En el día que se celebra un año más de la histórica adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Amnistía Internacional Paraguay analiza la situación de derechos humanos en el país y manifiesta su preocupación por los pocos avances registrados en este 2019.
“Este 2019, persistieron la discriminación y la violencia contra personas LGBTI[1], la criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos, desalojos violentos de comunidades indígenas, las preocupaciones sobre la independencia judicial y la falta de voluntad para investigar denuncias de acoso sexual”, señaló la Doctora María Teresa Añazco Barudi, Presidenta de Amnistía Internacional Paraguay.
Casos como el de Belén Whittingslow y el juez Emiliano Rolón ilustraron este año graves preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial en Paraguay. En el primero, la denuncia por acoso sexual de una alumna contra su profesor que fue desestimada hace unos años sin analizar en profundidad las pruebas, sigue teniendo consecuencias judiciales sobre ella, mientras en el segundo, un juez fue sancionado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tras disponer la libertad de personas campesinas injustamente condenadas por el caso Curuguaty y señalar vicios en el proceso.
Amnistía Internacional Paraguay ha monitorizado varios casos de comunidades indígenas, abogando por sus derechos. En el primer semestre ha registrado el ingreso de individuos armados en las tierras de la comunidad Ysati “3 de Julio” del distrito Itakyry, destruyendo las pertenencias de los miembros de la comunidad y produciendo su desplazamiento forzoso. Hasta el momento, la causa abierta por el Ministerio Público no registra avances sustanciales. La situación de esta comunidad fue íntegramente analizada y puesta a consideración del Estado en el informe de la institución “Una receta para criminalizar”.
También el caso de la comunidad indígena Tekoha Sauce fue recogido en dicho informe advirtiéndose a las autoridades sobre las condiciones en la que ésta se encontraba. Sin embargo, la empresa hidroeléctrica estatal Itaipú Binacional ha promovido durante este 2019 una acción de desalojo contra la misma que sigue tramitándose ante instancia judicial. Al desalojar a esta comunidad sin su consentimiento, el Estado paraguayo estaría violando sus derechos humanos.
Como registro positivo señalamos la absolución del joven activista Ernesto Ojeda y, en cuanto a derechos indígenas, se señala la sanción del proyecto de ley que permitirá a la comunidad Yakye Axa acceder a sus tierras, adquiridas en el 2012 en cumplimiento de la primera sentencia en materia territorial indígena impuesta al Paraguay (2005).
“Celebramos la promulgación de la Ley N° 6465 ,que permitirá que la comunidad indígena Yakye Axa llegue a su casa y poder reconstruir sus vidas», señaló Añazco Barudi.
La organización también señala su profunda preocupación por la discriminación hacia personas LGTBI, que adquirió su máxima expresión en el 2019 con los hechos de agresión verbal y física hacia quienes en la Ciudad de Hernandarias, en septiembre pasado, se encontraban realizando una marcha pacífica. Amnistía Internacional Paraguay sostiene que estos hechos se dieron en el marco de la Resolución 3076/19 emitida por el Intendente de dicha ciudad, por lo que, junto al equipo de activistas denominado Diversxs presentó una acción de inconstitucionalidad.
“Estos hechos no pueden quedar en la impunidad pero sobre todo no pueden repetirse. Las autoridades deben comprender que en sus manos está la promoción de derechos humanos para todos y todas”, señaló Amnistía Internacional.
“Como corolario de un año de desastres ambientales como los vividos en Paraguay se suma la preocupación desde los últimos días por el retiro del proyecto que pretendía ratificar el Acuerdo de Escazú tan necesario para el país, para el acceso a la información y defensa de derechos humanos en el ámbito ambiental”, agregó.
“Sólo esperamos que
esta decisión sea rectificada y que el Estado se aboque a brindar mayores
herramientas de protección a quienes defienden el medio ambiente”, concluyó.Amnistía
Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que
trabajan por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus
derechos humanos.
[1] Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex.
