueva Constitución. En Sierra Leona ya no hay ninguna persona condenada a muerte.
Sin embargo, de 2011 a 2012 creció considerablemente el número de ejecuciones y sentencias de muerte dictadas en la región, debido a las cifras más elevadas recibidas de Sudán y Gambia.
En agosto se llevaron a cabo nueve ejecuciones en Gambia, las primeras en el país en casi tres decenios. Tras la protesta internacional, el presidente Jammeh anunció una moratoria “condicional” de las ejecuciones que se “levantaría automáticamente” si aumentaban los índices de delincuencia. En Sudán hubo al menos 19 ejecuciones y 199 condenas a muerte.
Bielorrusia siguió siendo el único país de la región que aplicaba la pena de muerte, y lo hacía en estricto secreto, con la ejecución de al menos tres hombres en 2012.
Letonia se convirtió en el 97º Estado del mundo que abolía la pena capital para todos los delitos tras eliminar de su legislación los últimos delitos punibles con la muerte en 2012.
Un argumento frecuentemente utilizado por los defensores de la pena capital es su efecto disuasorio frente al delito. Pero un importante estudio realizado en Estados Unidos en 2012 concluyó que no debía esgrimirse el argumento del efecto disuasorio para justificar el uso de la pena de muerte.
“Los gobiernos que siguen aplicando la pena de muerte se han quedado sin argumentos para justificarse. No está demostrado en modo alguno que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente al delito”, ha afirmado Shetty.
“La verdadera razón del uso de la pena de muerte suele encontrarse en otro sitio. En 2012 volvimos a expresar honda preocupación por lo que parecían ejecuciones con fines políticos en algunos países, como medida populista o directamente como instrumento de represión.”
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la máxima pena cruel, inhumana y degradante.
Nota a periodistas o editores:
Susana Rodríguez Charines
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